Por: El Expediente
Fuentes confiables señalan que Camilo Torres, hermano de Euclides Torres, un poderoso empresario y financiador de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, está detrás del controvertido cobro de la Contribución Nacional de Valorización (CNV) en el proyecto vial Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad.
Según estas fuentes, el presidente Petro habría acordado con el clan Torres la entrega de contratos por $180.000 millones a cambio de que utilicen su influencia para garantizar que el Tribunal Administrativo de Atlántico apruebe este cobro.
Este pacto buscaría generar recursos para un gobierno con serias dificultades financieras, pero a un costo elevado: el impacto desproporcionado en las comunidades más vulnerables de Barranquilla, Cartagena y municipios como Santa Catalina, Puerto Colombia, Soledad, Juan de Acosta, Piojó, Galapa, Tubará y Malambo.
El proyecto, un corredor de 146,6 kilómetros que conecta Bolívar y Atlántico, es una obra clave en la región Caribe. Beneficia a cerca de 3 millones de personas, generó más de 9.000 empleos durante su construcción y cuenta con el viaducto El Gran Manglar, el más largo de Colombia.
Financiado parcialmente por la CNV, un mecanismo basado en el artículo 249 de la Ley 1819 de 2016 que grava predios para recuperar el plusvalor generado por la obra, el proyecto ha sido defendido por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Ministerio de Transporte del gobierno Petro.
El 7 de julio de 2025, Invías aclaró que la reciente declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 280 de la Ley 2294 de 2023 por parte de la Corte Constitucional no afecta el cobro, ya que este supuestamente se ampara en una norma vigente.
Sin embargo, el clan Torres está en el centro de la operación. Euclides Torres, señalado por Nicolás Petro ante la Fiscalía como financista de eventos clave de la campaña de Petro, como el acto de la “P” en Barranquilla en 2021, habría tenido consentimiento del candidato Petro sobre estos aportes.
Empresas vinculadas a este grupo han recibido contratos por más de $180.000 millones en el actual gobierno, especialmente en energías renovables y alumbrado público a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge).
Estas revelaciones aumentan las sospechas de que el cobro de la CNV podría ser un mecanismo para beneficiar a aliados políticos, más que para financiar infraestructura.
El cobro ha desatado indignación en la región. Aunque el gobierno asegura que el 40% de los 147.744 predios identificados están exentos, incluyendo aquellos de personas en pobreza extrema y estratos 1, 2 y 3, líderes como el senador Mauricio Gómez Amín lo han calificado de “injusto e ilegal”.
El 29 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Atlántico suspendió temporalmente la medida tras una demanda del senador Carlos Meisel, exigiendo audiencias públicas y un informe detallado de Invías.
Organizaciones sociales advierten que el cobro golpeará a los sectores más pobres, y la opacidad en la asignación de contratos, junto con los nexos con el clan Torres, refuerza las acusaciones de corrupción.
Mientras Invías defiende que los recursos se destinarán a proyectos regionales, la percepción de un acuerdo entre el gobierno y el clan Torres para aliviar las finanzas estatales a costa de los ciudadanos ha dañado la confianza pública.
El Tribunal Administrativo de Atlántico y la Corte Constitucional tendrán la última palabra sobre la legitimidad de este cobro, pero las comunidades de la región exigen respuestas claras sobre un proceso que parece favorecer intereses particulares por encima del bienestar colectivo.
