Por: Fernando Álvarez
El fallo condenatorio contra el expresidente Alvaro Uribe era predecible. Durante el juicio transmitido por los medios de comunicación era notorio que la juez tenía una carga en contra del expresidente y favorecía las pretensiones de la representante del ente acusador. “No ha lugar”, aquella expresión típica de las barandas en las películas americanas fue el lugar común frente a la defensa cada vez que esta intentaba contextualizar un hecho o aclarar un concepto que favoreciera a Uribe. Fue casi vulgarmente evidente que la juez no admitió pruebas, recriminó permanentemente a los defensores del expresidente y le dio un claro trato preferencial a las peticiones de la fiscal, quien no ocultaba su sesgo a la hora de encarar la acusación y conducir las supuestas revelaciones de la investigación. La suerte de Uribe no estaba echada, estaba marcada. El país entero vio cómo se permitió que el testigo principal contra Uribe recibiera incluso instrucciones en pleno interrogatorio de un guardia que le dictaba lo que leía en su celular. O cómo se le permitió que mirara hacia un rincón de la sala y recibiera señas antes de contestar.
Fue un juicio conducido y palpablemente parcializado hasta el punto de que muchos columnistas no uribistas evidenciaron en sus escritos que la imparcialidad era la gran ausente en el juicio del siglo en Colombia. La validez otorgada a los testimonios de un criminal que de antemano se sabe que está dispuesto a lo que sea con tal de obtener beneficios es quizás una de las perversidades más cuestionables del sistema acusatorio vigente en el país. Pero el manejo que le dio la juez a los testigos de la defensa fue palmariamente diferente al que le dio a los testigos de la acusación. La subjetividad y la prevención tiñeron la oportunidad de hacer justicia y de derribar las suspicacias sobre el tinte político que ha acompañado este supuesto caso penal contra un expresidente que por su talante y posición ideológica logró ganarse los odios de la extrema izquierda, la cual ha hecho todo por vengarse de Uribe. El prejuicio fue el amo del juicio y la sensación de crónica de una sentencia anunciada invadió permanentemente el estrado. No hubo garantías a la hora de admitir la sustancia probatoria y no existió la ecuanimidad que se espera de un funcionario administrador de justicia.
Todo indicaba que ya se sabía para donde iba la juez, sin embargo, algunos alcanzaron a pensar que tanto la exposición mediática de las inconsistencias del juicio como la necesidad de dejar en alto el prestigio la labor de la justicia permitirían una reflexión en la juez, ya que la vigilancia de la opinión pública podría abrir la puerta a un fallo en derecho. Pero lo que se vio en la audiencia condenatoria fue un fallo en izquierdo. Toda la argumentación de la juez previa a la notificación de la sentencia dejó ver la carga ideológica de la juez. La validez probatoria que le otorga a la valoración de una testigo por su condición de mujer, o la apreciación del valor civil de un delincuente condenado a 40 años por secuestro y extorsión, o la defensa de las actuaciones de un senador por ser defensor de derechos humanos dejan ver el grado de distorsión conceptual de una juez que valora principalmente la orientación ideológico política. Ya en el juicio había mostrado inclinaciones por el senador a quien, a su juicio, se le vale haber hecho ofertas de prebendas a sus testigos, cuando lo que se le imputa a su condenado es justamente ese mismo hecho con los testigos contrarios.
A este mismo senador la juez le valida el hecho de que haya recurrido a buscar testimonios de criminales, lo cual es fuertemente fustigado y descalificado por ella misma cuando se trata de delincuentes que favorezcan con sus testimonios a su condenado. Se le acepta al mismo senador que desaparezca pruebas en el chat de su teléfono con el argumento de que su celular se le daño. Ni siquiera intentó que se reconstruyeran los chats a sabiendas de que la tecnología lo permite con una orden judicial. Al mismo senador se le justifica que haya aportado dineros a sus testigos estrella mientras se condena que a los testigos de su acusado se les haya dado dinero. Argumenta la juez que los testigos de la defensa no son creíbles porque se mostraban nerviosos, pero justifica las vacilaciones nerviosas de los testigos de la acusación porque los temores de ellos son justificados por lo poderoso de su incriminado.
En este mismo sentido la juez sale con una perla digna de un guion cinematográfico. Para la flamante togada Uribe es determinador porque el abogado que supuestamente cometió el delito de soborno hacía las veces de su subalterno y la mente dominante determina. Según ella el papel de determinador no se mide porque una persona ordene o tome una determinación criminal sino porque el autor actúa bajo la influencia de quien tiene más poder, no importa si no participa en la decisión del autor. Sin duda este recurso cuasi silogístico tendría que ser juiciosamente estudiado por los jueces que atenderán la apelación, pero evidentemente esta nueva teoría criminalística aspira a emular con las tesis de Cesare Lombroso sobre los rasgos físicos que determinan la conducta criminal. Esta elucubración intelectual de la juez contrasta con su incapacidad para leer su argumentación en la que se hizo notorio que era sorprendida por algunas palabras que le costaba pronunciar, como cuando uno lee lo que una mente superior escribe desde un monte alegre o un paisaje inspirador.
Lo que puede parecer el gran triunfo de la izquierda podría resultar un auténtico bumerang. Y quizás quien tenga razón sea la parlamentaria araucana que le dijo a Uribe “Usted ya ganó, sea cual sea el fallo”, porque lo que se viene es un gran cuestionamiento sobre lo justo de la decisión judicial y sobre los peligros que se ciernen sobre los colombianos si se abren paso estos juicios políticos disfrazados de justicia penal. Uribe como víctima de la manipulación de la extrema izquierda concitará necesariamente la solidaridad de la derecha y del centro porque esa espada de Damocles, que hoy se confunde con la de Bolívar, pende sobre cualquiera que se oponga a los designios dictatoriales del gobierno, justo en medio de una coyuntura electoral amenazada incluso por la instrumentalización de la justicia. Cualquier otro expresidente que decida atravesarse en el camino de la constituyente o de la reelección promovida desde Palacio estará en calzas prietas. Y no será raro que esto termine en que se vuelquen todas las fuerzas democráticas a defender la permanencia de la democracia rodeando a Uribe como victima de la izquierda en el poder.
