La sede de la Dirección Regional del ICBF en Bogotá amaneció este domingo con las paredes y el piso marcados. Crayón, aerosol, “las niñas resisten” y, en el suelo, “Solidaridad Palestina Libre” y “Cómplices”. La asonada no fue espontánea. Salió desde la Unidad Nacional, acompañada de los mismos grupos radicales que se esconden en la autonomía universitaria, que se ponen capuchas y que trabajan de la mano con grupos guerrilleros.
En el lugar estuvo Susana Muhamad, exministra de Ambiente de Gustavo Petro. Videos que circulan en redes sociales la ubican en la escena y en las acciones de vandalismo que ella misma difundió en su cuenta de X. La exministra se habría interpuesto ante la fuerza pública advieriendo que no podían entrar porque adentro había niños. No fue solo un plantón ni un rayón. Fue el uso de los niños como barrera: no intervengan, hay niños.
El mismo tipo de argumento con el que, en guerra, las guerrillas han buscado frenar operativos del Estado poniéndose detrás de civiles y de menores. Aquí no hay fusil ni campamento. Hay una sede del Bienestar Familiar, pintura y una exfuncionaria del gobierno anterior en la escena. La instrumentalización de los niños forma parte del mismo modus operandi.
Las propuestas presentadas por Susana Muhamad para la mesa de negociación del ELN consistieron en la declaración de «Zonas de Paz con la Naturaleza» en áreas bajo control de la guerrilla. En la práctica, este modelo institucional restringió la intervención de la fuerza pública y las operaciones de erradicación en estos sectores con el argumento de proteger los ecosistemas y fomentar economías alternativas con las comunidades. Estos límites a las acciones del Estado permitieron al grupo armado consolidar su influencia territorial de facto y aliviar la presión militar en regiones estratégicas, traduciéndose en un beneficio operativo directo para la organización ilegal