Por: Alejandro Ramírez
Pese al álgido debate por la reforma tributaria, la campaña política por las elecciones regionales llega con el indeleble sello de alcaldes y gobernadores populistas empeñados en la elección de sus sucesores.
No son pocos los casos que tenemos en Colombia donde, luego de haber aniquilado esa importante línea divisoria entre campaña política y administración pública en la contienda por la Presidencia a favor de Gustavo Petro a través de twitter, pauta oficial en campañas publicitarias y defectuosos discursos en eventos públicos, alcaldes y gobernadores como Quintero en Medellín, Ospina en Cali, Claudia López en Bogotá o Caicedo en el Magdalena, retarán una vez más a la autoridad disciplinaria con tal de asegurarse un triunfo político que los catapulte del ámbito regional al nacional, evidenciando en este último su más importante objetivo.
La reciente reforma de la procuraduría pudo haber sometido a un stress organizacional a la entidad que de ninguna manera, podrá abstraerla del cumplimento de su misión constitucional, so pena de legitimar la intención de Gustavo Petro de eliminarla. No es ninguna casualidad que los alcaldes y gobernadores que movieron sus aparatos burocráticos para lograr la elección del actual mandatario, sean quienes menosprecian la facultad disciplinaria que compete a la Procuraduría.
Lo que viene sucediendo con la imagen de algunos de los alcaldes más castigados por la opinión (Ver encuesta Invamer, miércoles 19 de octubre 2022) conocidos los pésimos resultados de su gestión administrativa, tiene un gran efecto en su deseo de eliminar todo límite en materia disciplinaria, que les permita un reposicionamiento a través de pulsos políticos, ajenos a su función administrativa, demandando de la Procuraduría General de la Nación la máxima atención si de proteger los comicios regionales que se avecinan se trata.Sin el ánimo de subestimar ninguno de los casos en mención, ejemplificaré el caso de Quintero en esta columna.
El actual mandatario de Medellín ya había sido suspendido por su abierta intervención en política durante la campaña presidencial que eligió a Gustavo Petro, probando de ésta manera que fue elegido con trampas y trapisondas las cuales no lograron viciar de ilegalidad la elección del presidente – como suele sucederle a los populistas en sus excesos, irregularidades e ilegalidades-.
No en vano, la Corte Suprema absolvió a Roy Barreras del peor escándalo de entrampamiento de elecciones que se haya conocido en las épocas recientes para investigar, con mayor determinación, a quien quiera que haya filtrado el video donde consta la estrategia del hoy presidente para vulnerar y manipular la contienda electoral.Sin importar la sanción impuesta por el ente disciplinario, Quintero volvió a participar de manera abierta en política al anunciar que modificaría su gabinete “con el fin de derrotar al uribismo en las elecciones”, asunto totalmente ajeno a la administración de la capital de Medellín, que sea advertido de paso, se ha ausentado se dicha administración local.
Aún más, preocupa lo sucedido esta semana con oportunidad de ese ejercicio de populismo conocido como “diálogos regionales vinculantes” donde, megáfono en mano, Quintero respondió a los manifestantes con arengas contra el presidente Uribe, como si de un alcalde en campaña se tratara para, al día siguiente, presentar a los miembros renunciados de su gabinete quienes, ejerciendo presión en los contratistas municipales, serán los encargados “de la derrota del uribismo”.
Mientras éstas muestras tan evidentes de participación en política son cada vez más frecuentes y presentes en el día a día de la alcaldía de Medellín, la ausencia de la administración pública en la capital de la montaña se evidencia y se profundiza, dejando a sus habitantes a la merced de todo tipo de delincuencia, bajo el deterioro de los servicios públicos y sin resolver la puesta en marcha del proyecto energético más importante que haya acometido el país en las últimas décadas: Hidroituango.
PD: Sr Alcalde, sigue sin responder las preguntas sobre el cartel de contratación del Hospital General de Medellín y otros más escabrosos que, entre otros, vinculan a un importante secretario del despacho de su alcaldía con el escándalo de corrupción de Mario Castaño, incluido el director de Ruta N, hermano del ex senador.
