El abogado Hernando Zabaleta acusó al juez Carlos Alberto Villalba de presuntos actos de corrupción en el fallo de tutela que busca revivir la candidatura del movimiento político Fuerza Ciudadana a la alcaldía de Santa Marta, luego de que el Consejo Nacional Electoral la inhabilitara por irregularidades en la recolección de firmas.
El petrismo busca mantener el control de la ciudad a cualquier costo. El juez cuarto laboral de Santa Marta, Carlos Alberto Villalba del Villar, fue el encargado de resolver una de las 70 tutelas idénticas que fueron radicadas en el Tribunal Superior del Magdalena, todas con el mismo argumento y la misma solicitud: revivir la candidatura del movimiento político Fuerza Ciudadana a la alcaldía de Santa Marta, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) la inhabilitara por sus vínculos de consanguinidad con el gobernador, hasta hace dos días, Carlos Caicedo.
La denuncia penal contra el juez Villalba es grave, pues señala posibles indicios de corrupción que rodean ese fallo, que utilizó la figura de la acción de tutela, diseñada para proteger derechos fundamentales como la vida, pero comúnmente utilizada por hábiles abogados y jueces con fines políticos y electorales, como ocurrió con esta decisión judicial que le abrió paso a la candidatura de José Agudelo.
Agudelo, quien se desempeñó como secretario de hacienda el departamento del Magdalena, es un desconocido para la opinión pública y depende del apoyo del caicedismo y la izquierda radical en el Magdalena. En efecto el gobernador Caicedo renunció hace dos días a su cargo para hacer campaña a favor del nuevo candidato a la alcaldía de Santa Marta.
Fuerza Ciudadana se resiste a ceder el gobierno que ha manejado por décadas en la ciudad de Santa Marta, con un evidente atraso en servicios públicos, tecnología e infraestructura, pero con un alto componente ideológico en una ciudad que ha sido utilizada como sede del Foro de Sao Paulo y que se ha convertido en una de las capitales de la izquierda radical en Latinoamérica.
