Por: Duván Idarraga
Por estos días se discute en el Congreso de la República una modificación al esquema de transferencias que realiza el gobierno central a las regiones, a través del Sistema de General de Participaciones (S G P).
Si hay algo que se quejan políticos, economistas y analistas en general es del exceso de centralismo que tiene actualmente Colombia. El poder del gobierno central y todo lo que eso implica es una observación recurrente; siempre se ha propendido por una mayor autonomía regional.
Por eso, inicialmente, la propuesta puede sonar interesante y muy favorable; atiende parte de esas inquietudes que se han planteado a lo largo del tiempo. No obstante, hay algunos elementos que se deberían considerar frente a la iniciativa. Una de ellas, la más delicada, la situación fiscal del país; tema que en repetidas ocasiones he mencionado como uno de los aspectos más inquietantes actualmente; situación agravada durante el gobierno en curso.
Lo primero que se debe recordar es que en los dos años de gobierno Petro, el déficit fiscal se ha aumentado de manera descontrolada; para el 2024 es prácticamente un hecho que no se va a cumplir la regla fiscal (los ingresos han caído, no se cumple la meta de recaudo además que quedaron inflados, como he escrito en columnas anteriores.
Eso sí, los gastos se han disparado y de manera considerable: Del 2022 al 2025 -lo contemplado en el presupuesto para este año- los gastos de funcionamiento han subido más del 50%).
Para el 2025 todo esto tiende a agravarse. Esta situación es la que ha motivado los planteamientos del gobierno actual de una modificación a la regla fiscal; como los estudiantes malos, pide ajustar el esquema de seguimiento en lugar de mejorar su gestión.
En la compleja situación fiscal actual, aumentar los recursos que el gobierno central entrega las regiones resultaría bastante inquietante. Sobre este aspecto han reaccionado expertos; incluso, se ha mencionado que una de las causas de la disparada del dólar de los recientes días tiene que ver, entre otras cosas, con el impacto que tendría en las finanzas públicas que esta propuesta sea aprobada por el Congreso.
El mercado sabe lo que eso significaría en términos de déficit fiscal y reacciona aumentando la expectativa de riesgo e incertidumbre, lo que ha repercutido en una mayor devaluación del peso frente al dólar (el viernes cerró en $4.414, recordemos que en junio 19 del 2022, fecha de elección del presidente actual, estaba en $3.905; para agosto 7 de 2022, fecha de su posesión, estaba en $4.337).
Sobre el tema del déficit fiscal, considero importante mencionar que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) estima que el déficit fiscal para el 2024 sea del 5.6% del PIB, «principalmente por la incertidumbre en los ingresos tributarios y las presiones de gasto…
El CARF encuentra riesgos en las proyecciones de ingresos de 2024 y 2025, debido a la menor dinámica del recaudo tributario y a la alta expectativa del gobierno sobre los resultados de gestión de la DIAN». Expresó en su comunicado No 11 de octubre 24 pasado.
También considero importante mencionar lo expresado por la Presidente del C A R F respecto al proyecto de acto legislativo que incrementa los recursos de las transferencias del gobierno central. Para el comité, “el proyecto de acto legislativo incrementa los riesgos de la sostenibilidad fiscal…
Al proponer un incremento de las transferencias a las entidades territoriales hasta el 46.5% de los ingresos corrientes nacionales en 2036 genera varios problemas: Incremento insostenible del gasto; se requerirán esfuerzos tributarios muy altos; hay riesgo para la regla fiscal; afectación a la inversión nacional; la redistribución de competencias se deja para una discusión posterior, manteniendo un marco rígido del porcentaje de transferencias».
Es totalmente claro qué para el CARF, el proyecto genera muchas inquietudes en materia fiscal, aumentaría la presión deficitaria con las consecuencias negativas para las finanzas públicas, por ende para la calificación de riesgo del país y el encarecimiento de la deuda que ello implicaría.
Otro de las críticas a la modificación en curso, es el hecho de que no es claro cuáles de las funciones actuales y competencias que tiene el gobierno central van a ser transferidas a las regiones para evitar precisamente que ese impacto fiscal no sea tan desbordado.
Adicionalmente, como he mencionado en columnas anteriores, el crecimiento desbordado del tamaño del Estado, de la burocracia (12.000 cargos para la DIAN, 1.000 cargos para la UNP, creación Ministerio de la Igualdad con más de 800 cargos y $1.3 billones de presupuesto, gran parte de funcionamiento, entre otros) y de la corrupción en estos dos años de gobierno, son factores que han contribuido al déficit fiscal.
Es altamente posible que con esta modificación se repita el error de la creación del Ministerio para Francia Márquez, se entregaron funciones que ya estaban en otras dependencias, pero no se trasladaron funcionarios, se aumentó la planta y en muchos casos se generaron duplicidad de funciones y actividades con un altísimo costo para el erario. Por otro lado, además del impacto fiscal que sin duda tendría, también es importante mencionar lo que desde el punto de vista político significa:
Al haber más recursos en las regiones, los mandatarios locales adquieren más poder; igualmente, es altamente probable que se dilapiden los recursos públicos, que se aumente la corrupción, que se construyan grandes elefantes blancos (obras inservibles) y que inventen todo tipo de programas y obras para hacerse de manera irregular a los recursos del erario.
En conclusión, considero que esta modificación al esquema de transferencias puede implicar grandes riesgos para las finanzas públicas del país, sin dejar de mencionar que es altamente posible que los niveles de corrupción, de por sí desbordados en el esquema y gobierno actual, tiendan a aumentarse de manera desproporcionada.
Ver a tantos políticos felices y apoyando la iniciativa, no es un buen augurio; lastimosamente, muchos de ellos están pensando con el deseo de obtener beneficios personales si se da esa aprobación. Nota 1: El Senado aprobó la iniciativa sobre la que escribo y decidió que el monto de las trasferencias pase del 24% al 39.5% (no el 46.5% inicial), con un periodo de transición de 12 años.
Habrá que esperar que modificaciones pueden realizarse en plenaria de la Cámara. Nota 2: Destacable la decisión tomada por la Junta Directiva del Banco de la República en su reciente reunión, donde la tasa de interés fue reducida en 50 puntos básicos, quedando en el 9.75%. Después de dos años la tasa vuelve a ser de un dígito.
Sin duda, una gran noticia para la reactivación económica ya que se espera que de manera simultánea las tasas de interés de los intermediarios financieros también tengan reducciones importantes, beneficiando la inversión y el consumo en el país.
