Por: Luis Manuel Ramos Perdomo
En una decisión histórica y sin precedentes la Procuraduría General de la Nación suspendió disciplinariamente por el término de tres meses a la cúpula de la SAE. Fueron suspendidos el Presidente de la SAE, el Vicepresidente Jurídico y el Vicepresidente de Sociedades, la sanción fue igualmente impuesta al Superintendente de Servicios Públicos.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) es una Sociedad de Economía Mixta del orden Nacional de Naturaleza Única que se rige por el Derecho Privado, reemplazó a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) en la administración de bienes afectados provisional o definitivamente con Extinción de Dominio y tiene a su cargo el millonario inventario de bienes que integra el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), una Cuenta Especial sin personería jurídica.
La SAE está facultada para celebrar cualquier acto o contrato que permita una eficiente administración e inversión de recursos.
Durante años la SAE y su predecesora la DNE han estado en el ojo del huracán por todo tipo de escándalos relacionados con la mala gestión de los recursos sometidos a su administración y, por esas muy amplias facultades legales y pocos controles eficientes se convirtió en un fortín burocrático y en la Joya de la Corona para la clase política. Basta revisar los múltiples hallazgos realizados por la Contraloría General de la República.
El caos que gobierna la administración de bienes en la SAE tiene múltiples causas pero una sola consecuencia: CORRUPCIÓN y no de cualquier clase, es una corrupción de grandes números.
Gustavo Petro Urrego ha sido el único aspirante a la Presidencia de Colombia que desde su campaña invocó en numerosas oportunidades y para múltiples propósitos a la SAE, el FRISCO y su millonario inventario.
Es tal la importancia estratégica la SAE para Petro que una vez elegido designó como Presidente de la Entidad a su muy cercano colaborador Daniel Rojas Medellín, quien se desempeñó como Coordinador programático de su campaña a la Presidencia y Coordinador del equipo de empalme durante el cambio de gobierno con el Presidente Duque.
El polémico Abogado Sebastián Caballero otro de sus cercanos colaboradores, Director de la campaña del Pacto Histórico en el Valle del Cauca e integrante de la Primera Línea de Defensa Judicial, creada exclusivamente para la Defensa de los miembros del Grupo Terrorista de la Primera Línea capturados con ocasión de los actos de terrorismo, vandalismo, violencia y otros desmanes durante el denominado estallido social del Paro Nacional convocado por el Pacto Histórico, de quien en su momento se llegó a decir, ocuparía un alto cargo al interior del Sector Justicia e hizo parte de la comisión de empalme con el Ministerio de Justicia, terminó nombrado como Vicepresidente Jurídico de la SAE.
Curiosamente Daniel Rojas y Sebastián Caballero hoy suspendidos por la Procuraduría General de la Nación por oponerse al cumplimiento del contrato de venta de las acciones de la TRIPLE AAA y el detrimento patrimonial que dicho incumplimiento genera, aparecen mencionados y relacionados en el asunto de la trama rusa, bodegas y los bots, hechos por los cuales se adelantan investigaciones a instancias de denuncias instauradas por Senadores. Caballero también aparece relacionado con los hechos que se dieron a conocer después de las declaraciones del Abogado Miguel Angel Del Rio Malo sobre la infiltración de la Campaña Presidencial del Candidato Federico Gutierrez.
Tanto Rojas como Caballero participaron en anuncios según los cuales, una vez liberados los miembros de la Primera Línea y otros jóvenes capturados por las autoridades, recibirían instrucción del SENA con el fin de asignarles por cuenta de la SAE la administración de bienes. La inusual propuesta se ve hoy acompañada de respuestas que, en medio del reclamo y la frustración se leen en las redes sociales de la SAE ante lo que parece ser otro de los incumplimientos del gobierno a los jóvenes y activistas que participaron en el denominado estallido social.
Lo ocurrido se ha politizado y generado malestar al interior del Partido de Gobierno y al propio Petro tras realizar una defensa emotiva e incondicional del Presidente de la SAE, a quien considera “parte de esos jóvenes a los que llamo de la línea roja, que son algunos funcionarios que he tratado de escoger con el mayor cuidado para que ni le tengan miedo a la amenaza de la muerte, ni se dejen arrodillar vendiéndose por el dinero del Estado”
En lo personal celebré los iniciales pronunciamientos en los que se anunciaba con bombos y platillos la llegada de un cambio a la SAE y pese a no simpatizar con el gobierno Petro el simple hecho de enarbolar las banderas de la lucha contra la corrupción en esa cloaca resultaba llamativo y esperanzador.
