Por: Jaime Arturo Restrepo R. El Patriota.
Hace un año se conmemoró el bicentenario de la independencia de Colombia, como un hito histórico de una gesta heroica, que nos escindió de un poder foráneo, arbitrario y concentrado en cabeza de un monarca. Doscientos años después muchos nos preguntamos: ¿cuál es la independencia qué con tanto ahínco pretenden inocular en el imaginario colectivo?
El diagnóstico es preocupante cuando el vacío de poder, la corrupción y los vicios politiqueros después de doscientos años de formación republicana son más agudos que los de la colonia, época pretérita cuando los territorios del Virreinato de la Nueva Granada (Colombia) sucumbían frente al clientelismo, nepotismo, compra de cargos públicos y la corrupción, liderada por criollos (hijos de españoles nacidos en América) y españoles salvaguardando sus monopolios de poder político y económico.
La gesta libertadora propendió por el derrocamiento de un poder omnímodo, con oferta de libertad y paz en manos de un nuevo sistema político republicano con poderes temporales y división de los poderes públicos, pero los intereses hegemónicos en las Provincias Unidas de la Nueva Granada y luego en la Gran Colombia fracturaron el espíritu de cohesión y de paz pretendido. Nueve guerras civiles intestinas durante el siglo XIX sembraron de sangre nuestra geografía entre centralistas y federalistas; y a mediados del mismo siglo, el derramamiento de sangre continuó por el choque entre el conservadurismo confesional y el liberalismo laicizante.
En el siglo XX incursionaron en nuestro territorio ideologías foráneas desde la antigua URSS y Cuba (materialismo histórico y dialéctico) ofertando una fórmula para la utópica igualdad, y la libertad, cimentada en la lucha de clases y en la apropiación de los medios de producción por el Estado. Ideología que en su práctica le ha legado a la humanidad más de 100 millones de muertos. El comunismo en Colombia con sus variantes dialécticas socialismo y progresismo, aún continúan siendo máquinas de muerte y miseria. Ideología de sangre que ostenta actual participación política (Partido Comunista (FARC), UP (FARC), Partido Verde (M-19), Polo Democrático (Foro de Sao Paulo), Decentes (M-19), Partido FARC y el Partido Liberal que hace parte de la Internacional Socialista) y la existencia de un brazo armado en cabeza de los carteles del narcotráfico FARC y del ELN.
Hecha esta limitada introducción ejemplificativa que omite por brevedad innumerables hitos importantes de nuestra historia, se hace pertinente deducir, que las organizaciones hegemónicas de poder político y económico desarrolladas en nuestra historia en torno al centralismo, al federalismo, al bipartidismo, al marxismo-leninismo o al actual multipartidismo con castración doctrinaria; son mafias monopólicas que no cumplieron con las necesidades más sentidas del pueblo colombiano y que en esencia han trabajado para saciar sus propios intereses, sin diferencias teleológicas.
El diagnostico en el albor del siglo XXI para nuestra patria es dantesco y apocalíptico, no por la pandemia que estamos padeciendo, sino por nuestras realidades políticas, sociales y económicas que son caldo de cultivo para el estallido social, la anarquía y el empoderamiento de una izquierda gramsciana y combinadora de todas la formas de lucha, que atenta contra los principios democráticos y las bases republicanas, de la mano con el globalismo; quienes hacen ingentes esfuerzos por acabar con nuestra soberanía, independencia y sentido de pertenencia nacional. No podemos olvidar que el comunismo-socialismo-progresismo y el globalismo son proyectos internacionalistas, sin fronteras.
Soberanía:
Desde el Virreinato de la Nueva Granada hemos perdido casi el 50% de nuestro territorio por la falta de pundonor y de dignidad de la clase política colombiana, quienes han entregado sin la mayor oposición y con cobardía nuestra soberanía territorial, casualmente mediante tratados y laudos en donde aparece de forma sistemática el apellido Holguín, como artífice de la expoliación que se ha heredado de generación en generación por esa familia de verdugos de la patria.
De principios del siglo XX hay que remembrar el escarnio de la separación de Panamá, con la coautoría del intervencionismo norteamericano. No obstante esta macula de nuestra historia, la patria cual meretriz humillada, sigue portando en su estandarte un escudo con el istmo de Panamá, haciendo apología a la expoliación.
