Por: Paloma Valencia
Es innegable que el Estado colombiano tiene salarios que son demasiado altos, como los de congresistas, magistrados, procuradores, contralores, delegados, presidentes de agencias, entre otros. Siempre me ha parecido extraño que un país con población en pobreza, prefiera gastar sus recursos en nómina.
Si queremos bajar esos salarios, lo primero es decir que no podemos ser banales y demagógicos como muchos políticos oportunistas lo han sido.
Quiero resaltar que el Centro Democrático fue el primero en hablar de la disminución del salario de los congresistas. Luego, otras fuerzas entraron en el debate, como los verdes. El primer proyecto para congelar el salario lo radicó el CD, esa es una prueba inequívoca. Lo hicimos como congelamiento porque, luego del análisis jurídico, era la única fórmula viable que encontramos.
Si bien la prohibición de bajar el salario está consagrada en el Código Laboral, en Colombia, según la interpretación de la Corte Constitucional, esta es parte de los tratados de la OIT que protegen el salario. Los caminos para hacer disminuciones salariales en nuestro país han sido difíciles y han requerido el acuerdo expreso del trabajador.
Una ley que baje los salarios plantea varios problemas: ¿Hay un derecho adquirido de quienes lo devengan? Tengo la interpretación que esa ley podría ser considerada inconstitucional. Es más, las demandas laborales reclamando el salario completo (con el que fueron elegidos o nombrados) tendrían buenas posibilidades de ganarse.
Si la reducción se hace sólo hacia el futuro, resolvería el asunto para el caso de los congresistas, pero ¿cómo se regularía el tema frente a magistrados que entraron en una época y los que entraría posteriormente con menos salario? Terminaríamos perdiendo demandas, de las que está llena la jurisprudencia colombiana, que protegen el derecho a la igualdad con el principio de a trabajo igual, salario igual.
El congelamiento daba como resultado una disminución real, paulatina y definitiva. No era perfecto, pero era viable.
Durante la pandemia en nuestro partido surgió la idea de un impuesto sobre los altos salarios. Venía a ser la concreción de nuestra preocupación en torno al exceso salarial, y del deseo de que el Gobierno tuviera más recursos para invertir en la reactivación y la salud. Propusimos un impuesto sobre todos los salarios altos del Estado. El gobierno expidió el decreto 568 creando el impuesto solidario del 20% de los más altos salarios y del 10% para salarios altos. Era una solución efectiva y justificada. La Corte Constitucional consideró que era inconstitucional porque solo cubría a empleados públicos y no privados y lo derogó. No comparto el argumento.
Surgió luego la idea de que los llamados “gastos de representación” no tenían ese inconveniente pues no eran constitutivos del salario. El argumento es falso, los congresistas, los magistrados –que también tienen gastos de representación, los ministros y muchos funcionarios- cotizan la seguridad social sobre ellos, y se les retienen como un ingreso laboral. Así que lo que se llama “gastos de representación” en la practica no existe, son salario, y por lo tanto, sujetos a la prohibición descrita.
Nuestra propuesta ahora es incluir el impuesto por ley y bajar todos los altos salarios del sector público. La Corte al impedir hacer diferencias entre el sector público y el privado creó un pésimo precedente, pero no será obstáculo para que avancemos. Lo presentaremos con el Gobierno con la certeza de que es necesario. Ya lo hicimos, fue la Corte quien lo derogó. Espero que quede claro quienes son los farsantes. Los del CD hemos hecho mucho, no por moda mediática, sino por convicción. Feliz 2021 para todos.
