Por: José Félix Lafaurie
Saludo al doctor José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, a los distinguidos integrantes de la Junta Directiva, a los funcionarios y a todos ustedes estimados ganaderos de Colombia.
Acudo a esta Asamblea, a pesar de la injusta afectación judicial que pesa sobre mi persona, por honrosa invitación del doctor Lafaurie y por el sentimiento de gratitud y afecto que me vincula con el gremio. Gratitud por tantos años de apoyo a mi carrera pública, y afecto porque comprendo el abnegado trabajo de ustedes, cuya compensación no es la rentabilidad del dinero sino la ilusión que se renueva en cada día al primer contacto con la naturaleza, sus encantos y desafíos.
Las reformas introducidas en 2018 y 2019, especialmente en reducción de impuestos y en el llamado oficial a la confianza de inversión, mostraron una economía en gran recuperación hasta febrero de este año.
El Gobierno Duque ha fortalecido enormemente el sistema de salud durante estos meses de pandemia; destacamos la dotación de unidades de cuidados intensivos, el suministro de equipos de seguridad a todos los servidores de la salud, la cancelación de 9 EPSs, el mejoramiento de muchas de ellas y de la mayoría de los hospitales.
El castigo de la pandemia a la economía y al tejido social de la Nación se constituye en un reto que el Gobierno ha enfrentado y enfrentará bien.
El endeudamiento del Gobierno Nacional Central, que en los últimos 8 años había pasado del 36% del PIB al 50%, terminará este 2020 en 60% o más. El decrecimiento del producto puede rondar alrededor del 7%. El déficit fiscal, que sin pandemia podría ser inferior al 2.3%, este año puede situarse por encima del 8%. El desempleo camina oscilante por el 15.5%. América Latina ha perdido 10 años de reducción de pobreza. Colombia, que entre 2000 y 2013 redujo la pobreza del 52% al 27%, este año, también con la nueva fórmula de medición, puede terminar en el 36%. Los hogares de la Patria han perdido 25 billones en capacidad adquisitiva.
Permítanme recordar algunos de los principios que tutelan nuestro accionar político y que enmarcan el conjunto de soluciones requeridas.
Debo reiterar la convicción de un país con seguridad y libertades democráticas, con inversión privada vigorosa y política social en expansión, sin droga y con protección de los recursos naturales, con menos Estado Burocrático y más Estado Social, con menos impuestos y mejor remuneración, con empresarios y trabajadores unidos que demuestren que entre ambos manejan mejor los recursos que el Estado. Un país de instituciones, de pluralismo, de diálogo entre la comunidad y el Estado. Un país sin odio de clases, de economía fraterna.
Creo que el país tendrá que subir moderadamente los impuestos, subirlos por el faltante fiscal y el riesgo de perder el grado de inversión, moderadamente digo para no perder la confianza de inversión. Es mejor hacerlo ya que diferirlo al debate electoral con el riesgo de la demagogia que dinamiza el odio y el peligro de los silencios que no se comprometen, pero que al final hacen el juego a la izquierda socialista. Hacerlo ya da tranquilidad a los empresarios, aplazarlo genera incertidumbre. Hacerlo ya implica tomar definiciones que se podrían aplicar gradualmente, a medidas que se vaya registrando la recuperación de la economía.
Nada más injusto que hablar de impuestos sin exigir esfuerzos de ahorro. Por eso insistimos en la necesidad de reducir el Congreso y gradualmente la remuneración de los congresistas. Por eso insistimos que durante 6 años los gastos del Estado, en funcionamiento y nómina, puedan crecer máximo con inflación. Cálculos del Ministerio de Hacienda indican que, sin aplicar el límite a transferencias regionales, salud y pensiones, el ahorro recurrente, permanente, podría ser mayor al 1% del PIB en dinero constante. La dificultad de estos trámites en el Congreso y el riesgo político de derogatorias aconsejan subirlos a la Constitución mediante referendo.
La situación económica y de desempleo ha llevado a que muchos pidan más flexibilización laboral a través de autorizar de manera general el trabajo por días y por horas. Esta propuesta no es socialmente sostenible ni políticamente viable dado el nuevo aumento de la pobreza por la pandemia, y también por la pérdida de ingresos de las familias que supera los 25 billones de pesos. El trabajo por horas y por días cabe en economías donde los menores ingresos sean relativamente altos, contrario a nuestro medio.