Nuestra soberanía territorial sigue siendo devorada de forma inclemente e infame, tal como quedó evidenciado en el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 2012, en donde Colombia perdió el 40% de su mar y parte de su plataforma continental en favor de Nicaragua, comprometiendo nuestra riqueza pesquera, con zonas de yacimientos de gas y de petróleo. No contentos con el resultado del fallo, ahora los nicaragüenses vienen por más.
En el año 1944 finalizando la II Guerra Mundial se creó el sistema Bretton Woods, con el objetivo de propiciar un nuevo orden económico internacional, dando nacimiento al Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya motivación fundacional consistió en la misión filantrópica de prestar dinero a países con problemas económicos, y al Banco Mundial (BM) para apoyar inversiones de países con problemas financieros causados por la guerra o por conflictos internos. Génesis llena de buenas intenciones, que en la práctica se tradujo en un negocio rentable, en contravía del espíritu para el cual fueron creados.
A junio del 2019 Colombia ostenta una deuda externa de US$ 134.972 millones, de los cuales US$73.211 millones corresponden a la deuda pública externa y US$61.761 millones a la deuda externa privada. El gran endeudamiento colombiano, más el alto nivel de las tasas de interés, condenan a nuestro país a un vasallaje perpetuo, a una economía secuestrada, a una dependencia ilimitada y en consecuencia a una soberanía de adorno, en donde nuestra patria emergente pierde toda posibilidad de autonomía política y de autodeterminación para su desarrollo, frente a las imposiciones y condicionamientos de su acreedor (Plan Baker). Es ya la hora de que hagamos una seria oposición a un intervencionismo económico voraz, que cada vez sumerge en terreno movedizo nuestras raíces de Estado Nación. No podemos continuar empeñando nuestro depauperado patrimonio patriótico.
No huelga recalcar como nuestra soberanía territorial, piedra angular de nuestra patria, también se ve amenazada desde la debacle de la venta de tierras a extranjeros con el respaldo de un marco jurídico que asegura la expoliación de nuestro territorio en demerito del inertes general. El Consenso de Washington en la década de los ochenta propugnó por la creación de fórmulas para la liberalización a los derechos de propiedad, para la liberalización de las barreras para la inversión extranjera directa, lo que se vería con muy buenos ojos si estas políticas apuntaran al crecimiento económico y al desarrollo sostenible de nuestra patria, pero no es así; toda vez que la falta de control jurídico abre las puertas a los especuladores de tierras, para que accedan a comprar nuestro patrimonio territorial a precios de huevo, considerando el tipo de cambio no competitivo del peso colombiano frente a monedas fuertes como el dólar y el euro.
De acuerdo al informe Generando el interés global sobre las tierras de cultivo del Banco Mundial: “Colombia tiene cerca de 21.5 millones de hectáreas de tierras no cultivadas aptas para la agricultura, lo que representa el 7,5% del total de américa Latina: Colombia es el cuarto país de la región con mayor cantidad de tierras disponibles, detrás de Brasil, Bolivia y Argentina”, lo que hace de nuestra patria un importante bastión de inversión para multinacionales y extranjeros que no solo imponen la compra de semillas certificadas, sino que además pueden desarrollar proyectos agropecuarios con diferencias arancelarias y con subsidios desde sus países de origen (TLC), haciendo imposible una competencia real, relativizando de esta manera nuestra soberanía con la compra masiva de tierras colombianas a manos de extranjeros y multinacionales. Al paso que vamos dentro de muy poco tiempo, de colombianos solo nos quedará la cédula de ciudadanía, a lo sumo.
Increíble pero cierto. Colombia un país con 1.142.000 kilómetros cuadrados de área territorial, sin estaciones y con todos los pisos térmicos, al día de hoy importa la mayoría de productos para la canasta familiar.
Nuestra soberanía moribunda casi yerta, también se ve comprometida con la concesión desmedida de tierras para la explotación minera que de acuerdo con información de la Contraloría General de la Nación, a finales de 2010, casi el 60 % del territorio nacional estaba dado en concesión o tenía solicitudes pendientes.
Con este diagnóstico se erigen los cimientos para la destrucción absoluta de la producción agrícola en Colombia y para la capacidad de producir los alimentos que necesita la población colombiana, conculcando nuestra seguridad y soberanía alimentaria. En este orden de ideas se hace fundamental arrebatar el discurso de la defensa de la tierra a la izquierda camaleónica y fratricida proponiendo políticas públicas de reivindicación histórica a la ruralidad y a nuestro campesinado con respeto irrestricto a la propiedad privada. De no hacerse así, seguiremos nadando en coca per saecula saeculorum.
