Esta semana mediante un comunicado la Corte Constitucional dejo frío al país: autorizó que los responsables de delitos de abuso sexual contra menores de edad ‘en el marco del conflicto’ sean juzgados por la cuestionada JEP y no por la justicia ordinaria.
Esa decisión aparentemente tiene el beneplácito del gobierno del Presidente Iván Duque o al menos de su Ministra de Justicia, Gloria María Barrero.
Pocos meses antes de asumir el Ministerio de Justicia, el 5 de junio de 2018, Gloria María Borrero entonces presidenta de Corporación Excelencia de la Justicia, envío un concepto ante la Corte Constitucional dando línea frente a distintos aspectos claves en la reglamentación de la Justicia Especial Para la Paz JEP, uno de ellos los delitos de abuso sexual contra menores.
En esa comunicación quedó consignado un mensaje aterrador que la Corte Constitucional siguió prácticamente al pie de la letra. (Páginas 28-29)
“Sin embargo, de ser declarada constitucional la disposición bajo estudio, se llegaría al absurdo de que una persona que haya cometido, por ejemplo, un acceso carnal violento en contra de una niña o un niño obtenga una pena de prisión entre un poco más de trece (13) años y veintisiete (27) años, pero si una persona asesinó posteriormente a esa misma niña o niño esta podrá obtener una sanción de cinco (5) a ocho (8) años.”
Un concepto borroso, ambiguo y que según distintos juristas consultados por El Expediente le dió el punto de partida y los bríos a la Corte para lanzarse con una decisión calificada por muchos como una infame leguleyada en contra de los menores con el único fin de proteger a los jefes de las FARC de asumir su responsabilidad por delitos como éste que son de lesa humanidad.
