Por: Fernando Torres Mejía
Hay instituciones que nacen con una misión excepcional y un tiempo definido para cumplirla. La JEP fue concebida como un mecanismo transitorio para investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Pero ocho años después, la pregunta que debería hacerse Colombia no es solamente cuánto le falta a la JEP, sino cuánto más tiempo y cuánto más dinero está dispuesto el país a entregarle.
Desde 2018, la JEP ha recibido del erario más de $4 billones. Solo en 2026 su nómina fue estimada en $404.477 millones. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, pasó de recibir alrededor de $32 millones mensuales en 2018 a más de $55 millones como presidente, con ingresos acumulados estimados en unos $4.500 millones durante estos 8 años. Son cifras citadas públicamente por el Gobierno que, por sí solas, no prueban ninguna irregularidad, pero sí justifican una pregunta legítima sobre costo, resultados y rendición de cuentas.
El problema, entonces, no es solamente presupuestal. Es de resultados, de propósito y de fondo.
Si el debate se quiere asumir con verdadera coherencia, no podemos quedarnos en la discusión sobre reducir o no reducir el presupuesto de la JEP. La pregunta de fondo es mucho más profunda: ¿tiene sentido que esta jurisdicción continúe? Desde su nacimiento han existido serios cuestionamientos sobre su legitimidad, tanto en Colombia como en el ámbito internacional, y para sus críticos esas dudas nunca han sido plenamente despejadas. A ello se suma una percepción que sigue generando enorme rechazo: que la JEP terminó construyendo un modelo de justicia especialmente favorable para quienes pertenecieron a las FARC, con beneficios que muchos consideran incompatibles con la gravedad de los crímenes cometidos. Las decisiones adoptadas en el Macrocaso 01 son, precisamente, uno de los ejemplos que alimentan esa indignación. Para muchas víctimas y para amplios sectores de la sociedad, lo ocurrido allí no representa la justicia que esperaban, sino una respuesta que consideran ofensiva para las víctimas, para el país y para los principios más elementales de justicia y dignidad humana.
Esa crítica no puede simplemente descalificarse como enemistad con la paz. Tampoco puede convertirse automáticamente en una sentencia sobre la legitimidad jurídica de toda la jurisdicción. Pero sí debe ser escuchada. Una institución creada para cerrar una de las páginas más dolorosas de nuestra historia tiene que demostrar que su modelo produjo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en una dimensión proporcional al tiempo y a los recursos que el país le ha entregado.
Y aquí aparece una discusión que ya no debería aplazarse.
La legislación vigente estableció 10 años para la presentación de acusaciones y cinco años posteriores para concluir la actividad jurisdiccional. Por eso el 15 de marzo de 2028 se ha convertido en una fecha trascendental. El debate que Colombia debería asumir es si ese día debe convertirse en el punto final improrrogable de la JEP, sin concederle otros 5 años para prolongar su existencia institucional.
No se trata de desconocer a las víctimas. Es precisamente por respeto a ellas que debe existir una fecha límite clara. Una jurisdicción transitoria no puede terminar transformándose en una estructura permanente porque siempre existen nuevos asuntos pendientes.
También está el debate sobre el gasto. Recientemente, se han formulado denuncias sobre viajes internacionales de funcionarios y magistrados de la JEP que sus críticos consideran innecesarios o insuficientemente justificados. La JEP sostiene que esos desplazamientos responden a necesidades misionales. Ese contraste exige transparencia: cada viaje, cada viático y cada peso gastado debe poder ser explicado ante los colombianos.
Mientras se discute si deben asignarse más recursos a la JEP, Colombia enfrenta una situación fiscal que obliga a revisar prioridades. La propia Presidencia ha señalado que los recursos públicos son limitados y que la jurisdicción debe explicar qué ha hecho con los recursos recibidos y por qué necesita nuevas apropiaciones.
Entretanto, la discusión presupuestal volvió a convertirse en una discusión política. El 2 de octubre de 2016, el NO al Acuerdo de Paz obtuvo el 50,21 % de los votos frente al 49,78 % del SÍ. Fueron apenas 53.894 votos de diferencia, pero suficientes para demostrar hasta qué punto estaba dividido el país.
Hoy regresan las mismas palabras: FARC, impunidad, víctimas, perdón, castigo y acuerdo de paz. Las redes sociales vuelven a ser combustible de la confrontación y la discusión sobre el presupuesto de la JEP terminó reactivando la polarización que se arrastra desde aquel plebiscito.
Pero esta vez deberíamos ser capaces de discutir de otra manera.
No se trata simplemente de recortar $100.000 o $170.000 millones. No se trata de otorgarle a la JEP un cheque en blanco. Se trata de decidir si una jurisdicción creada como transitoria cumplió suficientemente su misión y si existe una justificación para prolongarla más allá de lo estrictamente necesario.
Después de 8 años, miles de millones de pesos y resultados que continúan generando controversia, Colombia tiene derecho a formular una pregunta incómoda. ¿Por qué no establecer el 15 de marzo de 2028 como la fecha definitiva e improrrogable para cerrar esta jurisdicción y trasladar lo que quede pendiente bajo las reglas que correspondan, garantizando los derechos de las víctimas?
La paz no puede convertirse en una excusa para aplazar indefinidamente las cuentas. Tampoco la crítica a la JEP puede significar desconocer a quienes esperan verdad y justicia. Pero una institución excepcional tiene que aceptar que el tiempo también es una forma de rendición de cuentas.
El país ya pagó el costo de la guerra y ha financiado durante 8 años una jurisdicción especial. Ahora tiene derecho a exigir que esa etapa tenga un final definido. El 15 de marzo de 2028 puede ser mucho más que una fecha: puede ser el momento de cerrar una jurisdicción que nació para ser transitoria y abrir una nueva etapa en la que la justicia, la verdad y la reparación continúen, pero sin estructuras institucionales indefinidas. Porque después de ocho años, la paz también necesita resultados, límites y, sobre todo, una fecha para terminar.