La soberanía interna de Colombia está fragmentada y atomizada en una cantidad de “republiquetas”, que hacen jurídica y fácticamente imposible la gobernabilidad y presencia efectiva del Estado en la totalidad del territorio nacional, haciendo de la autoridad, el orden y la justicia, utopías en un país cuyos territorios se han convertido en madrigueras de organizaciones narcoterroristas amparadas en la impunidad que les otorga el delito político. Zonas de repliegue estratégico y de aprovisionamiento logístico para bandoleros, que sumergen en terreno movedizo los presupuestos básicos para un Estado Nación.
Resguardos indígenas, fondos de tierras, zonas focalizadas y priorizadas para los delincuentes indultados y sus redes de apoyo, universidades públicas, comunidades de paz, laboratorios de paz, zonas de reserva campesina, zonas veredales transitorias de normalización y territorios de desarrollo con enfoque diferencial – PDET, son sinónimos de figuras jurídicas que se han creado para el blindaje de feudos amurallados al servicio de la criminalidad jacobina, en donde no permiten la presencia de la fuerza pública y ostentan autonomía para la apropiación legal y destinación de recursos públicos y de la cooperación internacional.
Las organizaciones no gubernamentales ONG, nacionales y extranjeras, se han convertido en el caballo de batalla contra la autodeterminación de la nación colombiana, imponiendo parámetros de estandarización cultural globalizante, minando la verdad histórica y sirviendo como redes de apoyo y de altoparlante a las organizaciones narcoterroristas. ONG que son oxigenadas y financiadas por el mismo Estado y por la comunidad internacional.
Seguridad Nacional:
Este capítulo a la luz de la realpolitik (Otto Von Bismarck) está inherentemente relacionado con nuestra permeable soberanía y decadente Estado Nación, en consideración a la trazabilidad directa entre seguridad nacional y seguridad ciudadana como estandartes basales para el mantenimiento de la soberanía y de la democracia perfectible.
Colombia ocupa el quinto lugar en América latina en el Índice Global de impunidad, por ejemplo en el caso de hurto de los más de 240.000 capturados en el año 2017, 91.423 ya habían sido capturados anteriormente delinquiendo. Del 71% de los delitos conocidos por la Fiscalía, solo el 27% se encuentran activos en etapa de investigación. (Índice Global de Impunidad (IGI) elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla, México).
De los 12.277 homicidios que se cometieron en el año 2019 solo fueron esclarecidos 3.722, de las 447.156 denuncias por hurtos en el 2019 solo hay 27.000 personas sindicadas o condenadas, de las 36.812 denuncias de delitos sexuales en el 2019, solo se esclarecieron 4.527 casos, equivalentes al 12.3%. En el año 2019 la ciudadanía denunció ante la Fiscalía 1.477.989 delitos, de los cuales 7 de cada diez terminaron archivados. Esto sin considerar los miles de casos que no son denunciados por la falta de credibilidad y de legitimidad en el sistema de justicia.
Los consuetudinarios indultos, amnistías, leyes de punto final y modelos de justicia transicional que exacerban la impunidad y motivan la continuación o creación de nuevas organizaciones ilícitas.
Con estos datos evidentes, necesaria y fatalmente hay que concluir que Colombia se convirtió en el paraíso de la criminalidad, donde campean toda suerte de organizaciones al margen de la ley, y la delincuencia común armada hace de las suyas contra el ciudadano honesto, sin una respuesta eficaz e idónea por parte de los sistemas de seguridad, justicia y castigo.
Sea lo primero acotar que en la práctica, toda la normatividad y protocolos internacionales para la defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, se han prestado para redundar en garantías en favor del delincuente, el criminal, el bandido y el victimario, en demerito de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de las víctimas; mientras los sistemas internacionales como la ONU (Corte Penal Internacional) y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Comisión y Corte Interamericana), ejercen tiempo completo en favor de la impunidad rampante para criminales de lesa humanidad, tal como lo hicieron con las FARC apoyando un acuerdo espurio de la Habana, que violenta la jurisprudencia de la CIDH y al Estatuto de Roma que rige la CPI.
El prisma analítico de esta situación tan oscura y preocupante para el futuro de nuestros hijos, se advierte en las falencias y corrupción entre el sistema de justicia, el sistema de seguridad y el sistema de castigo, ya que fiscales, jueces, fuerza pública y el sistema penitenciario y carcelario están edificados de manera precaria para favorecer y motivar la delincuencia.
