Por: Julian Quintana
Gran desconcierto ha generado en la opinión pública, las posturas radicalmente opuestas entre la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación en el caso de Álvaro Uribe Vélez por la supuesta manipulación de testigos.
En principio parecía que Uribe en manos del Magistrado Reyes prácticamente estaba condenado, pero como consecuencia de su renuncia al congreso y remitido el proceso a la Fiscalía, el caso cambió totalmente su rumbo y ahora el ente acusador considera que no hay elementos de prueba para acusarlo, lo cierto es que para la Fiscalía el ex presidente es inocente.
Esta postura jurídica, deja sin duda alguna, muy mal parada a la Corte Suprema de Justicia y para no generalizar, especialmente al Magistrado César Reyes quien fue quien dirigió la investigación. Lo que ha generado que las especulaciones sobre un posible complot y la politización de la justicia, para sacar del mapa político a Uribe, cada día cobren más fuerza, tesis que ha sido repicada por la defensa del ex mandatario.
Y es que no deja de causar extrañeza y producir suspicacias, cómo en un caso a partir de las mismas evidencias, puedan surgir dos visiones jurídicas sustancialmente distintas. En lo personal considero que los elementos probatorios que se han conocido hasta el momento, no demuestran la responsabilidad de Álvaro Uribe en estos hechos.
Y es que en un país tan convulsionado, debemos entender que el archivo o preclusión de una investigación también es justicia, ya lo decía Carrara de antaño, el derecho penal tiene como principal objetivo la protección de las partes en el proceso y la mitigación de las arbitrariedades del Estado en la acción de persecución.
La solicitud de la preclusión de la investigación a favor de Uribe, lo que demuestra es el esclarecimiento de un hecho, donde la Fiscalía concluyó después de un arduo proceso investigativo que no hay delito. Con esta decisión además se está protegiendo los derechos fundamentales del ex presidente, como lo son, su honra y reputación, quien después de haber sido estigmatizado por ocasión del proceso penal, merece sin duda alguna la reivindicación de su buen nombre.
¿Pero qué sigue para Álvaro Uribe?
Ahora la Fiscalía revela que de los abundantes elementos probatorios recaudados no hay indicios de responsabilidad penal, por tanto ha radicado la solicitud de preclusión ante el Centro de Servicios Judiciales, correspondiéndole a una juez de conocimiento el proceso, estando obligada en los próximos días a fijar la fecha de convocatoria a la audiencia a todas las partes e intervinientes.
Instalada la audiencia bajo los presupuestos de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía sacará su arsenal probatorio, que demostraría que Uribe fue vinculado por el magistrado César Reyes sin mayor sustento a la indagación, y que lo terminó vinculando mediante indagatoria en conductas que no son consideradas como delito. Así mismo que en los demás hechos no se le puede atribuir la condición de autor o participe. Interesante panorama jurídico, pues el Fiscal Gabriel Jaimes tratará de demostrarle al país en esta audiencia pública, que el magistrado Reyes está equivocado.
Lo cierto es que las víctimas y el ministerio público, también podrán esgrimir sus argumentos y por las líneas de razonamiento que se han visto en audiencias anteriores y apelando a la coherencia de las posturas jurídicas expuestas, auguro que el Ministerio Público solicitará también la preclusión de la investigación, coadyuvando la tesis de la Fiscalía. Por el contrario de las víctimas no se espera mayor sorpresa, defenderán a ultranza la hipótesis -que cada día está más debilitada- de que a Uribe lo deben acusar, pues para ellos es responsables de los delitos que le imputó el Magistrado Reyes.
Sin embargo, solo a un Juez de la República le incumbe adoptar la decisión que en derecho corresponda, una vez escuche los alegatos de las partes y analice el innumerable acervo probatorio. Pueden ocurrir varias cosas, que la juez decida precluir la investigación, pero ante este situación las víctimas seguro interpondrán el recursos de apelación y será el Tribunal de Bogotá como Juez de Segunda Instancia quien deba examinar las razones disidentes, ante lo cual deberá decidir si confirma o no la preclusión a favor de Uribe.
Pero también puede pasar, que la Juez no admita la tesis de la Fiscalía y decida rechazar la preclusión solicitada a favor de Uribe. Lo que daría la oportunidad a la Fiscalía y a la Defensa del ex presidente, de interponer el recurso de apelación y este llegaría también al conocimiento del Tribunal de Bogotá, quien deberá decidir si revoca la decisión o por el contrario confirmar no precluir la investigación.
Como se ven las cosas y ante la casi certeza de que las partes apelarán la decisión de la juez, sea cual sea el sentido de esta, la última palabra la va a tener la Sala Penal del Tribunal de Bogotá. Lo cierto es que, el caso Uribe hasta ahora comienza y millones de Colombianos esperan que la justicia sea objetiva y se falle en derecho.