La flexibilización laboral hay que mirarla en la línea histórica. Sin la ley 50 de 1990, que creó los fondos de cesantía y autorizó la liquidación anual, muchas empresas habrían perecido y la liquidación de sus patrimonios no habría alcanzado para cancelar la cesantía y otros pasivos a los trabajadores. Bastante costo político se ha pagado por el ajuste de los recargos nocturnos y de dominicales en nuestra reforma de 2002, que por fortuna creó el fondo Emprender del Sena. Además, introdujimos los Beneficios Económicos Permanentes para quienes no alcancen a pensionarse. El Gobierno actual ha dado un magnífico paso con la creación del Piso Social Mínimo, bastante atacado por la oposición.
La flexibilización se agota en sociedades pobres, hay que buscar alternativas. De ahí nuestro lema de 2018 de Menos Impuestos y Mejor Remuneración. La prima adicional, que por la pandemia hubo que retirar, correspondía a la reducción de impuestos aprobada, implicaba un mayor costo, pero sin rigideces laborales ni efectos en la base salarial.
Estamos ante otra realidad, muchas empresas van a llegar a un 100% de recuperación en producción y ventas con un 9% menos de trabajadores. Esto muestra un incremento de productividad con más desempleo y más pobreza. El teletrabajo es un factor imponderable de reducción de costos. Debemos dar el paso de disminución de la jornada de trabajo de 48 horas semanales a 42, sin afectar el ingreso laboral. Es mejor hacerlo a que quedemos rezagados en el mundo occidental y en América Latina. El teletrabajo crea conciencia en el énfasis en el resultado de la labor más que en los horarios.
La alta informalidad, el desempleo profesional y general, y el subempleo que obliga a muchos a trabajar en áreas ajenas a sus conocimientos con precariedad remunerativa, hacen aconsejable reformar el Contrato de Aprendizaje. Que cualquier colombiano, menor de 30 años, que no haya tenido un empleo formal, pueda ser aprendiz hasta por dos años. Y no como hoy ocurre que solamente pueden ser aprendices los estudiantes del Sena y de universidades.
Todo lo anterior para ayudar a la economía privada y al empleo, pero con el reconocimiento a los esfuerzos del Gobierno en favor de las empresas y de los trabajadores en la gravedad de la pandemia.
Necesitamos recuperar la dinámica de reducción de la pobreza, aspecto que no es peor porque el Gobierno Duque reforzó las herramientas sociales e introdujo Ingreso Solidario. Además, ha pasado el presupuesto educativo de 38 billones de pesos a 47.3 billones.
Debe aceptarse que la mejor solución es el crecimiento destacado, sostenido y con creación de empleo de calidad.
El crecimiento nos conduce a la confianza para la inversión, que también reposa en la seguridad física, jurídica y política.
Este Gobierno ha tropezado con obstáculos heredados para avanzar más rápidamente en el rescate de la seguridad. Angustia mucho la demora para fumigar la droga que debería ir aparejada del pago por cuidados ambientales a las comunidades asentadas en regiones donde no haya la alternativa del cultivo lícito. Anuncian que vincularán Ingreso Solidario a esta tarea.
Insistimos en que por lo menos se debe reformar la JEP, ilegítima en el nacimiento y parcializada en la composición. ¡Qué error tan doloroso que en La Habana hubieran puesto en pie de igualdad al terrorismo con nuestras Fuerzas Armadas, que han sido democráticas, respetuosas del orden Constitucional, con severas sanciones a los integrantes que han violado la ley!
No ha sido posible en el Congreso crear una entidad independiente para investigar a los miembros de las Fuerzas Armadas, que deben salir de la JEP, por supuesto con el beneficio de la libertad con 5 años de pena privativa para delitos anteriores al 1o de diciembre de 2016.
Mantener en el Congreso o en cualquier cargo de representación a los responsables de delitos atroces como el secuestro y la violación de niños, es una afrenta a la democracia y un elemento que estimula a los delincuentes actuales y futuros.
Para estos dos puntos creo que se necesita un Referendo porque no existe la mayoría en el Congreso. Excluir de la corporación a los delincuentes de atrocidades no implica Principio de Favorabilidad, cuya aplicación, por estar restringida a materias penales, no obra en temas políticos.
¡!Qué tal que en el Congreso estuvieran los responsables aparentes o reales de otros magnicidios, o que allí hubiéramos asentado a los paramilitares, que no se entiende por qué la diferencia en tratamiento con la guerrilla!
¡Cómo así que la JEP puede durar 20 años con un costo anual de 330 mil millones de hoy!
