El expresidente Rafael Correa ordenó su secuestro, agentes de inteligencia de la policía de colombia lo llevaron a cabo y ahora una fiscal que intentó sacarlos en limpio terminó condenada por la justicia colombiana después de diez años. La justicia tarda pero llega.. Balda es un abogado ecuatoriano opositor al régimen de Rafael Correa y fue entregado en su momento por el gobierno de Juan Manuel Santos. El ex director general de la policía general Jorge Luis Vargas también está involucrado en esa investigación que en su momento reveló en exclusiva El Expediente
Este el comunicado de Fernando Balda
Cuando parecía que ya no podía haber más sorpresas en el caso del secuestro a Fernando Balda se destapa otra trama de corrupción (en Colombia) que intentó generar impunidad para los autores materiales, beneficiando también a los autores intelectuales, el ex presidente de Ecuador Rafael Correa, el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, y los agentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón.
La Fiscalía de Colombia inició una indagación por prevaricato por omisión agravado y fraude procesal contra la Fiscal especializada de la unidad anti secuestro y extorsión Consuelo Alexandra Montañés Dueñas y la Abogada Judy Mónica Ospina Guzmán, esta última se ha declarado culpable de los cargos que se le imputaron y señaló a Montañez como la persona que la reclutó para cometer el delito. Judy Ospina acaba de ser sentenciada a 36 meses de prisión por su participación en los hechos y ha logrado atenuar su condena toda vez que ha cooperado con la justicia.
El hecho es que, para beneficiar a los autores materiales del secuestro quienes fueron sentenciados solo por “secuestro simple” cuando en realidad el delito que cometieron se tipifica como “secuestro agravado” la Fiscal Montañez reclutó a la abogada Ospina para que se hiciera pasar como abogada de la víctima durante el proceso y en la audiencia de formulación de cargos no presentara oposición y acepte la irrisoria imputación y condena, sin que Fernando Balda lo supiera y menos que le hubiera otorgado patrocinio para que lo represente en el proceso. Así lo dijo en su dictamen acusatorio la Fiscal 58 delegada ante el tribunal Dra. Bertha Esperanza Florian Florian en audiencia del miércoles 22 de marzo que inició a las 09h00 en la fiscalía de Bogotá.
Lo que hace más grave el hecho, es que Mónica Ospina era abogada de dos de los secuestradores de Balda (Moisés Pérez Escobar y Saider Valencia Laso) y luego fungió con autorización de la fiscal como abogada de la víctima.
La Fiscal Floiran, que acusa a Montañez y Ospina, detalló en la audiencia de imputación con lujo de detalles los delitos cometidos por la fiscal y su cómplice, explicó que jamás debía haberse declarado el secuestro simple ya que: a) uno de los plagiadores Karim Sheck Mina al momento del secuestro de Balda era servidor público miembro del ejército de Colombia; b) Hubo hurto del dinero y el celular de Balda por lo que los secuestradores se beneficiaron de su acto; c) Balda al momento de su secuestro sufrió lesiones que constan en el informe médico legal que le dio incapacidad de siete días, y que no fue abandonado por voluntad propia de los plagiadores sino por miedo al habérseles descubierto en posesión de la víctima y para poder emprender la huida. Estos tres elementos son los que convierten el hecho punitivo en agravado. Textualmente la Fiscal Bertha Esperanza Florian Florian dijo:
“finalmente, de la investigación efectuada por la delgada también se logró establecer que la Doctora Consuelo Alexandra Montañez Dueñas en el marco de la suscripción, verbalización y aprobación de los preacuerdos suscritos con los ya condenados indujo al error a los servidores judiciales para obtener de ellos las tristísimas condenas emitidas contra los secuestradores de Fernando Marcelo Balda Flores” (…..) “esta abogada Ospina Guzmán no contaba con facultades para representar los intereses de la víctima Fernando Marcelo Balda Flores tal como lo informaron a esta delegada no solo la abogada Judy Mónica Ospina Guzmán, quien menciono que el cambio de rol fue producto de la solicitud que le hiciera la aquí imputada para favorecer los intereses de sus defendidos” (…….) “luego de ahondar en la información y recopilar las piezas procesales relevantes para el asunto, es claro que la imputada Montañez Deñas vulneró y desconoció los mandatos de los Artículos 132 y siguientes de la Ley 906 de 2004, en lo que al derecho de la información tienen las víctimas, además claro está, de usurpar la facultad para designar quien consideraba podría representar los intereses de la víctima” (…..) “Es evidente que la imputada con su actuar ilícito lesionó no solo el bien jurídico de la fe pública al consignar hechos inexistentes, alterar la verdad y omitir circunstancias modales como las consagradas en el numeral 10 del artículo 58 del código penal en las actas de preacuerdo suscritas por los ciudadanos Moisés Enrique Pérez Escobar, Diego Luis Moreno Navia, Jimmy Arley Navia Hurtado, Saider Yajaira Valencia Laso y Karen Shek Mina al modificar el núcleo fáctico de lo acontecido, sin adicionalmente vulneró el bien jurídico de la administración pública al omitir un acto propio de su cargo cual era haber ejecutado el acto de enteramiento de la calidad de imputados de manera completa y correcta es decir sin dejar de lado la imputación de las tres causales de agravamiento de la acción punitiva que se encontraban acreditadas al interior del expediente a su cargo haciendo aún más favorable la situación punitiva de los perpetradores del ilícito, finalmente la doctora Montañez Dueñas con su actuar violentó el bien jurídico de la eficaz y recta impartición de justicia pues no solo engañó a dos autoridades junciales para que aprobaran los irregulares preacuerdos sino que presentó y acreditó una profesional del derecho como representante de víctimas cuando conocía que no tenía facultades para ejercer tal representación”
La Fiscalía de Colombia a través de su Departamento de Víctimas representado por la abogada Natalia Pulido Quezada, solicitó al juez comparecer también como víctima ya que estos hechos sucedieron en detrimento y perjuicio de la fiscalía y del sistema judicial colombiano.