Verbo y gracia el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la Policía Nacional Colombiana se basa en la permanencia de los mismos policiales en las mismas zonas o sectores urbanos y rurales por dos o más años, situación que expone a los policiales para la intimidación, cooptación y conexión con delincuentes y organizaciones al margen de la ley, política que resulta inconveniente para la convivencia y la seguridad ciudadana. A mi modo de ver debería implementar un método de rotación constante de policiales en las diferentes estaciones de policía regionales y en el país.
Por su parte el Código Penal y de Procedimiento Penal colombianos redundan en nutridos beneficios y garantías para los delincuentes que hacen de la justicia en Colombia una verdadera burla para las víctimas, aunado a la corrupción y politización que campea en la Fiscalía y en la administración de justicia en favor del crimen organizado. Fenómeno conocido como el cartel de la toga.
Respecto al sistema de castigo, no hay un antro de mayor corrupción que el sistema penitenciario y carcelario colombiano que se convirtió en una verdadera universidad del crimen, en donde no se cumple con ninguna de las funciones de la pena. Ni retributiva, ni preventiva, ni protectora, ni mucho menos resocializadora. Desde las cárceles y prisiones de Colombia se extorsiona impunemente, se gestan crímenes, se consumen sustancias psicoactivas, se mueven redes de prostitución, se tiene acceso a telefonía móvil y todo esto gracias a la corrupción de los guardianes y sus sindicatos cómplices, con muchas excepciones claro está.
Para depurar el sistema de seguridad y castigo se hace necesario intervenir radicalmente al INPEC, la Policía de Carreteras y la Policía Aduanera por su falta de eficacia funcional y corrupción.
La misionalidad de las Fuerzas Militares y la Policía se ha visto empañada por la pérdida de rumbo de sus Generales quienes se han dejado permear por la corrupción contractual y las componendas politiqueras. En el Ejército la venta de armas para uso personal y la expedición de permisos de porte y permisos especiales lo convirtieron en otro nicho de corrupción, al punto que un ciudadano de bien para adquirir una pistola para su defensa tiene que destinar desde diez, hasta veinte millones de pesos y permisos especiales hasta cinco millones de pesos, lo que hace casi imposible para un ciudadano honrado de clase media poder acceder a un arma para ejercer el derecho a una legítima defensa. Con esas tarifas y métodos ilícitos quienes terminan armados legalmente son los delincuentes, mientras a los ciudadanos les imponen toda serie de limitaciones y prohibiciones.
Los precursores químicos para el procesamiento de cocaína y la heroína (permanganato de potasio, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y anhídrido acético) son transportados por las carreteras y ríos del país para abastecer los laboratorios de procesamiento, pasando flagrante e impunemente los controles de la Fuerza Pública.
La moral combativa de las tropas fue arrasada con la derogatoria material de la Justicia Penal Militar que terminó con el apresamiento de más de tres mil militares. Ostentar cursos especializados de combate o medallas de orden público se convirtió en el principal indicio para la persecución judicial contra nuestros militares, al punto que la mayoría de los héroes de las operaciones militares más emblemáticas (Sodoma, Odiseo, Sol Naciente, Colombia, Camaleón, Jaque, Dinastía, Filipo, fénix, Alcatraz, Emperador, Libertad Uno, Orión, Gato Negro, Berlín, Independencia, etcétera) fueron llamados a calificar servicios, están judicializados o prefirieron salir del país a trabajar como mercenarios pagados por los Emiratos Árabes. Salvo excepciones, la mayoría del personal con experiencia en combate está por fuera de la institución, quedando mucho oficial de escritorio como el emblemático Mejía, quien fue premiado con embajada en Australia por condecorar al hijo del expresidente Juan Manuel Santos.
El glorioso Ejército de Colombia fue reducido moralmente a las mismas proporciones del terrorismo, desde que permitió que lo igualaran políticamente al enemigo, a la amenaza como un actor más del “conflicto” con epítetos para el enemigo como el “sistema rival” y desde que permitió que le metieran la mano en su doctrina, cambiando su finalidad constitucional (artículo 217 Constitución Nacional) de defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, por un concepto multimisión con funciones de cooperación internacional, contribución al desarrollo, protección del medio ambiente, gestión del riesgo, que desnaturalizaron la esencia de nuestro Ejército como consecuencia del planeamiento estratégico consignado en el Plan Minerva y en su hija la doctrina Damasco. Para la izquierda lo relevante no es acabar con nuestras Fuerzas Militares, lo importante es cambiar el pensamiento de los militares con el mismo ejercicio de transbordo ideológico que le hicieron a los militares en Venezuela o incorporándolos a las nóminas de los carteles del narcotráfico.
