Por: Bernardo Henao Jaramillo
Antes de la realización de la primera vuelta electoral el mayor peligro para la elección era el propio presidente Petro. Los nuevos hechos por él protagonizados, empiezan a confirmarlo: el país no puede normalizar que, sin pruebas claras, sin soporte técnico verificable y sin fundamento jurídico serio, salga a insistir nuevamente en la narrativa del fraude electoral.
Esa postura es profundamente irresponsable y desestabilizadora. No solo erosiona la confianza ciudadana en las instituciones electorales, sino que además siembra una semilla de desórdenes futuros. Se desconocen resultados y se prepara el terreno para una oposición basada no en argumentos, sino en sospechas fabricadas.
La insistencia del presidente en respaldar políticamente a su candidato cruza una línea institucional muy delicada. No estamos ante un ciudadano más opinando en redes sociales, sino ante el jefe de Estado, obligado constitucionalmente a respetar la neutralidad del proceso electoral. Cuando desde el poder se cuestiona el resultado sin pruebas suficientes, no se fortalece la democracia: se la pone en riesgo.
Petro dijo que fueron agregadas 800.000 cédulas de personas que no están en el censo oficial presentado, pero no lo probó. Si se habla de fraude, hay que demostrarlo. Si se habla de alteración del censo electoral, deben presentarse documentos, trazabilidad, actas, bases comparadas y evidencia verificable. La democracia no puede quedar sometida al capricho de una narrativa política.
Hasta donde se conoce, el censo electoral no ha tenido una modificación que justifique esa afirmación, y frente a las más de 122.000 mesas de votación del país no se ha presentado una objeción generalizada, seria y documentada por parte de los testigos acreditados que permita sostener semejante acusación.
En las actas de la elección, conocidas como formularios E-14 no aparecen cédulas. Esas actas cuando se diligencian constan de tres copias la de transmisión que sirve para alimentar el preconteo. La de delegados sirve como copia de respaldo y control. Y por último la copia para los claveros es el ejemplar central para llevar adelante el escrutinio oficial.
La Registraduría y el CNE tienen el deber de garantizar transparencia, trazabilidad y celeridad. Pero una cosa es exigir escrutinios rigurosos, y otra muy distinta es salir a incendiar el ambiente público con acusaciones sin prueba.
Colombia necesita que los escrutinios avancen y se aprueben cuanto antes, con todas las garantías legales, pero también necesita que quienes ejercen el poder entiendan que la democracia no se defiende sembrando desconfianza: se defiende respetando las reglas cuando se gana y, sobre todo, cuando se pierde.
Si hay un sistema garantista en materia de elecciones es el colombiano, desde la adopción del Código Electoral. Este contempla puntuales medios de defensa tanto para el momento de la realización de la jornada electoral en la que los testigos pueden objetar, después en los escrutinios y finalmente ante la justicia contencioso administrativa.
Además, empieza a verse una figura preocupante: la del mandatario que, antes de terminar su gobierno, pretende erigirse como jefe futuro de la oposición, como ya ha ocurrido en otras latitudes, donde se desconoce el resultado cuando no favorece al proyecto político propio. Al momento de escribir esta columna ya los medios dan cuenta que decidió liderar la campaña de Iván Cepeda.
Por su parte el candidato Iván Cepeda tampoco reconoció los resultados y en su rueda de prensa del 31 de mayo expresó en tono airado su posición secundando las afirmaciones del presidente, pero el primero de junio, procedió a reconsiderar su postura y reconoció el resultado de las elecciones del pasado domingo.
Manifestó que un equipo de su campaña se ha dedicado a hacer verificaciones y concluyó que, de momento, no hay elementos que indiquen conductas indebidas. Enfatizó que “no hay irregularidades de dimensiones suficientes para hablar de fraude”. Ese “de momento”, es bastante condicional, pero al final reconoció el resultado.
Por fortuna ha hecho primar la razón y no la emoción. Ya con ese reconocimiento será posible llevar a cabo el debate electoral entre los dos aspirantes en posiciones ideológicas opuestas. Cepeda emplazó a De la Espriella a un debate, él accedió pero previa aceptación de los resultados.
También pidió debate entre los aspirantes a la vicepresidencia. Los colombianos seguiremos atentos a su realización y quien salga airoso y triunfador seguro será el llamado a conducir los destinos de la nación. La segunda vuelta será histórica y le impone a la ciudadanía el deber de concurrir a las urnas.
La democracia está en riesgo y las posturas de Cepeda no auguran nada bueno.
