El proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc presentado como la formula para acabar con un ‘conflicto armado de 50 años’ no ha sido otra cosa que una monumental operación de lavado de activos para legalizar la fortuna de la guerrilla y ponerla al servicio de sus aspiraciones de llegar al poder y no en función de la reparación de las victimas. Un gol que el propio presidente Santos autorizó mediante la expedición del Decreto 903, expedido el pasado 29 de mayo, el cual establece en su artículo 4 que ‘los bienes y activos de las Farc no solo serán para reparar a las víctimas, sino también para la reincorporación de la guerrilla y para el funcionamiento centro de pensamiento político del partido de las Farc’; No en vano, esta decisión ha sido criticada por el Fiscal Néstor Humberto Martínez quien tiene evidencia de millonarias cuentas y activos de las Farc escondidos en cuentas y propiedades en el exterior.
Ahora sale a la luz un nuevo modus operandi mediante el cual la guerrilla aprovechándose de la ‘buena fe’ de los negociadores del gobierno habrían logrado capitalizar dinero de la droga mediante el proceso de paz. El 31 de Julio el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, advirtió que estaba investigando casos relacionados con el pago de USD 5 millones de dólares por la inclusión de jefes y capós del narcotráfico y las bandas criminales en la lista de cerca de 14.088 militantes de las Farc para poder acceder a los beneficios económicos y judiciales del proceso de paz.
La advertencia de la embajada de los Estados Unidos estaba soportada en información de inteligencia a la cual ha tenido acceso el Expediente, según la cual, serían al rededor de 350 capos del narcotráfico -sin contar con los miembros del Secretariado catalogados por las agencias americanas como narcotraficantes y terroristas extraditables- los que habrían logrado camuflarse como subversivos a cambio de posibles pagos al comité de verificación integrado por 20 miembros de la cúpula de la guerrilla que entregó los listados a los negociadores del gobierno, el comisionado Sergio Jaramillo y el jefe negociador y ahora candidato presidencial Humberto De La Calle.
La oficina del Alto Comisionado Rodrigo Rivera se anticipó a las denuncias que ya comenzaban a salir a la luz y dijo que fue el gobierno el que identificó cerca de 350 casos que estaban bajo sospecha y que la guerrilla retiró de sus listados 160 nombres sobre los cuales existían dudas: “Nos pasaron la lista de nombres, 14.088 nombres hasta el momento, de ellos han sido certificados 11.200. Ya van como unos 350 nombres que hemos denominado ‘casos sensibles’ y creo que el Gobierno tiene dispuestos, con este comité técnico e interinstitucional, los mecanismos suficientes para evitar que se cuelen en la lista de acreditados esas personas que no pertenecen a las Farc”.
La federación de victimas de la Guerrilla que lidera la senadora liberal Sofia Gaviria y el periodista Herbin Hoyos han venido denunciado esta situación y ayer 11 de septiembre le presentaron al fiscal Néstor Humberto Martínez una denuncia por los delitos de concierto para delinquir; lavado de activos, fraude procesal; fraude a resolución judicial y falso testimonio a 22 miembros del comité técnico de interinstitucional de verificación liderado por Timochenko, Iván Marquez y el abogado español Enrique Santiago.
En la denuncia se relaciona los nombres de narcotraficantes que fueron incluidos en las listas de las Farc y que buscarían acceder a los beneficios de la Justicia Especial Para la Paz (JEP)
Irineo Romero Sánchez, el mexicano capturado hace 6 meses, negociador de coca en Colombia directamente con el clan del golfo para los carteles de Sinaloa y de ‘los Zetas’.
Édgar Ernesto Castillo Rico y Giovanny Castillo Rico, pedidos en extradición por la justicia italiana por narcotráfico, aliado de la mafia calabresa y del paramilitar Salvatore Mancuso.
Eduardo Cabrera, el ‘Cura’, hermano de ‘Fabián Ramírez’, está pedido en extradición por enviar cada mes 1.500 kilos de coca, desde Caquetá.
Édison Washington Prada, capo ecuatoriano, y los miembros de su banda narcotraficante, Diego Fernando Arizala alias “el ecuatoriano”, Leonardo Adrián Vera y Luis Alejandro Ortiz.
Otros capos de bandas criminales son Osías Riascos, Rubén Durán Moreno, Franklin Mosquera Quejada, Édinson Perlaza Orobio, Santos Narváez Ansazoy, José Danilo Rodríguez, William Lozano Bustos, Germán Muñoz Hoyos, Wilfrido Bernardo Ruano Yandú, Jhon Jairo Valencia Castro, Jáder Araújo, Tito Aldemar Ruano, Éider Bonilla Morán, Francisco Pineda Paredes y Tomás Martínez Minota.
JEFES DE BANDAS CRIMINALES COLADOS
Juan Carlos Cortecero, cabecilla de las ‘Águilas Negras’.
Martín Emilio García Agudelo, cabecilla del clan del golfo.
Miguel Bastidas Bravo, alias Gárgola, jefe de la narcobanda conocida como ‘la Constru’, que opera en el Putumayo y mueve 2 toneladas de coca al mes.
Jáider Sullivan Dajome Vidal, jefe de ‘los Rastrojos’.
Luis Alberto Ramos Amézquita, jefe de la banda criminal ‘los R-15’.
Alexánder Romero Sepúlveda alias “Fercho”, está condenado a 14 años de cárcel por tentativa de homicidio y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas1 por actuar como jefe de sicarios de una banda que trabajaba para el mejor postor entre estos supuestamente algunos patrones de la zona del Occidente de Boyacá, según la Fiscalía, por quien la Policía alcanzó a ofrecer una recompensa de 20 millones de pesos como responsable del intento del homicidio del esmeraldero Hernando Sánchez en octubre del 2012.
