Por: Francisco Hernando Muñoz
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la Acción Popular entablada contra el proceso de Asociación Público Privada (APP) para expoliar el galeón San José.
Los magistrados Oscar Armando Dimaté Cárdenas, Fredy Ibarra Martínez y Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, del cuestionado Tribunal Administrativo de Cundinamarca, decidieron negar la demanda de acción popular que pretendía obtener de la Rama de Justicia la protección de los bienes del Galeón San José y del método para explorarlo y preservarlo.
Con su decisión, terminan aprobando que una APP descabellada e ilegítima la ejecute una empresa inglesa cuya “experiencia” corresponde más a la fontanería que a la arqueología. Los apocados abogados del Tribunal se unen así a la ignorancia absoluta desplegada por los funcionarios del Ministerio de Cultura, la Vicepresidencia de la República, el ICANH y la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado ANDJE sobre los principios, métodos y objetivos de un programa científico; el cual le reclama la comunidad internacional por constituir el naufragio más importante de la humanidad.
Cualquier otro camino distinto al de la ciencia expone irresponsablemente el contexto arqueológico a su destrucción, y en esto la responsabilidad ya no se puede indilgar al gobierno anterior. Lo que acaba de ocurrir en el Tribunal es de entera responsabilidad del gobierno del presidente Duque.
Cuando el actual gobierno declaró los restos del naufragio del galeón San José un Bien de Interés Cultural, afirmó que “no entregaría las piezas”, pero al mantener la aberrante APP con los cazatesoros de bolsillo de Santos, expone el naufragio a la grotesca destrucción de delicados bienes patrimoniales por parte de operadores de dragas submarinas, a la profanación de restos humanos, a la afectación del patrimonio económico, la prostitución del ordenamiento jurídico y a la vergüenza internacional.
Todas las actuaciones del actual gobierno ante el Tribunal estuvieron especialmente dirigidas y dedicadas a proteger el negociado que hicieron con los cazatesoros sus compañeros del gobierno anterior. Nada ha cambiado entre Santos y Duque.
Pero no la tendrán fácil, pues este resultado amañado se venía venir. El grupo de ciudadanos preocupados que defiende los intereses patrimoniales de la nación apelará ante el Consejo de Estado, con nuevas y más pruebas. Si llega a pasar lo mismo en esta instancia, presentaremos el caso ante tribunales internacionales.
Como lo hemos señalado desde la Veeduría Nacional para la Protección del Patrimonio Cultural Sumergido, las instancias internacionales están esperándonos para darnos una mano ante tanta ilegalidad y bellaquería.
