Por: María Fernanda Cabal
Cerca de las diez de la noche del jueves 10 de septiembre, María del Carmen Viuche se encontraba en la avenida Ciudad de Cali con calle 137 de Bogotá, cuando un bus del Sistema Integrado de Transporte Público la arrolló, causando su muerte de manera inmediata.
La mujer, de 40 años, que según vecinos del sector se dirigía a su casa, nada tenía que ver con las manifestaciones que durante varias horas generaron pánico en la ciudad.
Era la segunda noche de protestas y un grupo de varios delincuentes, con cuchillos y pistolas, robaron a los pasajeros que iban en el SITP para luego obligarlos a bajar y secuestrar el vehículo. «No les importó y le pasaron por encima» aseguró un testigo que vio cómo los bandidos perdieron el control y se estrellaron contra una vivienda, emprendiendo luego la huida.
El caso de María del Carmen pasó casi desapercibido y al día siguiente no ocupó los titulares de los principales medios de comunicación del país, por una sencilla razón: Su muerte a manos de salvajes no sirve para la propaganda de la izquierda y su campaña de desprestigio contra la Fuerza Pública.
En otros puntos de la ciudad, cientos de policías trataban de protegerse y salvar sus vidas de grupos de desadaptados que los perseguían para empalarlos o quemarlos vivos.
En total fueron tres días de desmanes y protestas que se desataron bajo la excusa de un hecho deplorable: el asesinato de Javier Ordoñez. Hay quieres narran que la víctima tenía antecedentes de maltrato familiar y graves problemas de convivencia con sus vecinos, y que los llamados al CAI a poner orden era demasiado frecuentes. Todo terminó en el accionar violento de dos policiales enardecidos, que olvidaron su insignia y sometieron al patíbulo a toda una institución.
Con la misma fórmula que los grupos radicales aplicaron en Estados Unidos, tras el homicidio de George Floyd; en Colombia, cientos de manifestantes se arrojaron a las calles para exigir – supuestamente- el cese de la violencia y pedir justicia.
El resultado: Diez personas muertas y más 300 policías lesionados, 14 de ellos con rango de oficiales. Sus testimonios dan cuenta de cómo la turba quería empalarlos vivos, les rociaban gasolina para quemarlos e incluso a las mujeres policías les cayeron a golpes aún estando tumbadas en el suelo.
El chaleco de uno de los policías tenía un orificio de bala y otro agente terminó con un proyectil en los testículos. Con sevicia, los ataques también trascendieron a ciudadanos que fueron abordados por sicarios en medio de los disturbios.
64 civiles resultaron heridos con arma de fuego y 27 más, con armas cortopunzantes. Así como también, más de 70 CAI fueron vandalizados y 10 incinerados, más 37 vehículos vandalizados y 8 incinerados.
Investigaciones de inteligencia aseguran que dichas manifestaciones fueron inducidas y coordinadas por células del Ejército de Liberación Nacional -ELN- y disidencias de las FARC, vinculadas al narcotráfico, con el propósito de generar caos en Bogotá.
Los grupos terroristas estarían operando desde cinco localidades de la capital -Suba, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy-, mediante tareas de infiltración y reclutamiento de jóvenes en universidades. Informes preliminares indican que estos grupos se organizan para hacer convocatorias a través de las redes sociales y luego cometer desmanes en contra de las autoridades en momentos de agitación, como el desencadenado por la muerte de Javier Ordóñez.
De la misma forma, señalan que desde finales de 2019 se esperaba una tromba criminal de esas magnitudes y se tenía información de que en una de las movilizaciones de marzo, que la pandemia habría detenido, los CAI eran los objetivos.
Tanto en el seguimiento a los sucesos recientes como a las protestas registradas a finales del año pasado, se evidencia la presencia de distintos grupos extremistas como Antifa y el movimiento internacional ACAB -All Cops Are Bastards (en español: Todos los policías son bastardos)-, cuyas actividades se desprenden de conexiones con colectivos de otros países.
Pero lo más preocupante de todo fue el silencio cómplice de la alcaldesa Claudia López, que fue advertida del posible desenlace de las manifestaciones si ella no tomaba las medidas adecuadas. Sin embargo, no hizo nada por salvaguardar la vida de los ciudadanos.
Contrario a lo que cualquier mandatario haría, acusó a los miembros de la Policía Nacional de ser los causantes de la violencia contra los civiles y, en contravía de sus propios decretos de distanciamiento social por Covid, autorizó marchas a grupos de desadaptados como los autodenominados “Siempre con las putas, nunca con los tombos”, “El norte se une o se quema”, “Noche sin miedo”, entre otros; para que continuaran poniendo en jaque la seguridad.
Convertir los CAI en bibliotecas, no es otra cosa que la fachada propagandística de la revolución cultural que hicieron en Venezuela, para eliminar el control policial del territorio y lograr su pleno dominio.
El tratamiento que se le está dando a los miembros de la Fuerza Pública, es la fórmula prevista por quienes desde la izquierda legal e ilegal, se unen para cumplir los designios de La Habana, una vez urbanizado el conflicto: lograr la tan ansiada reforma de la policía.
Al final, los enemigos del Gobierno, unidos, pretenden llevar a cabo su propósito de tumbar a Duque. Para eso necesitaban incendiar la ciudad y prolongar indefinidamente la desobediencia civil. Amanecerá y veremos.
