Por: Jorge Enrique Pava Quiceno
Dado el revuelo que han querido causar en Caldas dos ex diputados por los resultados del programa de las mil viviendas del gobierno departamental anterior, es importante analizar el tema desde la óptica real. Para Camacol, las cifras de construcción y venta de viviendas en 2023 son históricamente catastróficas; dejarse de vender 106.000 casas en el país el año pasado, representa una caída del 45 % en comparación con el año anterior, cifra demasiado significativa teniendo en cuenta que veníamos en una disminución progresiva desde la pandemia. Camacol leatribuye este fenómeno a factores como las altas tasas de interés, las políticas del programa gubernamental “Mi casa ya”, y los bajos salarios de los colombianos.
Ningún constructor está eximido de estas causas yconsecuencias, ni mucho menos de los cambios intempestivos de las políticas gubernamentales que decidieron abandonar los ofrecimientos de subsidios para acceso a vivienda VIS. Y eso afecta, lógicamente, a todos los intervinientes en proyectos macro, como la Gobernación de Caldas y sus municipios.
¿Que entonces se vio trunca la política de vivienda del gobierno de Luis Carlos Velásquez? ¡Sí! Y que no se cumplieron los propósitos de gobierno, también es cierto.Pero una cosa es que se enreden los proyectos y que las disposiciones del gobierno nacional terminen ahogando los programas y otra, muy distinta, es que el entonces gobernador haya “desparecido la plata de los programas de vivienda”, como afirman irresponsablemente losexdiputados. Los dineros de los municipios y del departamento están realmente protegidos en fiducia.
¡No nos hagamos más daño! Un departamento que busca reestablecer la confianza y el apoyo de todos los sectores, no puede sucumbir ante intereses personales de quienes se sienten lesionados por los mandatos democráticos. Sabemos que las persecuciones políticas a través de los medios de comunicación son utilizadas como armas para devastar al rival; pero es irresponsable, desde todo punto de vista, seguir atacando los proyectos departamentales para destruir al enemigo personal.
Vemos entonces que los exdiputados saltan exultantes de felicidad cuando el diario La Patria titula como fracaso del gobernador anterior su programa de vivienda, pero callan extrañamente cuando otro titular reconoce los logros y analiza desde un ángulo diferente la misma noticia. Esto no es leal, primero, con su rival y, segundo, con el departamento ni con los municipios que tienen dineros disponibles en fiducia para desarrollar programas de vivienda, y que han sufrido los rigores de un mercado difícil como el de la construcción, que a la vez está afectado por las políticas delgobierno nacional que suprimió los subsidios y elevó las tasas de interés.
Y abordo este tema con total solvencia porque sé de primerísima mano como actúan estos políticos ante sus contendores, cuando los convierten en enemigos personales;y también porque conozco las cifras y la realidad. Decir que alguien desapareció unos dineros que realmente están protegidos en una fiducia, no solo es faltar a la verdad, sino poner en riesgo las inversiones que los municipios han hecho con ingente esfuerzo (Pácora, Salamina, Marquetalia, Viterbo y Samaná). Aquí se está atentando es contra el futuro de cientos de familias que han guardado la esperanza de ver satisfecha su necesidad de vivienda.
Por otro lado, el actual gobernador, Henry Gutiérrez (a quien me opuse en campaña), tiene toda la legitimidad para gobernar y es él mismo quien ha abordado el tema de los planes de vivienda desde un enfoque propositivo y constructivo, sopesando sus actuaciones para desarrollar el proyecto. Está dispuesto no solo a seguir adelante con lo que se dejó planeado, sino a imponer las medidas jurídicas necesarias para proteger esos mismos planes de las posibles irresponsabilidades de los contratistas.
En esto me identifico plenamente con el gobernador Gutiérrez y considero que, antes de levantar una voz de inconformidad u oposición, los caldenses debemos apoyar las iniciativas del gobierno encaminadas a suplir las necesidades de vivienda en todo el territorio departamental.
Los problemas judiciales se resuelven ante los órganos constitucionales; y las denuncias no pueden basarse en apariencias, suposiciones o “semiverdades” mediáticas. ¡Proceder así, repito, es completamente irresponsable!
