‘’Desde mi posesión como Senadora de la República en junio de 2014, he sido denunciada en 18 ocasiones por la supuesta comisión de los delitos de injuria y calumnia, todos ellos derivados de afirmaciones realizadas en medios de comunicación como radio, televisión, periódicos virtuales y la red social Twitter, en referencia a personas de relevancia pública, reprochando asuntos de interés público’’. Así comienza el texto de la denuncia que la alcaldesa de Bogotá presentó contra del Estado colombiano alegando que los 18 fallos de judiciales ordenándole rectificar sus calumnias e injurias contra personas de la vida pública atentan contra sus derechos políticos.
En la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH que tiene como contraparte a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la alcaldesa también se refiere a un proceso de perdida de investidura en su contra que se tramitó ante el Consejo de Estado por haber votado como senadora el proyecto de ley que despenaliza la injuria y la calumnia sin haberse declarado impedida pese a que en ese momento afrontaba numerosos procesos por esos delitos que quiso despenalizar.
La lista de calumnias que la alcaldesa se ha visto obligada a rectificar es amplia y va desde afirmaciones injuriosas contra el expresidente Álvaro Uribe consignadas en el libro de Vicky Dávila hasta la comisión de delitos a personas como el ex fiscal Néstor Humberto Martínez, el exministro Luis Felipe Henao, el dirigente del Centro Democrático Sergio Araujo, los congresistas Ciro Ramírez, José Alfredo Gnecco, Antenor Durán y el abogado Abelardo De La Espriella quien le ha ganado la mayoría de los procesos a nombre propio y de sus apoderados.
