Por: Jorge Cárdenas
Debo confesar que los únicos juicios que había seguido en mi vida eran los de las películas o las series de abogados, pero esta semana seguí con detenimiento lo que iba sucediendo en torno al juicio de Álvaro Uribe Vélez y el veredicto que dictó este mediodía la jueza de control de garantías tras su paso a la ley 906.
Es sorprendente ver la confabulación flagrante entre Iván Cepeda, Eduardo Montealegre y la Corte suprema de justicia para ver tras las rejas al gran colombiano, al muro de contención del castro chavismo y los grupos narcoterroristas del país.
Como un castillo de naipes la tramoya se fue cayendo tras su renuncia al senado lo que obligaba a que fuera la justicia ordinaria quien retomara el caso, prácticamente partiendo de cero.
Ese paso nos permitió, gracias a Vicky Dávila y su equipo de la Revista Semana, ver y oír los testimonios que llevaron a esa nada honorable corte a proferir la medida de aseguramiento contra el exmandatario con el único propósito de ponerle un serial delincuencial que jamás le dieron a verdaderos criminales como los que han pertenecido a grupos narcoterroristas y que hoy posan de faros morales y se burlan de la “justicia paralela” que les regalaron con la mal llamada paz de Santos.
Inaudito que hubieran recibido en esas a audiencias a Montealegre y a Perdomo en calidad de victimas cuando en realidad han sido ellos los victimarios.
Eduardo Montealegre, quien durante su paso por la fiscalía la convirtió en un foco de corrupción con contratos a dedo y todo tipo de manipulaciones, tuvo que escuchar como el fiscal Jaimes pedía, como era justo, la liberación inmediata del expresidente porque carecía de imputación alguna por parte de la fiscalía. Sin embargo, él y sus aliados seguían insistiendo en que debía seguir preso aún por encima de la ley. Queda claro con su actitud el amaño que le dan a la constitución.
Es que la dictadura de las cortes queda en evidencia a cada paso. Ver la orden de un juez condenando a Vicky Davila y la Revista Semana por la publicación del proceso contra Uribe mientras que nadie hizo nada cuando era Daniel Coronel el que filtraba la información a cuenta gotas y manipuladamente para que la opinión pública lo condenara antes de que lo hiciera alguna autoridad competente es un ejemplo más de la parcialidad de la justicia.
Cepeda, quien no escatimó esfuerzo alguno hasta lograr la liberación de Jesús Santrich; un criminal comprobado filmado negociando un cargamento de cocaína después de la firma de los acuerdos a quien recogió personalmente a su salida de prisión y quien a los pocos días de posesionado como senador se dio a la fuga sabiendo que era solo cuestión de tiempo para que lo volvieran a capturar y lo extraditaran; ahora redobló esfuerzos para manipular la justicia y evitar la justa liberación de quien estaba secuestrado por la corte suprema y quien pese a lo reprochable del fallo, lo acató y lo cumplió.
El caso de Gustavo Rugeles es igualmente indignante. Un juez lo condena a prisión por supuestamente no acatar una orden tras una acción de tutela por haberle preguntado a Pablo Elías González Monguí, quien era director de la UNP, un cuestionario expuesto mediante un derecho de petición y quien no estuvo de acuerdo con sus preguntas. ¿No es la labor de cualquier periodista la de preguntar? Una cosa es lanzar afirmaciones como las que lanzan todos los días cientos de periodistas en contra de diferentes personajes de la vida nacional y otra la de hacer preguntas a cualquier otro que está en la libertad de contestar o no.
¿No es esta una extralimitación de la acción de tutela?
¿Si alguien denunciara a Coronel, por ejemplo, tendría la misma respuesta?
Los casos de Rugeles y Dávila muestran que se está atentando contra la libertad de prensa, algo típico de las dictaduras.
En repetidas ocasiones se ha hecho la advertencia de la clara dictadura que intentan implantar las cortes y los abusos y extralimitaciones cometidas por algunos funcionarios de la rama judicial quienes no obran de la misma manera ante casos de la izquierda o de la derecha. Donde queda claramente manifiesto su sesgo y la permisividad con la que tratan a verdaderos criminales versus la dureza y manipulación que demuestran ante otros que han sido quienes los han combatido.
Para no hablar sobre el expresidente solo tomemos como ejemplo lo que viene sucediendo con el ejercito y la policía en contraste con los crímenes cometidos por las FARC, el ELN u otros grupos delincuenciales afines a la izquierda.
La justicia debe ser eso, justa. Nadie está pidiendo que se libere a criminales porque sean de una filiación o de otra. El que sea demostrado culpable de algún delito lo debe pagar, pero no es así como está planteada la rama judicial del país y eso es tremendamente peligroso.
Quizá un ciudadano del común, como yo o cualquier lector, pueda pensar que lo que sucede contra Uribe es porque se lo buscó, incluso pensar que es culpable, pero nadie puede ser condenado sin un juicio justo.
Lo que ayer celebraban algunos puede pasarles con más facilidad de la que se imaginan. Cualquier día puede ser cualquiera de nosotros quien esté enfrentado cargos que no cometió, con pruebas acomodadas y con un veredicto de culpabilidad injusto porque a eso nos arriesgamos si no vemos que lo que está sucediendo no es normal. No importa si somos simpatizantes o no de Álvaro Uribe.
Nos parecía que el video de Santrich en flagrancia, con el testimonio del sobrino de Márquez como testigo eran pruebas suficientes y sin embargo ya vimos el resultado. Fue liberado, se exigió su posesión como senador con una curul regalada y se le permitió la fuga para reunirse con sus criminales camaradas en Venezuela desde donde continúan amenazando a los colombianos mientras trafican drogas de manera impune.
La libertad de Uribe es un motivo de celebración, pero debemos tener claro que no es el final del proceso y que quienes lograron darle casa por cárcel no van a descansar en sus esfuerzos por acabarlo. Incluso su seguridad personal y la de su familia están en extremo riesgo. Aun cuando no creamos en la versión sobre la autoría del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado por parte de los criminales de las FARC, debe servirnos de advertencia que no solo ellos están detrás del interés de borrar a quien ha sido el defensor de la democracia de nuestro país. Hay políticos poderosos involucrados, expresidentes que quisieran sacarlo de la ecuación y que se aliarían con quien fuera para conseguirlo.
Repetiré hasta el cansancio sobre la necesidad (que es obligación) de la reforma a la justicia y el lograr el equilibrio de poderes que se ha perdido y que pone en riesgo las libertades individuales de todos los colombianos de todos los partidos.
Celebremos sin olvidarnos que la lucha continúa y que los enemigos por antonomasia ya están en el senado y con representación en las cortes. Solo es cuestión de una elección para que logren el poder absoluto al que se aferrarán por décadas.