Declaración de Fernando Balda:
No es la primera vez que se conoce de alguna tramoya con la que Rafael Correa intentó sobornar a involucrados en mi secuestro, hay tres antecedentes puntuales sobre esto:
1) recordemos que Diana Falcón sentenciada en este caso, declaró ante la Asamblea y denunció que la Asambleísta Sofía Espín y la Abogada de Correa la visitaron en la cárcel y le ofrecieron dinero, asilo político en Bélgica y protección a condición de que cambie su versión para exculpar a Correa.
2) en reportaje de la revista Plan V, se reveló con audios de conversaciones de Bolívar Armijos ex Director de CONAGOPARE con Raúl Chicaiza, que este y operadores de Correa le entregaron dinero y maquinaria a Chicaiza para que diera declaraciones desde Argentina con las que intentaron cambiar la versión que inculpa a Correa en mi secuestro. Cosa que ejecutaron sin éxito jurídico ni mediático.
3) Chicaiza y Falcón me demandaron por supuesta “calumnia” pidieron 2 años de cárcel y 5 millones de reparación, intentando llevarme a la cárcel para tratar que yo no avanzara con el juicio de secuestro en el cual, después, ellos sí fueron condenados.
Nunca lograron condena en mi contra. Estos son solo los casos más visibles, la lista es más larga.
La condena que debieron haber recibido los secuestradores en aquel tiempo con base al Código Penal colombiano era de 28 años de prisión sin embargo fueron sentenciados solo a 5. Con esto se dio por consumado el delito, con la suplantación de mi defensa se me negó el derecho a conocer del proceso y a obtener una justicia efectiva. Hoy hemos descubierto que esto sucedió porque hubo mano negra, incluso hay una autora de este delito que ha aceptado su culpabilidad (la abogada Ospina) y que ha señalado a la fiscal como la persona que la reclutó y dio le instrucciones para ejecutar el plan. Además de que, se me impidió el acceso a la justicia y se violaron mis derechos como víctima, esto dio pie a que los autores intelectuales (Correa y Romero) argumentaran falsos con los que podrían haber logrado impunidad y que hasta ahora arguyen en la Corte, en sus pronunciamientos y redes sociales, por ejemplo:
Recordemos que Rafael Correa autor intelectual de mi secuestro siempre ha dicho que “los secuestradores eran mis amigos y seguramente mi secuestro era producto de una pelea entre delincuentes” cosa que durante el juicio fue desmentido por los mismos plagiadores quienes dijeron que antes del secuestro no me conocían, pero Correa sostenía aquello porque en el futuro podría decir “Balda y los secuestradores tenían la misma abogada, y por eso era amigos” ahora, con lo revelado se demuestra además que Correa sabía de este fraude procesal, posiblemente estuvo detrás de esto y con ello pretendía sustentar su defensa.
Correa y Romero siempre dijeron en su defensa que mi secuestro era “simple” y no agravado y que por ello ya había prescrito, este fue uno de los principales argumentos de su defensa que hoy no solo se les cae a pedazos, sino que además sugiere que ellos fueron la mano negra detrás de este fraude, porque es muy difícil de creer que una fiscal como Consuelo Montañez especializada en secuestro y extorsión, con más de 20 años de experiencia haya montado tremenda tramoya de falsedad y fraude procesal para beneficiar solo a cinco delincuentes de poca monta, no, ellos no tenían ni tienen tanto poder, a mi criterio, aquí lo que sucedió fue que Correa, Romero y Chicaiza quisieron enterrar el caso desde sus inicios, protegiendo a los autores materiales para beneficiarlos a cambio de que no hablen más de lo que ya habían dicho, y también para lograr sentencias con tipificaciones atenuadas que podrían prescribir en menos tiempo y que además facilitarían la defensa de los autores intelectuales en juzgamientos posteriores como los que enfrentan ahora en Ecuador y donde ya han intentado lograr impunidad precisamente con estas mismas argumentaciones que se fundamentaron en las consecuencias de las actuaciones ilegales de la fiscal de Colombia que hoy se encuentra en el banquillo de los acusados.
Con esto, se da absoluta razón a mi acusación, y argumentos esgrimidos por Fiscalía y mis Abogados Felipe Rodríguez, Eduardo León y Jairo Lalaleo durante el juicio contra Correa y Romero, además les da nulas posibilidades de seguir usando estos alegatos para su defensa y les dificulta más salir impunes en el futuro mientras tengamos un sistema judicial que no se deje manipular en favor de estos criminales y/o mientras no haya un poder político que manipule la justicia y que canjee los derechos de las víctimas por pactos, gobernabilidad o permanencia en el poder.
Este proceso judicial se lleva a cabo desde finales de 2021, lo habíamos mantenido en reserva junto con mis Abogados de Colombia el Dr. Abelardo de La Espriella y la Dra. Karen Juris precisamente para evitar que, así como ya sucedió antes, pudiera existir otra mano negra que pretenda obstaculizar la justicia, ahora ya prácticamente es materia juzgada, todo está sobre la mesa de juzgamiento y podemos darlo a conocer.
Aunque lo volvimos a lograr, a desenmascarar y derrotar el mal, créanme que como ser humano estoy tan afectado como agotado de seguir buscando justicia y seguir encontrando en el camino cosas como esta que demuestran el uso de un gran poder y uso de recursos para la maldad y la impunidad.
Atentamente,
Fernando Balda
Descargar video de la audiencia de imputación a la Fiscal: https://we.tl/t-0C5ggv5qzU
