Por: El Expediente
El proceso de elección del próximo Contralor General de la Nación, que corresponde al Congreso de la República, avanza en medio de señalamientos periodísticos y judiciales que pesan sobre varios de los aspirantes a esa cartera de control fiscal. El Expediente revisó los cuestionamientos documentados sobre seis de los candidatos, con base en investigaciones previamente publicadas por otros medios y en procesos judiciales de conocimiento público.
Jorge Eliécer Laverde
Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado, fue vinculado por el portal Voragine con el senador Mario Castaño, capturado por liderar una red nacional de corrupción, señalando que el apellido de Laverde aparece mencionado en el expediente judicial del caso. Laverde ha negado públicamente cualquier cercanía con Castaño. La misma investigación señaló posibles conflictos de interés: un contrato otorgado a un amigo cercano suyo bajo su supervisión en la Comisión Sexta, y la contratación de su esposa como asesora en el Ministerio de las TIC, en momentos en que esa comisión ejercía control político sobre asuntos de tecnología, incluido el caso Centros Poblados.
El Tiempo reportó además que la senadora María José Pizarro dio a conocer una denuncia anónima de presunto acoso sexual y laboral contra Laverde. Consultado por ese medio, Laverde rechazó la acusación, solicitó que las autoridades competentes investigaran el caso y sostuvo que no incurrió en ninguna conducta inapropiada.
Ana Elena Monsalvo Herrera
Monsalvo, actual pareja sentimental del contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga, llegó a la Contraloría General en 2022 respaldada por Andrés Castro —otro de los aspirantes al cargo—, de cuya campaña electoral fue jefe. La Fundación Paz y Reconciliación (Pares), en su informe de 2023 «El Clan Gnecco: el poder que somete a un departamento», la señaló como una figura vinculada a la administración de negocios familiares en el Cesar, en momentos en que uno de sus hermanos enfrenta condenas penales por el desvío de recursos del Programa de Alimentación Escolar en ese departamento.
Su relación sentimental con el contralor de Bogotá plantea, además, una pregunta de interés público distinta a la anterior: el artículo 126 de la Constitución Política prohíbe a los servidores públicos nombrar, en ejercicio de sus funciones, a personas con las que tengan una unión permanente, como mecanismo para prevenir conflictos de interés. La jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, que confirmó la anulación del nombramiento de Verónica Alcocer como embajadora ante el Vaticano por una situación similar, ilustra cómo esta clase de vínculos puede tener consecuencias jurídicas concretas cuando no se declaran adecuadamente.
Carlos Mario Zuluaga
Exviceconralor y descrito como amigo cercano del actual Contralor General, Zuluaga fue objeto de la investigación de 2023 del medio CasaMacondo, titulada «Mentiras, atajos y omisiones: el prontuario del contralor general Carlos Mario Zuluaga». Según ese reportaje, Zuluaga habría presentado ante el Estado una especialización de la Universidad de Pittsburgh que la propia institución estadounidense no reconoció como válida, y su título de abogado, otorgado por una institución universitaria colombiana, también fue cuestionado por el medio investigativo. La misma investigación afirma que, durante su gestión, se eliminaron siete hallazgos fiscales de una auditoría por miles de millones de pesos, en un periodo en el que la entidad auditada contrató simultáneamente a la pareja y a la expareja de Zuluaga.
Zuluaga enfrenta además un proceso penal en el que, según se desprende del propio expediente, denunció que terceros estarían ofreciendo dinero a testigos para que declararan falsamente en su contra por presuntos hechos de acoso, con el fin de generar un escándalo público. En un segundo proceso, Zuluaga es señalado por el medio CasaMacondo de haber ejercido acciones judiciales en su contra, en lo que el propio medio describió como una forma de presión hacia su trabajo periodístico.
Pedro Alonso Sanabria Buitrago
De los seis aspirantes revisados, Sanabria concentra el historial de señalamientos más antiguo y más grave. En 2013, el periodista Daniel Coronell documentó en su columna «Pedro el Grande» el llamado «carrusel de las pensiones», un esquema en el que, según esa investigación, se habrían asignado cargos a cambio de inflar pensiones millonarias con cargo a recursos públicos. Sanabria permaneció después varios años en el Consejo Superior de la Judicatura pese a cuestionamientos sobre la legalidad de su permanencia en el cargo.
En abril de 2026, Infobae publicó una investigación titulada «El candidato a Contralor denunciado por acoso sexual y laboral», más tarde retomada por El Tiempo, en la que se documentó una denuncia de presunto acoso contra Sanabria por parte de subalternas durante su paso por la Rama Judicial. Se trata, hasta el momento, de una denuncia periodísticamente documentada, sin que conste una decisión judicial en firme sobre el fondo del asunto.
Andrés Castro
Castro es señalado como cuota política del procurador general Gregorio Eljach, lo que ha generado cuestionamientos sobre la concentración de poder institucional si su candidatura prospera, dado que sería el propio Ministerio Público el que terminaría con influencia directa sobre el organismo de control fiscal. Al igual que en el caso de Monsalvo, su relación sentimental con una funcionaria de la Personería de Bogotá —donde ella ejerce actualmente como personera auxiliar— plantea la misma pregunta sobre una eventual causal de inhabilidad no declarada, en los términos del artículo 126 de la Constitución ya referido. Ninguno de los señalamientos aquí reseñados cuenta, hasta la fecha, con una decisión judicial definitiva en contra de los aspirantes mencionados. Se trata, en todos los casos, de denuncias, investigaciones periodísticas o procesos en curso, cuyo desenlace corresponde establecer a las autoridades competentes
