Por: Duván Idarraga
Todo indica que el nuevo gobierno se ha empecinado en golpear de manera considerable al sistema económico colombiano; no de otra manera se puede interpreter lo que viene sucediendo desde su posesión el pasado 7 de Agosto. Una tras otra, las decisiones adoptadas y los anuncios presentados, han tenido impacto negativo en la economía del país.
Primero fueron sus anuncios en contra de la industria de los hidrocarburos y el carbón que, como he comentado en columnas anteriores, han impactado directa y considerablemente en la devaluación del peso colombiano ante las señales de alerta y riesgo que el mercado y los inversionistas sienten; al dispararse el precio del dolar frente al peso colombiano se incrementa directamente el monto de la deuda externa y de las erogaciones que el país debe hacer para atender sus compromisos; adicionalmente, el impacto directo en la inflación al incrementar el costo de los productos importados. Devaluación e inflación han tenido repercusiones absolutamente negativas en la economía del país.
Nuestra economía no había superado el impacto de estas dos variables cuando el gobierno, gracias a sus aplastantes mayorías en el Congreso, logró que fuera aprobada su reforma tributaria. Como igualmente he escrito, una reforma inconveniente e innecesaria en virtud del excelente recaudo tributario del año 2022 (como resultado del crecimiento del PIB del 2021 y por supuesto los magníficos resultados de la mayoría de las empresas en su ejercicio financiero de ese año) y los cuantiosos recursos que aporta ECOPETROL a las finanzas del país fruto de sus notables utilidades en lo corrido del año. Contra las opiniones de expertos, el clamor de los gremios y las voces de medianas y pequeñas empresas así como de la clase media y de los colombianos en general, la reforma pasó y se implementará a partir del 1º de enero de 2023.
Menciono algunas de las perversas decisiones de esta reforma:
• Se ensañaron con las empresas petroleras, ratificando la aversión del nuevo presidente contra este sector; les aplicaron sobre tasa en el impuesto de renta del 15% y la no deducibilidad de las regalías. Dos acciones que sin duda afectaran el interés en realizar inversiones en este sector con graves consecuencias en el mediano plazo para la soberanía energética del país.
• Impuesto a gran cantidad de alimentos de consumo masivo, esto conllevará al incremento de precios y por ende a aumentar (aún más) la inflación; por supuesto esto afectará de manera considerable a los colombianos de menores ingresos. Pensar que muchos de ellos votaron por el candidato Petro porque decía que a los alimentos no le pondría impuestos.
• La eliminación del descuento del 50% del ICA, algo que se había logrado en la reforma tributaria del anterior gobierno; implicará que las empresas y contribuyentes que lo pagan no podrán descontarlo.
• Incremento del impuesto por ganancia ocasional que pasa del 5 al 15%; esto afectará especialmente al mercado inmobiliario.
Aunque parezca extraño y se pueda considerar como una burla; el Ministro de Hacienda Jose A Ocampo, que hace unos días cuestionaba a los empresarios colombianos por supuestamente no pagar los impuestos que deberían, en entrevista reciente reconoció que la carga impositiva era muy alta y que en una próxima reforma se debería disminuir la tasa de impuesto de renta. Sin comentarios.
Nuevamente, mientras el país y todos los actores del sistema económico pasaban el trago amargo de la reforma tributaria; el gobierno anunció su reforma pensional, cuyo eje principal es acabar con los ahorros individuales que casi 18 millones de colombianos tienen en las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP y trasladarlos al presupuesto nacional; igualmente a obligar a que los aportantes de hasta cuatro salarios mínimos lo hagan en Colpensiones. Su principal argumento es que se requiere financiar el subsidio de medio salario mínimo mensual ($500.000 para el 2022) a los adultos mayores que no han podido pensionarse.
De entrada, un loable propósito, pero financiera y económicamente de un enorme peligro para las finanzas del país por dos aspectos: En el mediano y largo plazo no es financiable, si se dedican grandes erogaciones a la atención de estos pagos (se estiman en 3 millones los beneficiarios, es decir, $18 billones por año) no habrá presupuesto que aguante. El Estado no puede incrementar subsidios en esta cantidad y por estos valores sin una fuente clara de financiación.
Por otro lado los Fondos Privados de Pensiones, por ley, deben realizar inversiones de los recursos que manejan de los millones de colombianos afiliados con máximo niveles de seguridad y muy bajo riesgo. Para ello, nada mejor que invertir en papeles del Estado colombiano. En la actualidad, estas entidades manejan una cifra cercana a los $116 billones en títulos de deuda (TES), lo que representa el 26% del saldo total.
Al trasladar los $380 billones que manejan al presupuesto de la nación, no habrá una parte importante de inversionistas que adquieran papeles de deuda del gobierno. ¿Cómo piensan reemplazarlos? Dirán que en el mercado internacional, con la gran incertidumbre que percibe en las acciones y decisiones del nuevo gobierno, difícilmente tendrán interés en adquirir esta inversiones; o si lo hacen, la prima se riesgo será aun mas alta de lo actual.
Por donde se mire, las mayores erogaciones con cargo al presupuesto del nuevo subsidio; o la pérdida de estos inversionistas institucionales que adquieren parte importante de los papeles de deuda pública del Estado, son catastróficas para las finanzas públicas. Como referencia, menciono que en Argentina, en 2008, siendo presidente Cristina Fernandez de Kirchner, se tomó una decisión similar; se confiscaron los saldos de las cuentas de los Fondos Privados de Pensiones y los trasladaron al presupuesto del Estado, finalmente a los pensionados les redujeron sus mesadas.
Resulta paradójico que Rudolf Hommes, uno de los impulsadores de la creación en Colombia de los Fondos Privados de Pensiones, cuestione con toda la razón esta reforma pensional del nuevo gobierno; lo digo porque él fue uno de los que impulsó y apoyó al actual presidente, quien en campaña ya anunciaba estas propuestas. Todo indica que el nuevo gobierno quiere destruir todo lo bueno que tiene el país; para ello está dando contundentes y muy seguidos golpes al sistema económico que venía reponiéndose en 2021 y el primer semestre de 2022 de la crisis generada por la pandemia; esperemos que por el bien de Colombia tenga la fortaleza de soportarlos.