La inteligencia estratégica del Estado quedó castrada desde que presionaron a Uribe para desmantelar el DAS por las investigaciones de nexos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el narcotráfico. La Dirección Nacional de Inteligencia DNI, la DIPOL y las Fuerzas Militares quedaron amarradas para investigar y perfilar al enemigo del Estado. La desmantelada inteligencia estratégica quedó reducida a la investigación del poder político para el cobro de favores y asensos o para vender información privilegiada al crimen organizado.
La extradición como un mecanismo de cooperación internacional contra el crimen trasnacional se configuró en su momento como una medida idónea para evitar la impunidad en Colombia, pero actualmente la realidad es otra. Los narcotraficantes más fácil solucionan su problema judicial con los gringos, entregando altas sumas de dinero y pagando penas privativas de la libertad irrisorias; motivo angular para pensar en revaluar ese procedimiento de cooperación.
No es fácil plasmar en un documento sucinto y digerible, un caleidoscopio de ideas que sirvan de carta de navegación para un proyecto político de salvación nacional; no obstante esta consideración, me propuse desarrollar dos ítem como diagnóstico preliminar, de muchos que arrojarán luces sobre el deber ser para una segunda y definitiva independencia, sin pretender de los amables lectores una matrícula inamovible sobre los postulados propuestos que requieren ampliarse en materias como el sistema de salud, el sistema pensional, y la educación, por ejemplo.
A continuación me limitaré a esbozar algunos conceptos y propuestas desde una derecha doctrinaria, que debe organizarse como alternativa de poder para el pueblo y no como un instrumento de defensa de las hegemonías, monopolios y mafias de poder político y económico, que violentan el interés general de los colombianos. Conceptos y propuestas que muy seguramente ampliaré y desarrollaré en futuros artículos y que se sustentan en pilares de autoridad, orden y justicia:
• Defensa del resultado del plebiscito del 2 de octubre del 2016, cuando el Constituyente Primario dijo NO a la elegibilidad de criminales de lesa humanidad, a la impunidad rampante, al control territorial y a la creación de un tribunal de justicia parcializado al servicio de los terroristas.
• Defensa de nuestra soberanía con la decisión política de no permitir la pérdida de un metro cuadrado más de nuestro territorio nacional.
• Defensa de nuestra soberanía interna impidiendo la fragmentación y atomización de nuestro territorio nacional. No habrá ningún territorio vedado para nuestra Fuerza Pública e instituciones del Estado.
• Frenar el endeudamiento público con el FMI y el Banco Mundial.
• Denunciar los Convenios y Tratados internacionales de DDHH que prohíben la pena de muerte y la prisión perpetua.
• Defensa de la familia natural y de la vida de los no nacidos.
• Instaurar la pena de muerte para violadores, homicidas reincidentes o con ciertos agravantes, secuestradores, casos de macro corrupción y narcotráfico.
• Disminuir la edad de imputabilidad penal a los catorce años.
• Servicio militar o civil obligatorio al Estado por el término de un año para hombres y mujeres de todos los estratos sociales.
• Intervenir el sistema de educación con una curricula para la formación de ciudadanos limitando la autonomía y erradicando a los vándalos con la expulsión de colegios y universidades.
• Instituir el porte legal de armas de fuego como un derecho constitucional para ejercer la legitima defensa, previo el cumplimiento de requisitos legales.
• Permitir el porte libre de armas no letales para la defensa personal.
• Cuestionar al Estado de Derecho como parámetro constitucional, cuando las leyes sirven de trinchera de criminales y bandidos.
• Suprimir y derogar del Código Penal y de Procedimiento Penal todo beneficio y diminuentes penológicas que redunden en un perjuicio para las víctimas y para la sociedad.
• Derogar del Código Penal los delitos políticos que han servido de trampolín para la impunidad y elegibilidad de criminales de lesa humanidad.
• Limitar la jurisdicción indígena cuando se trate de delitos de lesa humanidad o contra menores de edad.
• Limitar la venta de territorio colombiano a extranjeros-multinacionales y sancionar testaferrato de nacionales con esa finalidad.
