Por: Francisco Hernando Muñoz Atuesta
No es común creer en milagros en estos tiempos, pero quizá para el próximo 19 de marzo, día de San José, se nos conceda uno al que le hemos puesto muchas veladoras.
Nuestro patrimonio cultural sumergido cuenta con una protección constitucional reforzada, por lo que todo lo relacionado con él debe ser objeto de especial interés por parte de nuestras instituciones gubernamentales. Sin embargo, respecto a la probada intrusión y presunto saqueo del contexto arqueológico del galeón San José, nuestras autoridades se rehúsan a reconocer estos hechos y evitan de manera inquietante todo lo relacionado con ese tema.
Es importante recordar que una vez se conocieron las imágenes del contexto arqueológico del galeón San José en 2018, dos años después de ser registradas durante la exploración llevada a cabo por el gobierno de Santos en 2016, numerosas voces especializadas a nivel mundial levantaron la voz para advertir sobre cambios en dicho contexto arqueológico, señalando que el naufragio daba muestras de haber sido objeto de intrusión por evidente acción humana.
En diciembre de 2020 un arqueólogo especialista en contextos de profundidad de la Universidad de Southampton de Inglaterra demostró en un foro con la Universidad del Norte de Barranquilla de manera técnico-científica la evidente intrusión.
En enero de 2021, la Veeduría Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia (VNPCS) presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por la intrusión y presunto saqueo del contexto arqueológico de los restos del naufragio del galeón San José. La denuncia señaló como presuntos responsables al expresidente Juan Manuel Santos Calderón, a la exministra de cultura de esa época, Mariana Garcés Córdoba, y a un asesor legal del ministerio, Juan Manuel Vargas Ayala. También se mencionó en la denuncia al antropólogo Ernesto Montenegro Pérez, quien dirigía el ICANH en el momento de los hechos y quien lidera o asesora el proyecto de intervención al galeón San José del gobierno actual, igualmente se señaló en la denuncia al arqueólogo Carlos del Cairo Hurtado, a quien se le encontraron registros depagos por sus servicios por cerca de 50 mil dólares en los costos de estructuración de la exploración de 2016realizados por parte de la firma extranjera MaritimeArchaeology Consultans (MAC) “socia” del gobierno Santos en esa exploración. Además, se incluyó entre los presuntos responsables al entonces director de la Dirección General Marítima (DIMAR), vicealmirante Pablo Emilio Romero Rojas, entre otros.
La Fiscalía General de la Nación afirmó haber enviado la denuncia penal a la Cámara de Representantes del Congreso de la República el 27 de enero de 2021, alegando «competencia». Esto, en la práctica significó que, debido a la implicación de un expresidente con fuero, el resto de los implicados (carentes de fuero) se vieron «beneficiados» por la decisión de la Fiscalía, pues nadie fue investigado.
Pasamos cerca de tres años preguntando a la Fiscalía las razones legales que le permitieron dejar de investigar a los involucrados carentes de fuero, sin respuesta satisfactoria. Por su parte, la Comisión de Acusaciones después de varios derechos de petición terminó diciendo que ellos solo tenían el deber de investigar al mencionado expresidente, y por más que le insistimos en que regresara esa denuncia a la Fiscalía, esgrimió no tener legalmente esa obligación.
Finalmente, en diciembre de 2023 un juez de tutela le ordenó a la Comisión de Acusaciones que determinara a quienes era que iba a investigar (dado su fuero) y que regresara esa denuncia a la Fiscalía para que esta iniciara la respectiva indagación penal sobre los demás involucrados carentes de fuero. Pero ¡Oh sorpresa! la Comisión de Acusaciones terminó diciendo en febrero de 2024 que ellos nunca recibieron esa denuncia de parte de la Fiscalía.
El juez de tutela había dicho a la Fiscalía que, si esa denuncia se había extraviado que la volviera a radicar, y la Fiscalía General de la Nación lo hizo así el pasado 11 de marzo de 2024.
Finalmente, el 13 de marzo de 2024 el juez de tutela recibió informe del Representante a la Cámara WadithManzur Imbett, quien además, preside la Comisión de Acusaciones, informando que a él le correspondió elconocimiento de dichas diligencias. Y en providencia de esa misma calenda el Insigne Magistrado ordenó al Honorable Representante presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes:
Así que, si todo sigue como hasta ahora, el martes 19 de marzo de 2024 (día de San José), esta denuncia sobre la intrusión y presunto saqueo del contexto arqueológico del galeón San José debe llegar (otra vez) a manos de la Fiscalía, con mandato judicial para que, tras años de estar «engavetada», se dé finalmente inicio a la indagación penal.
Preparémonos entonces para el bochornoso espectáculo de ver a parte del flamante equipo del gobierno de Petro, que participa en el proyecto actual de intervención del contexto arqueológico del galeón San José, tener que comparecer ante la Fiscalía General de la Nación para rendir cuenta de su conducta en los hechos denunciados de 2016 en relación con la evidente intrusión y presunto saqueo de este patrimonio cultural sumergido de ámbitouniversal.
Este es un caso que debe obligar al gobierno, en su papel de rector de las buenas costumbres y formador de conciencia, a actuar con total y absoluta transparencia. Por esta razón, hemos notificado en días pasados de manera directa y formal al Señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro, sobre todas estas novedades, con elpropósito de que detenga de manera inmediata la proyectada intervención sobre el contexto arqueológico del San José. Pues con esa intervención, no solo se corre el riesgo de alterar la escena de un presunto acto criminal, sino que también podría interpretarse como un evidente intento de encubrimiento de los responsables.
Así que como el Presidente no ha dicho nada todavía, les pido a los que aún tengan algo de fe en nuestras instituciones, que este martes 19 de marzo enciendan una vela por el galeón San José.
