Por: Bernardo Henao Jaramillo
Debo iniciar esta columna formulando unas preguntas a mis lectores ¿Será verdad que al Senador Iván Cepeda le preocupa la suerte de los niños forzosamente reclutados por las guerrillas? ¿Conocen de alguna acción que el mencionado legislador haya realizado para la real y cierta entrega de los menores y jóvenes atrapados por la Farc, para cumplir con el compromiso que ese grupo insurgente firmó en el Acuerdo de Paz, en el cual Cepeda participó activamente? ¿O más bien será que fiel a su narrativa y en procura de deslegitimar a las Fuerzas Militares y legitimar las acciones de los actores armados anunció que procedería a impulsar un nuevo control político y una denuncia internacional, en esta oportunidad al Ministro de la Defensa Dr. Diego Molano, por el exitoso operativo del pasado 18 de septiembre, adelantado en el Litoral San Juan, Departamento del Chocó, contra el Frente de Guerra Occidental del ELN que a la postre concluyó con la muerte del cabecilla conocido con el alias de “Fabián”?
Es claro que lo que el senador Cepeda pretende crear es un nuevo hecho político similar a aquel protagonizado en su momento en contra del entonces ministro de defensa Guillermo Botero, y por esa similar razón es que el congresista deja saber en su denuncia conocida esta semana que supuestamente el Ministro Molano no informó a la opinión del fallecimiento de menores, tres de ellos, dice, eran de 17 años y otro, al parecer de 13 años, pero oficialmente, al momento, no está comprobada e informada la edad de los subversivos abatidos.
Por demás, creo, que de las operaciones militares no se informa, se comunica, lo que de suyo hace una diferencia, sólo que a quienes atormentan los resultados positivos de nuestro Ejército tercian por quienes cometen crimen de guerra, como está catalogada la vinculación, de cualquier forma, de menores de 18 años a conflictos armados.
En ese contexto, dicho congresista también acudió al Consejo de Seguridad de la ONU y ante el representante de la niñez UNICEF, para que “examinen las medidas a adoptar en el marco de su mandato”; al efecto les expresó: “Las operaciones militares que se han venido realizando en Colombia en zonas con un alto índice de reclutamiento de NNA se han hecho sin la aplicación de los principios del DIH: proporcionalidad, precaución, necesidad militar y humanidad.
Es deber del Estado colombiano elegir medios de combate en la realización de operaciones militares que no ocasionen daños evitables a población civil y víctimas del conflicto, como lo son los niños y niñas víctimas de reclutamiento forzado”. Concluyó, no extraña que así lo haga, pidiendo una visita al país para conocer de primera mano la terrible situación que enfrenta la niñez con ocasión del reclutamiento forzado y “del tratamiento de guerra que han recibido por parte de las Fuerzas Militares”.
Necesario es advertir que a todos los colombianos de bien nos duele la utilización de los niños, niñas y jóvenes por los insurgentes, conducta totalmente reprochable y delictual. Sin embargo, tanto el propio gobierno y como la ciudadanía en general saben que la firma del Acuerdo de Paz de La Habana no disminuyó su reclutamiento.
Así puede percibirse del informe que la Defensoría del Pueblo ha dado a conocer. Contrario a lo afirmado por el congresista, que el Gobierno Nacional se ha caracterizado por desconocer que esos menores sean víctimas de reclutamiento, se han lanzado programas para prevenir el reclutamiento y brindarles atención especializada a los menores rescatados en operaciones militares o que voluntariamente ingresan al programa, el cual lidera el ICBF.
Entonces, es lo cierto que en aplicación de lo previsto en el artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el que exhorta a los gobiernos a que tomen las medidas posibles a fin de velar que ningún niño participe en hostilidades, se ha procedido. Norma que establece como edad mínima para que una persona participe directamente en un conflicto armado los 18 años, disposición absolutamente vulnerada por los actores armados, que no por las Fuerzas Militares.
Por ello, con claridad diamantina, como corresponde, el glorioso Ejército colombiano rechazó por completo el reclutamiento que hacen los subversivos del ELN calificándolo como crimen de guerra enfatizando que son ellos, de conformidad con el DIH, los llamados a responder por dicha conducta acorde con el artículo 51 numeral 7 del protocolo I de Ginebra de 1977 y lo contenido en el Estatuto de Roma (artículo 8 literal B del numeral 23).
Basta ya senador. Llegó el momento de cesar esas narrativas peligrosas y destructivas que se encargan de fabricar y difundir ciertos sectores radicales enemigos de las FF.MM, de quienes, en cambio, nunca se conoce un acto rechazando los actos terroristas, ni propendiendo por el respeto a la autoridad cuando les humillan y les impiden ejercer su actividad de control territorial en la que son hostigados y obligados a salir de determinada región o cabildo. La Fuerza Pública, por claro mandato constitucional está siempre dispuesta a proteger a los ciudadanos y defender el territorio nacional. Los enemigos serán hoy, ayer y mañana, los alzados en armas, sin distingo alguno. El defensor y amigo es y lo será aquí y en cualquier otro lugar las Fuerzas Militares.
Es evidente que lo pretendido por el senador es complicar y enredar al gobierno de Iván Duque con su denuncia. Quiere, por supuesto, obtener réditos políticos con el aprovechamiento de esa situación y lo que provoca es un grave daño y perjuicio a la institución militar y al gobierno en ejercicio y por esa vía a todos los colombianos. Si se preocupase realmente por los jóvenes fallecidos, mínimo reprocharía sinceramente su reclutamiento. Las organizaciones que se alzan en armas, no propiamente por ser parte de un conflicto, son los únicos llamados a responder por el reclutamiento forzado o voluntario de menores de edad en sus filas. Son esos subversivos o de grupos residuales, los causantes de colocar en inminente riesgo a los menores al utilizarlos no sólo como combatientes sino como escudos humanos de su propia protección.
Hoy más que ayer cobra relevancia y vigencia aquella célebre frase pronunciada por el General Douglas MacArthur “Estoy preocupado por la seguridad de nuestra gran nación; no tanto por una amenaza externa, sino por las fuerzas insidiosas que trabajan desde adentro”.
Pildorita Uno. Así tenga ocho votos a favor de la prórroga del plazo de existencia de la Comisión de la Verdad, su alargue, aprobado por parte de la Corte Constitucional, está por completo viciado de absoluta nulidad.
Pildorita dos. Sí jurídicamente se efectúa el control constitucional al acto legislativo que le da vida a las 16 curules para las Circunscripciones Especiales de Paz, debe ser hundido por la Corte Constitucional por todos los vicios previos que le anteceden.
Bogotá, D.C octubre 9 de 2021
BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de Opinión.
