Por: Julián Quintana
Es muy grave la situación de hacinamiento en las cárceles y penitenciarías Colombianas, un problema que existe desde hace varios años, sin que hasta la fecha se haya encontrado o por lo menos esté cerca alguna solución.
Recientemente el INPEC aseguró que las 132 cárceles del país, tienen capacidad para 80.900 personas. Es alarmante encontrar que hoy tenemos 97.116 internos, con una sobrepoblación de 16.216 privados de la libertad, lo que representa el 20 % de hacinamiento.
Según el INPEC actualmente hay 74.511 condenados, y por otro lado 22.605 personas en detención preventiva sin sentencia, estas ultimas aun son consideradas inocentes. Al total de estos detenidos se suman las miles de personas que se encuentran privadas de su libertad en centros transitorios de reclusión, a cargo de otras autoridades. Generando una situación inhumana para los privados de la libertad, produciendo además nuevos fenómenos de violencia al interior de las penitenciarías.
Como país -teniendo en cuenta que está grave situación no es culpa de los fiscales, jueces, ni del gobierno-, no podemos seguir sustrayéndonos a encontrar una pronta solución a este problema, que en mi opinión requiere una reforma profunda del sistema, pues las personas privadas de la libertad, independientemente de su situación jurídica, merecen respeto y condiciones dignas de reclusión. No se puede seguir asimilando la pena o la medida de aseguramiento como una venganza estatal.
Tal vez esta visión equivocada de los fines de la pena y de las medidas de aseguramiento, está provocando que se consideren a las persona que han sido objeto de la acción penal, como peligrosos enemigos. Creyendo al parecer que no son sujetos de derechos y que deben ser excluidos de la sociedad.
Por lo tanto, se debe analizar nuestro sistema penal, y elaborarse una reforma de fondo, que garantice la máxima del derecho penal y es que la acción penal sea la ultima ratio –el último recurso del Estado para proteger bienes jurídicos- y no la regla general para la solución de los conflictos.
En casos donde por ejemplo, un padre irresponsable es enviado a prisión por no pagar alimentos ¿Cómo va a trabajar para poder obtener el dinero para cumplir sus obligaciones? ¿En estas situaciones no es mejor buscar otros medios alternativos? Mientras el padre está en prisión la obligación sigue sin pagarse y el menor de edad sin recibir la asistencia alimentaria ¿Para qué sirve entonces la pena en estos casos?. A mi parecer en estos casos no sirve para nada.
Sumándole a lo anterior, los altos costos para el Estado que le implican mantener a la población carcelaria, según reveló el INPEC cada interno le cuesta al país al año 22 millones 401 mil pesos. Por lo tanto, no es descabellada la propuesta del Ministro de Justicia Wilson Ruiz, quien planteó que el Estado debería asumir el pago de la asistencia alimentaria a los menores de edad, como política para descongestionar las cárceles.
Pero además de la reforma al sistema penal y penitenciario, paralelamente se deben resolver varios asuntos para alivianar el hacinamiento. Muchos de los condenados por desconocimiento o falta de una adecuada defensa técnica, no solicitan su libertad condicional, cuando han cumplido las tres quintas partes de su condena. Y en casos donde la condena impuesta puede ser suspendida porque no excede los 4 años, permanecen en prisión generando congestión.
Por otro lado, las personas que son objeto de investigación penal, y que no han sido condenadas, tienen el derecho a defenderse en libertad, hasta tanto, no sean vencidas en juicio, y excepcionalmente a pesar de la gravedad del delito, si se prueba que pueden ser un peligro para la comunidad, fugarse u obstruir la justicia, es viable que se le privé de la libertad, bajo el principio del plazo razonable –que sea juzgado rápidamente-.
Lo anterior no se está respetando, muy a pesar del espíritu de la Ley 1760 de 2015, que busca privilegiar la libertad del investigado, pero en la realidad se invirtió la regla, y hoy son más las personas detenidas preventivamente, y por obvias razones se multiplican los casos donde salen el libertad por vencimiento de términos, dejando en la sociedad una falsa sensación de impunidad, pues se cree que la medida de aseguramiento es una pena.
Lo más sensato sería hacer una reforma legal donde se despenalicen varios delitos. Además restringir la detención de la libertad en casos realmente excepcionales. Por otro lado es urgente la remodelación y adecuación de cárceles y penitenciarías que ofrezcan unas condiciones dignas a las personas privadas de la libertad, donde tengan espacios apropiados para trabajar y estudiar.
