Por: Paloma Valencia
La parte II del informe final de la comisión de la verdad, Hay futuro SI HAY VERDAD, son las “recomendaciones”. Diez comisionados plantearon una reforma a todo el Estado colombiano acorde a sus hallazgos; dijimos ya que eran parcializados, y por supuesto así mismo, sus recomendaciones. La primera conclusión es que los grupos ilegales son resultado de errores en la política nacional. Es una manera ramplona de trasladarle la responsabilidad de la violencia, el narcotráfico, la ilegalidad al Estado.
Hay países más desiguales que Colombia sin violencia. Hay países con mayor pobreza y con menos violencia. Hay países con menos Estado con menos violencia.
Encontré 48 reformas estructurales en sus recomendaciones. 17 sobre las Fuerzas Armadas, 12 sobre el Estado colombiano, 8 que involucran al Congreso de la República, 5 sobre la justicia colombiana. Por supuesto, no hay ninguna que mencione los grupos guerrilleros, la cultura del dinero fácil, la productividad del trabajo… nada dicen del problema de la pésima calidad de la educación pública. No hay observaciones sobre la tendencia colombiana de usar la violencia como mecanismo político. Nada sobre los reiterados procesos de paz, la garantía de impunidad, que tienen los ilegales. Nada sobre tener criminales de lesa humanidad impunes en el Congreso.
La recomendación más reiterada es el cambio de visión de seguridad en el país. La comisión parte de la premisa que la seguridad en el país ha estado en contra de la población civil y con una doctrina de guerra. Concluyen que se debe tener “Una nueva visión de seguridad como bien público… adoptar una nueva visión de seguridad para la construcción de paz…garantizar que la fuerza pública no realice labores sociales…”. Incluso el capítulo 5 abre con una cita donde se menciona que la Fuerza Pública no protege la ciudadanía.
Proponen derogar la reserva de información de 30 años de la ley de Inteligencia y Contrainteligencia, y dejarla en 15 años. Y al mismo tiempo están hablando de incinerar insumos que tuvo la comisión para llegar a su informe. ¿Y si algún colombiano quisiera corroborar lo dicho no fue tergiversado, ya no podría?
Concluyen que no existe garantía para el derecho a la protesta y a la movilización como parte esencial de una sociedad democrática. Instan al Estado a hacer reformas para garantizarlo. Me preocupa semejante enunciado cuando, para mí, como para muchos otros colombianos, lo que no hay es garantías para los ciudadanos que no protestan, garantías para sus derechos a la seguridad, a su movilidad, a trabajar, a la integridad de sus negocios y de los bienes públicos.
El informe no menciona los retos de seguridad que enfrentamos cuando somos el primer productor de cocaína del mundo y tenemos más de 10 mil hombres en armas que siguen asesinando líderes sociales, con estructuras criminales dominando territorios y ampliando sus tentáculos a través de pandillas y bandas criminales en todos los municipios. El informe no dice nada sobre los hombres de nuestras Fuerzas Armadas; sometidos no solo a la violencia, el plan pistola, las agresiones; sino a una implacable persecución jurídica. Por el contrario; señala que los delitos que cometan las Fuerzas Armadas deben ser juzgados por la justicia ordinaria, y no por la penal militar. Enfatizan que la justicia penal militar no debe investigar ningún delito cometido por la Policía Nacional. Acabar con la justicia penal militar es dejar sin garantías a las Fuerzas Armadas; y no tener un diagnóstico sobre el juzgamiento de nuestras fuerzas es una señal adicional de la falta de rigurosidad.
La comisión recomienda que la policía nacional deje de ser parte del Ministerio de Defensa. Un discurso que busca legitimar la propuesta política de la izquierda para pasarla al ministerio del interior.
Para la lucha contra el narcotráfico se recomienda su legalización. Se habla de regular el mercado y tener control estatal sobre el consumo. La misma propuesta de Pablo Escobar. Se afirma que no debe existir aspersión, y que debe haber un reconocimiento del uso de coca y marihuana por parte de pueblos étnicos y campesinos. Además, se menciona que no debe existir la extradición.
Pero el informe va más allá. Plantean una reforma política donde exista más representación de lo rural, que tenga listas cerradas y bloqueadas. Plantean una nueva forma de elegir al fiscal general donde el congreso no intervenga. Recomiendan ratificar el acuerdo Escazú. Plantean una reforma agraria donde exista “redistribución de la tierra”. Sugieren crear un nuevo ministerio que lidere los asuntos de paz y víctimas. Plantean que el Estado debe hacer un reconocimiento sobre su participación con paramilitares y sobre las ejecuciones extrajudiciales. También afirman que se debe reconocer como víctimas a los excombatientes de grupos armados ilegales que hayan sufrido graves violaciones a los derechos humanos. Hasta se habla de crear una comisión judicial que garantice la priorización de la investigación contra terceros civiles y agentes del Estado.
Un informe tan político que es difícil de distinguir del programa de Petro. El presidente electo afirmó que “Hasta la última familia en el último rincón de Colombia sabrá y tendrá estas recomendaciones”. Una comisión diseñada para este nuevo gobierno.
Paloma Valencia
