Por: Rafael Rodríguez-Jaraba
El Despachador de Hadera sentenció: “La ciudad más limpia es la que menos se ensucia; antes que combatir los efectos de los problemas, se debe erradicar la causa de ellos. El subdesarrollo no es la falta de recursos y tecnología, es la falta de educación de la población”.
Aunque resulte reiterativo, debo insistir en que, si bien las primeras acciones del nuevo Gobierno deben estar orientadas a: restituir el orden, la seguridad y la gobernabilidad en todo el territorio; recomponer las finanzas públicas; reducir el tamaño del Estado; acometer una reforma fiscal que provoque expansión económica y avance social; abaratar y democratizar el crédito; recuperar la inversión extranjera; estimular el empleo; reducir la informalidad, y; ejecutar una política de inversión en obras de infraestructura con alto impacto social, no se puede ignorar que, lo que la nación requiere para marchar hacia el desarrollo, es una transformación social, y esta solo se logra en el mediano y largo plazo mediante la Educación.
Pero mientras que en Colombia no se modifique el contenido de la Educación, será imposible que se eleve el nivel cultural de su población y que mejore su conducta, quedando condenada a que el sistema educativo le siga impartiendo conocimientos predominantemente teóricos, desvinculados de la realidad cotidiana y de escasa aplicación práctica, y, peor, que siga siendo rebaño de algunos fletadores de turbas que la adoctrinan desde los establecimientos de educación pública.
La mayor debilidad humana es la falta de educación, y la mayor fortaleza el conocimiento. La inversión en educación es directamente proporcional al desarrollo e inversamente proporcional a la corrupción, el desempleo, la pobreza y la violencia. Y es que la educación formativa de los ciudadanos es la simiente del desarrollo de una sociedad.
La educación fundamental integral promueve la racionalidad, forja el espíritu, ennoblece el carácter, modera la pasión, refrena los impulsos, imprime responsabilidad, despierta el emprendimiento, desarrolla las competencias, y hace más productivo y competitivo el trabajo.
No se debe ignorar que la educación formativa determina la cantidad de desencuentros que surgen en la sociedad y, por ende, incide en el nivel de ocupación de la justicia, al punto de que el hacinamiento judicial y la congestión procesal en juzgados, tribunales y cortes, refleja el bajo nivel de educación de una sociedad. Una educación fundamental e integral reduce la necesidad de fiscales, jueces y cárceles, y aumenta la de bibliotecas, laboratorios, museos y salas de conciertos.
En las sociedades civilizadas, la educación es la responsable de la conducta cívica que observan los ciudadanos, siempre y cuando la educación que se les imparta sea, antes que informativa o enciclopedista, formativa, fundamental e integral.
Colombia requiere reconvertir su sistema educativo, de manera que sirva de medio de transformación y avance, y para lograrlo, se necesita promover la iniciativa privada, la libertad económica, la ética, la exigencia, la excelencia, la competencia, la formación para el trabajo productivo, la responsabilidad social empresarial, ambiental y fiscal, y el respeto por el mercado.
También se requiere que la educación sea inmune a ideologías políticas y doctrinas partidistas, de manera que en ella solo sea admisible la ciencia, la virtud y la sabiduría.
Si bien modificar el enfoque y los objetivos de la educación en orden a mejorar el nivel cultural de la población es una tarea desafiante y descomunal, y para realizarla es decisiva la acción del Estado, no debemos desistir del anhelo de realizarla, como tampoco renunciar a seguir avanzando en esa dirección.
Lo deseable sería que la educación se centre en la formación de las personas y sus competencias, y no solo en suministrarles datos e informaciones etéreas de escasa aplicación y fácil olvido.
La educación en Colombia, debería orientarse a forjar ciudadanos íntegros y responsables, con amplia capacidad de análisis objetivo y crítico, con visión de futuro, e interesados y comprometidos con el desarrollo sostenible de la nación.
Si alguien duda del bajo nivel de la educación en Colombia, le bastará tan solo revisar la tasa de natalidad de los sectores más vulnerables de la población y advertir que cerca de la mitad de los hogares en Colombia son sostenidos por mujeres. Mientras sigan naciendo niños inocentes sin posibilidades ciertas de manutención y educación, no cesará la pobreza y la violencia. La educación en planificación familiar responsable, debe ser también propósito de la educación.
Pero no, seguimos sin entender que la educación es el cimiento del desarrollo y el progreso y que en ella debe primar la formación sobre la información; que requerimos maestros formadores y nos sobran profesores informadores; que durante el proceso educativo se debe sembrar ciencia y virtud en mentes y corazones y en ellos plantar la semilla del emprendimiento; que la formación debe infundir exigencia, excelencia y leal competencia, y; que, la erradicación de la ideología política en la labor docente es un imperativo urgente y categórico.
Recordemos la sentencia de Federico de Amberes: “No hay mayor debilidad humana y causa de violencia, corrupción y pobreza, que la falta de educación”.
Es indispensable que, dentro de una política de reducción del gasto del nuevo gobierno, los recursos destinados a la educación se le asignen a los padres y alumnos, y no a los colegios y universidades públicas, de manera que se nivele el nivel de la educación y se logre que estos establecimientos se despoliticen y sean competentes.
De no modificarse el sistema educativo, seguiremos estacionados en el subdesarrollo, y no dejaremos de ser una nación inculta, corrupta y violenta, como tampoco, presa fácil de políticos ineptos y de regresivos comunistas que se nutren de la falta de educación de la población.
Reformar la educación es prevalente e imperativo para el nuevo Gobierno.
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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado. Esp. Mg. LL.M. Litigante, Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Catedrático Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
