Por: Saúl Hernández Bolívar
Las concentraciones y marchas deben prohibirse y disolverse antes de que tomen fuerza, cuando hay suficientes indicios de que se producirán graves alteraciones del orden público.
El lunes de la semana anterior hubo protestas en toda España por el asesinato de un homosexual de nombre Samuel Luiz, en pleno marco de las fiestas del ‘orgullo gay’. Un lamentable crimen de odio que generó una gran indignación. Pero lo que debería llamarnos la atención a los colombianos es lo que pasó cuando unos cuatro mil manifestantes de colectivos LGTBI se tomaron los alrededores de la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid, para protestar por la muerte de su amigo.
Hacia las nueve de la noche, más de mil personas practicaron una ‘sentada’ en plena calle y provocaron ‘corte de tráfico’ en la Gran Vía y la calle San Bernardo, frente al Ministerio de Justicia, por cerca de 40 interminables minutos, mientras la Policía les pedía que se disolvieran sin obtener respuesta positiva. No faltó el grupo de desadaptados que empezó a arrojarles cosas a los agentes, aunque, valga decirlo, no hubo destrucción alguna en edificaciones, vehículos o mobiliario urbano.
Después de las once, la Policía advirtió con megáfonos que hacía el último llamado para que la protesta se disolviera, a lo que nadie se inmutó. Tras unos pocos minutos de espera, apareció en escena el escuadrón antidisturbios y, sin miramiento alguno, disolvió la manifestación en segundos repartiendo bolillo a diestra y siniestra. Y sanseacabó. Obviamente, no faltaron las críticas por un supuesto exceso de fuerza al cargar ‘desproporcionadamente’ contra la multitud, pero de ahí no pasó.
Sin duda, no es lo mismo controlar a unos centenares de personas pacíficas que a varios miles de salvajes radicalizados, entrenados en tácticas de terrorismo urbano, que tienen como objetivo destruir el status quo y sembrar el caos para parir un engendro marxista. Sin embargo, no se puede pasar por alto la comparación por dolorosa que sea: allá bastaron 40 apacibles minutos para decidir que ese ‘corte de vías’ era inaceptable y que, por lo tanto, la manifestación se tenía que disgregar. Aquí pasaron 40 días antes de que el Gobierno se decidiera a levantar los bloqueos que tenían paralizada la economía y secuestrada y atemorizada a toda la sociedad.
Es cierto que una protesta genera de manera inevitable cierto grado de perturbación pues es lógico que se corte la circulación de una vía mientras pasan los manifestantes. No obstante, esa perturbación hay que medirla en minutos, no en horas ni en días. Y cierto grado de destrucción podría ser también pasable, entendiendo esta como la aparición de grafitis, la ruptura de algunas ventanas o de avisos comerciales, el daño de un semáforo, una señal de tránsito o una caneca de basura. No más. Que la turba destruya todo a su paso es inaceptable, y no solo debe impedirse sino evitarse. Y eso sin hablar de terrorismo urbano, cuando llegan los encapuchados cargados de bombas papa y cocteles molotov. Por eso, las concentraciones y marchas deben prohibirse y disolverse antes de que tomen fuerza, cuando hay suficientes indicios de que se producirán graves alteraciones del orden público.
Las observaciones sesgadas y las recomendaciones perjudiciales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un ente de la izquierda continental del que Colombia debería apartarse cuanto antes, no merecen la menor atención. Valdría la pena, al menos, plantear la ejecución de un experimento de eso que llaman ahora ingeniería social para demostrar que los bloqueos —prohibidos expresamente por la ley— no pueden hacer parte de las protestas, como tampoco las otras muestras de violencia, como atacar policías, quemar alcaldías y otros edificios públicos, destruir buses, arrasar bancos y almacenes, etc.
¿Qué tal si se bloquea el ingreso a las casas de algunos dirigentes del paro, de terroristas de ‘primera línea’ o de políticos y periodistas que han apoyado esta insurrección? ¿Qué tal si se les impide a los habitantes de esas casas salir a trabajar o a estudiar? ¿Y si no se les permite el ingreso de domicilios ni de asistencia médica, por ejemplo? ¿Qué pasaría si, además, les cortamos los servicios públicos, agua, luz, teléfono, gas…? ¿Cuánto durarían? ¿Seguirían defendiendo los bloqueos? ¿Y si alguien le mete candela al hotel del libretista Bolívar como ocurrió con un hotel en Cali? ¿Y si alguien le destruye la lujosa camioneta a la famosa Epa Colombia así como ella destruyó estaciones de Transmilenio y ni un centavo pagó?
Nadie escarmienta en cuerpo ajeno y con los bandidos hay que utilizar sus mismos métodos para que entiendan que no se les puede hacer a otros lo que no quieren para sí mismos. ¿Les gustan las marchas y las protestas? Seguro que no les gustan cuando son en Cuba, Venezuela o Nicaragua, donde las reprimen en un abrir y cerrar de ojos. Estamos advertidos de una asonada monumental para el próximo 20 de julio. Veremos si las autoridades se pusieron firmes con antelación para desactivar esta amenaza o si le van a dar gusto a la CIDH. Que el presidente Duque no vaya a ser inferior a sus palabras: «Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad».
EN EL TINTERO: Ojalá se esclarezca pronto la participación de militares colombianos en retiro, en el asesinato del presidente de Haití. Nadie comete semejante magnicidio sin tener un plan de fuga ni una simple coartada. Los colombianos parecen fungir de chivos expiatorios de un crimen cometido por otros. Ya veremos.
@SaulHernandezB
