La gente no da más. Los empresarios que no colapsaron, esperan el 2021 con algo de expectativa. No sabemos a ciencia cierta si el próximo año será el de la recuperación o, si por el contrario, será aún más riguroso que este. No son pocos los expertos que aseguran que el primer trimestre del año venidero será sumamente duro por cuenta del posible rebrote del virus causado por el frío de la temporada invernal. Todo es incertidumbre e inseguridad. Y en ese escenario, me preocupan las señales que apuntan a que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla está pensando en una reforma tributaria cuyo objetivo es el de imponer nuevos gravámenes.
He dicho en este espacio que la reactivación económica empieza por la reducción o eliminación de impuestos, con el fin de darle oxígeno a los empresarios que están abocados a empezar de ceros. Igualmente, se hace urgente estimular a los consumidores. Los ‘días sin IVA’ fueron jornadas exitosísimas en las que millones de colombianos adquirieron productos que por cuenta del impuesto, eran imposibles de alcanzar.
Entiendo que es utópico pensar en la eliminación del IVA, lo que no impide estudiar la posibilidad de reducirlo. Colombia es de los países con el impuesto al valor agregado más alto del mundo. Juan Manuel Santos, que como candidato presidencial aseguró que escribía sobre una piedra que no subiría las tarifas ni crearía nuevos impuestos, llevó el IVA a 19%. Lo primero que debe ser descartado de plano, es la imposición del IVA a toda la canasta familiar. De hacerlo, se estaría golpeando letalmente a millones de colombianos que hacen parte de la franja con menos recursos.
Tengo entendido que hace pocos días, un autodenominado ‘panel de expertos’ presentó una propuesta sobre la reforma tributaria que empezaría a discutirse en marzo del año entrante, cuando el Congreso de la República culmine su receso constitucional. En la propuesta, se plantea el establecimiento de cargas impositivas a las bebidas azucaradas, una propuesta cargada de populismo con la que se busca significar que, además de ampliar el recaudo, se desestimula el consumo de las mismas por razones de salud pública.
La conciencia sobre el consumo moderado de azúcares es asunto de salud pública y no una materia que deba regularse a través de los impuestos, como tampoco estoy de acuerdo con otra de las iniciativas formuladas por los ‘expertos’, quienes plantean establecer un tributo a los servicios digitales. En momentos en que la población se está viendo abocada al uso de herramientas tecnológicas para su trabajo o educación, cuando se busca el estímulo del teletrabajo como medida idónea para contener la expansión de la pandemia, mal haría el gobierno estableciendo cualquier impuesto -así sea pequeño- contra los servicios digitales.
En estos momentos, hay que apuntarle a hacerle menos difícil la vida a las personas. Es natural que la gente no quiera que el Estado les imponga obligaciones de orden tributario. Pero los impuestos -que son necesarios- deben ir a la baja en momentos de crisis y esta, la causada por la pandemia, es la mayor tragedia económica a que ha tenido y tendrá que hacerle frente la humanidad. Un aumento en los impuestos no solo golpeará al empresariado, sino que le hará un daño letal a los consumidores.