• Equilibrar los poderes públicos restando poder a las altas cortes, con una reforma que evite su politización.
• Quitarle a la Corte Constitucional su extralimitación legisladora e implementar un sistema de referéndum o plebiscitos para que sea el constituyente primario quien defina temas angulares de interés general.
• Renegociar los TLC propiciando salvaguardas o reservas que protejan nichos de interés público esencial como la salud y la soberanía alimentaria. Conservadurismo económico.
• Recuperar y ampliar el sistema ferroviario nacional y proyectar el canal interoceánico Atrato – Truandó como obras estratégicas de infraestructura.
• Limitar la operatividad de ONG extranjeras en el país y de ONG nacionales financiadas con recursos internacionales que se involucren en temas políticos y que sirvan de redes de apoyo al terrorismo activo o indultado.
• Prohibir la financiación o contratación de cualquier ONG con dineros públicos.
• Penalizar toda forma de apología al delito.
• Ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba y con Venezuela, y con cualquier país que sirva de cómplice u auspicie y defienda a los narcoterroristas que tanto daño le han hecho a nuestro país.
• Retirar al Estado Colombiano de cualquier sistema de justicia trasnacional que propenda por la impunidad de narcoterroristas o que actúe contra el país mediante sesgos ideológicos.
• Prohibir el sistema de registro y conteo electrónico de votos por el peligro que representa para garantizar el derecho al sufragio por la fácil manipulación informática del sistema (Proyecto globalista)
• Disminuir a la más mínima expresión el asistencialismo de Estado, los subsidios y toda forma de Estado benefactor.
• Crear un sistema de rotación permanente de policiales dentro de la misma jurisdicción que imposibilite o dificulte la cooptación de servidores públicos por las bandas criminales.
• Prohibir la participación de profesores adscritos a FECODE como jurados de votación durante las elecciones.
• Prohibición de indultos, amnistías, leyes de punto final o mecanismos de justicia transicional que implementen la impunidad para crímenes de guerra y de lesa humanidad.
• Recuperar la doctrina de Seguridad Nacional para nuestras Fuerzas Militares.
• Dotar a la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía) con armas no letales adicionales a las armas de fuego para inhabilitar a cualquier agresor de manera proporcional.
• Reforzar al Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional – ESMAD como el mecanismo idóneo contra la protesta violenta, el vandalismo y la anarquía.
• Propugnar por la reducción eficiente del Estado, del gasto público y de la carga impositiva para los ciudadanos. Reducción del Congreso y del salario de los congresistas en un 50%.
• Creación de un sistema de financiamiento público para las campañas políticas con estricta limitación presupuestal, restándole margen de maniobra a los contratistas financiadores de campañas.
• Prohibir la pauta publica en cualquier medio privado.
• Consolidación de un comité interdisciplinario para el pago de recompensas por información sobre blancos de alto valor.
• Creación de un Bloque de Búsqueda interinstitucional contra la corrupción.
• Reforma al sistema de salud con propósitos de calidad y cobertura. La salud no puede continuar siendo un negocio de unos pocos en demerito de la vida y la salud de los colombianos.
• Reforma al sistema pensional incrementando cotizantes y reformando el régimen de prima media con limitación al monto de las pensiones más altas.
• Revaluar la extradición como sistema de cooperación internacional por las razones ya esgrimidas.
• Desarticular o reformar desde sus bases al INPEC por la corrupción imperante y volver a montar la macro prisión de alta seguridad aislada en las selvas del Araracuara para condenados de alta peligrosidad.
• Proyecto agrario con acceso a tierras vacantes o baldías, con créditos blandos de fácil tramitación para insumos, que reivindiquen la deuda histórica con nuestro campesinado y arrebaten al campesino de las manos del narcotráfico y las organizaciones al margen de la ley.
• Propender por la investigación, juzgamiento y condena de los miembros del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, los Núcleos Bolivarianos, Milicias Bolivarianas, Milicias Populares, Redes urbanas, las uniones Solidarias de Base (ONG de FARC), el PC3 (Partido Comunista Clandestino Colombiano de las FARC), los 100 sabios de las FARC tan mencionados en el Caguan de Pastrana y la Comisión Internacional de las FARC.
• Políticas de respeto por la diferencia sin que esto signifique la aceptación de la diferencia o la imposición de la misma mediante la ideología de género.
• Rescatar el protagonismo del Estado como referente de identidad nacional.