Si algo necesita la seguridad es devolver toda la confianza a las Fuerzas Armadas para que recuperen la totalidad de la iniciativa. Los validadores de FARC han tenido la astucia de debilitar la moral de las Fuerzas Armadas. Hoy se quejan de la inseguridad que incubaron al legitimar el mar de droga que desprecia la ley y las buenas costumbres.
El sector agropecuario necesita seguridad jurídica sobre la tierra. Los poseedores y explotadores de buena fe seguirán con el riesgo de la restitución hasta el año 2031. Se requiere sacar de la incertidumbre a quienes, también de buena fe, no tienen títulos sobre tierras que explotan con esmero y por el bien general. Las prescripciones adquisitivas anteriores a 1994, declaradas en procesos lícitos, también demandan seguridad jurídica. Hay temas de ley que deben encararse. Otros de decretos y resoluciones que autorizarían arrendamientos y comodatos de largo plazo, con garantías claras de renovación.
La reglamentación de las Zonas de Desarrollo Agropecuario debería acompañarse de adquisiciones de predios para campesinos, tecnólogos y profesionales que presenten proyectos productivos. Esto, sin crear pánicos expropiatorios.
Distinguidos compatriotas: La seguridad política nos obliga a mirar al proceso electoral de 2022. Enfrentamos el riesgo de la extrema izquierda socialista y de las mentalidades permisivas que les hacen el juego. Estas opciones expropian la iniciativa privada o la asfixian con impuestos y regulaciones hostiles. En ambos casos dejan sin posibilidades a los pobres que dicen defender, como en Venezuela que pasaron la pobreza del 40% al 86%. Y lo peor es el olimpismo de algunas personalidades democráticas que subestiman estos riesgos.
Ojo con estos seductores que ya se cuidan en el discurso contra la empresa privada, pero avanzan en el desprestigio de los empresarios, como lo hacen con los ganaderos, para abrir el camino de la expropiación y de la regulación hostil.
Debemos advertir el peligro, trabajar para precaverlo, cada uno de nosotros tiene que ser un pedagogo en la explicación del riesgo.
Debemos pensar en los factores de competitividad para la defensa de la democracia antes que en nombres de candidatos, partidos y coaliciones.
Afectado como estoy por mi situación judicial, me atrevo a proponer algunos factores para la defensa de la democracia. Es esencial que se conozcan más los buenos logros del Gobierno y que este tenga todo el éxito frente a los desafíos de la pandemia y de los daños de la naturaleza, por ejemplo, en San Andrés, Providencia y el Chocó.
Es esencial que la agenda de los partidos afines tenga cumplida ejecución en el Congreso, ya me referí a algunos de los temas, que tendrían positivas consecuencias en el campo y en las grandes urbes, cuyas clases medias duermen con más pesadillas que ilusiones.
Pienso que esa agenda de competitividad para la defensa de la democracia tendría en el Referendo un buen apoyo, que convoque a reformar la JEP, a dar pautas para modificar altas cortes, que cree la Comisión Legislativa para profundizar en la Justicia. Que avance en la gratuidad de la educación completa y universal, sin monopolios que adoctrinan, pero no enseñan. Que fije líneas de superación de pobreza y de construcción de equidad con Ingreso Solidario y el Bono Pensional para los recién nacidos de hogares vulnerables, que algo nivele la cancha de las oportunidades. Que reduzca el Congreso e imponga el ahorro con la limitación del crecimiento de los gastos de nómina y de funcionamiento, en nombre de Menos Estado Burocrático y Más Estado Social. Que ordene el cuidado de los ecosistemas estratégicos, con remuneración y facilitación de ingresos a los moradores comprometidos en la tarea.
Para llegar a la conclusión de estas palabras quiero felicitar a Fedegan y al doctor José Félix Lafaurie por la tarea concientizadora sobre las obligaciones y posibilidades ambientales de la ganadería al orientarla a los sistemas silvopastoriles.
Algunos desean un Gobierno de izquierda, léase socialista o socialistoide, con el argumento de que Colombia no lo ha tenido. No olvidemos que hemos asistido a la tragedia en la frontera. Además, la interferencia narco terrorista y las políticas del anterior Gobierno han frustrado aquello que necesitamos: períodos largos y sostenidos de desempeños sobresalientes en seguridad, inversión y cohesión social.
Sigamos trabajando no obstante que a muchos nos ofenden cuando en el sombrerito arrugado y en el poncho que llevamos nos adivinan nuestro amor por la naturaleza.
Álvaro Uribe Vélez,
Noviembre 27 de 2020