Han pasado más de seis meses y los vientos de cambio se fueron debilitando al punto de tener hoy a los tres más altos cargos de la SAE suspendidos por decisión de la Procuraduría con el fin de evitar un detrimento patrimonial superior a los diez millones de dólares.
Basta con recordar la forma en que coincidieron la posesión de la nueva administración de la SAE del gobierno Petro con la invasión de predios administrados por la entidad, por parte de grupos de indigenas, negritudes, campesinos y otros quienes asumieron tener el derecho a la ocupación gracias a equívocos e irresponsables anuncios y la débil respuesta de la autoridad, incluida la SAE para evitar por esa vía un detrimento patrimonial.
Se hace necesario poner en cintura a la SAE pues en materia de administración de bienes además del tradicional riesgo de corrupción se la ha unido el que emerge de aplicar lo que el Suspendido Presidente ha denominado el tránsito “De la Economía Ilícita y Rentista a la Economía Popular”
La SAE no es una tienda de barrio ni “sus” recursos pueden ser administrados como plata de bolsillo o presupuesto de campaña política en época electoral. No se puede caer en el engaño y la narrativa populista de contemplar o creer que se pueden solucionar los problemas de vivienda, alimentación, trabajo, salud y etc .. con recursos que ni siquiera son del Estado, pues habrá que recordar que muchos de esos bienes, están simplemente afectados con medidas cautelares y en relación con los mismos no se han proferido decisiones judiciales definitivas, la cuales pueden ser favorables a sus titulares.
La Fiscalía y los Jueces de Extinción de Dominio en sede de Control de Legalidad deben propender para que los bienes que lleguen a poder de la SAE por virtud de las medidas cautelares propias del proceso de extinción del derecho de dominio lo hagan después de una investigación seria y juiciosa, como consecuencia de la ponderación de los elementos probatorios, la trazabilidad de los bienes, su conexión con las causales previstas en la Ley, atendiendo su naturaleza precautoria, con pruebas, sin presunciones, respetando los derechos de los terceros de buena fe y acorde a un plazo razonable para la duración de los procesos. No pueden olvidar que son igualmente responsables de la administración y frente a una condena contra la Nación por indebida administración de los bienes, el Estado se encuentra obligado a repetir contra los responsables.
A mayo de 2022 la Nación enfrentaba demandas por cuenta de la mala administración de bienes por parte de la SAE y su antecesora por una cuantía superior a los tres billones de pesos y mucho me temo que la cifra aumentará escandalosamente cuando se presenten demandas generadas por la aplicación de los principios de la economía popular de la administración de bienes en el gobierno Petro y bajo la dirección del Presidente de SAE.
Un paso en la dirección correcta impone la urgente revisión y de ser necesario, la prohibición del mecanismo de enajenación temprana de activos por parte de la SAE. Las condiciones por fuera de mercado en las que se venden bienes respecto de los que no existe una declaratoria de extinción de dominio se convirtió en “mercado persa” corrupto, impune y sin control. La información privilegiada, avalúos a conveniencia, intermediación y poca transparencia campean con la complicidad o tolerancia de los administradores.
Otro de los aspectos que valdría la pena revisar con lupa es la ejecución del contrato suscrito por la SAE y Central de Inversiones CISA, Sociedad Comercial de Economía Mixta del Orden Nacional que funge como un colector público del Estado y se encarga de la comercialización de bienes.
Los Organismos de Control deben intervenir para vigilar de manera permanente los procesos de administración y comercialización de bienes por parte de la SAE y no limitarse a labores de auditoría ex post.
Muy importante recordar que los bienes cuyo derecho de dominio se extinga tienen múltiple vocación y destino, siendo la reparación a las víctimas uno de los más importantes. No obstante son pocos o mejor, casi ninguno los eventos de reparación pese a contar la SAE – FRISCO con los recursos y al paso que vamos, no me extrañaría que las primeras “víctimas” en ser generosamente reparadas resulten ser las FARC y sus miembros.
Mucho me temo que el detrimento patrimonial continuará y no sólo por los actos de corrupción sino como consecuencia de la indebida administración, destinación y enajenación de bienes en el marco de la implementación de los “novedosos” principios de economía popular.
Todo parece indicar que la Joya de la Corona seguirá siendo el Botín de los Piratas.
