Por: José Félix Lafaurie Rivera
¿Qué pasaría si un colombiano del común, exaltado por las razones que sean, decide agredir a un policía o a un militar, quitarle su arma y secuestrarlo?
Pues le caerá el peso de la ley, no solo por la gravedad del delito –secuestro, para empezar-, sino porque la agresión a la Fuerza Pública por parte de civiles “no delincuentes” es -o era, más bien-, un impensable al que no nos atreveríamos; algo que, lamentablemente, ha cambiado, como lo vemos en las marchas vandálicas, en las asonadas contra la policía y en las protestas indígenas, en las que parece legítimo agredir salvajemente a la autoridad.
Mientras usted o yo, o el vándalo, estamos sometidos a esa autoridad por la renuncia que hacemos de nuestra libertad en favor de quienes “nos gobiernan”, los indígenas no sienten tal sometimiento, porque el garantismo de nuestra democracia, exacerbado en la Constitución de 1991, no solo les reconoce sus propias “autoridades”, sino también su propia justicia.
Es larga la historia de agresiones indígenas contra la autoridad y la sociedad en general. El país recuerda la humillación a 100 soldados en el cerro Berlín en 2012, el machete al cuello de un policía en 2018, las tomas violentas de la Panamericana, la minga de 2019, que sumó muertos a la pandemia -quién lo duda- o el ataque a la propiedad privada –incendios y destrucción de cultivos- que justifican con el cuento de “la liberación de la madre tierra”.
Ayer nomás, “con machete y cuchillo” fueron desarmados y secuestrados nueve militares por unos indígenas que además los golpearon con sus “pacíficos bastones”. ¿Qué les pasa? Nada. Tienen su propia justicia. Y ¡Ay de que les pase!, porque caerán encima la izquierda, el centro, la ONU, la CIDH y hasta Vivanco de HRW.
Curiosa doble moral: acusan al Gobierno de no protegerlos, pero agreden a quienes van a protegerlos. Se esconden en su justicia de “latigazos”, pero cuando funciona por excepción, corren a exigir en la ordinaria. La Corte Constitucional acaba de anular la condena por feminicidio impuesta por la justicia indígena a dos embera katío. Al fin qué. ¿Hasta cuándo seguirán siendo colombianos diferentes, sujetos de derechos y no de deberes?
N.B.: 1. Cepeda: mal perdedor. Si todos demandamos penalmente al juez que no nos da la razón, la justicia andaría aun peor. 2. Claudia tolera violencia callejera, mingas y fiestas futboleras, pero no gusta de procesiones religiosas solemnes, ordenadas y silenciosas. 3. La ONU, instigada por la izquierda, arremete contra la aspersión aérea pero calla frente al narcotráfico. 4. ¿Habrá que preguntarles a los narcoterroristas si tienen menores reclutados, antes de usar la fuerza legítima del Estado? 5. Solidaridad con Claudia Gurisatti, Vicky Dávila y el presidente Duque, amenazados de muerte por el bandido que defiende el mal perdedor de mi primera nota.
