Por: Luis Manuel Ramos Perdomo
De los Narcocasettes a los Whatsappdays
“Este hecho ya comprobado, es lo que ilegitima al Régimen que padecemos. Por eso nosotros hemos sostenido que el único propósito político válido es tumbarlo.”
Escribía Don Álvaro Gómez Hurtado en El Nuevo Siglo (Editorial 30 de octubre de 1995). Tres días después sería asesinado por las balas del narcotráfico al servicio de la política. Se refería el Dr. Gómez al vergonzoso e indigno episodio de la historia de Colombia conocido como el “Proceso 8000” en el que por cuenta de la financiación por parte del Cartel de Cali a la Campaña Política “Samper presidente”, que a la postre y en sede de segunda vuelta, aseguró la llegada a la Presidencia de la República de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) y con ello una grave afrenta a la dignidad nacional de una Patria que empezaba a ser reconocida como Narcocracia.
Esa Narcocracia se nutría ya para esa época de las actividades de la multinacional criminal designada por el embajador de Estados Unidos en Colombia Lewis Tambs, años atrás, como Narcoguerrilla.
Algunos de los mejores referentes de esa otra tragedia colombiana fueron registrados en medios de comunicación a lo largo de los 4 años de desgobierno de Samper, periodo en el cual la prioridad de la “institucionalidad” era defender al presidente con su inverosímil e impresentable argumento, según el cual, “todo ocurrió a sus espaldas”.
El libro escrito por los Periodistas Mauricio Vargas, Jorge Lesmes y Edgar Téllez titulado “El presidente que se iba a caer” se torna en una importante referencia, de la mano de la publicación del escrito por Santiago Medina Serna titulado “La verdad sobre las mentiras”. Medina Serna fue el Tesorero de la Campaña “Samper Presidente” y en compañía del Periodista Alberto “el loco” Giraldo fueron protagonistas y “chivos expiatorios” del escándalo. Giraldo también escribió un libro el cual lleva por título “Mi Verdad”.
Contra todo pronóstico, Ernesto Samper Pizano salió avante del proceso adelantado en su contra por la “Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes” y su Investigador-sustanciador, el representante Heine Mogollón. Detalles de ese “proceso” pueden encontrarse en las actas de la corporación, pero se exponen de mejor manera en el Libro de Juan Manuel López Caballero titulado “La Conspiración. El libro blanco del juicio al presidente Samper”. Irónicamente el Autor, hermano de Alfonso López Caballero, quien se desempeñó como ministro del interior del Gobierno Samper y ambos, nietos e hijos de presidentes de la República, a saber, Alfonso López Pumarejo y Alfonso López Michelsen, fundador del Movimiento Revolucionario Liberal MRL.
Al margen de todos los debates relacionados con la ilicitud de la financiación de la campaña de Ernesto Samper y un sinnúmero de delitos cometidos para garantizar su gobernabilidad, la propuesta de legalización de las drogas de aquel entonces se torna pertinente para el ejercicio comparativo.
Recientes cuestionamientos a la financiación de la campaña política que llevó a la Presidencia a Gustavo Francisco Petro Urrego, que han generado la decisión de las autoridades electorales de abrir investigación sobre ese asunto y el escándalo generado por la presunta realización de actividades ilícitas de su hermano Juan Fernando Petro y su hijo Nicolas Petro Burgos, nos transportan a los colombianos a un “Déjà Vu” al hacernos sentir que lo que estamos viviendo ya lo hemos vivido.
La financiación de la campaña política, las polémicas propuestas para la legalización de las drogas y los mecanismos condescendientes para el tratamiento de la criminalidad son los tres elementos que nos llevan al pasado. Al igual que en el ayer, en la actualidad la filtración de información en registros de audio, video y mensajes adquiere vital importancia.
El proceso 8000 (número correspondiente al expediente) inicia por la difusión de unas grabaciones contenidas en unos casetes (que vienen a ser una especie de pariente lejano o abuelo tecnológico de los CD-ROM, DVD y USB que contienen información digital o digitalizada, antes magnética)
Esa información fue filtrada a la prensa y entregada al primer Fiscal General de la Nación, Don Gustavo de Greiff Restrepo, afamado jurista y Rector de la Universidad del Rosario, quien se hizo acompañar durante su administración del penalista y profesor Francisco José Sintura Varela.
El proceso que inicia el PETROGATE se nutre de elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, recaudada por autoridades investigativas nacionales y extranjeras, al igual que aportadas, mediante reproducción de mensajes de WhatsApp, por Daysury Vázquez, ex esposa del hijo del presidente y coprotagonista de la historia, al Fiscal General de la Nación, Don Francisco Roberto Barbosa Delgado.
Al igual que en el pasado, han salido a defender a Gustavo Petro algunos de sus más cercanos colaboradores y miembros de la bancada de su partido político el Pacto Histórico. A Samper lo defendió sin descanso el entonces ministro del interior (antes Gobierno) Horacio Serpa Uribe, mientras a Petro lo defiende con vehemencia su ministro del interior Alfonso Prada Gil (quien es más Santista que Petrista).
A propósito de Juan Manuel Santos, quien ostentó la calidad de presidente de la república en dos periodos (2010 al 2018), es pertinente recordar que la financiación de su campaña política tampoco fue ajena a actos de corrupción de gran calado derivados del escándalo de Odebrecht, frente a lo cual se limitó inicialmente a expresar: “Me acabo de enterar”, constituyendo esta frase una mala copia del precedente samperista “Todo ocurrió a mis espaldas”.
Durante el Proceso 8000 fueron protagonistas de “primera línea” los siguientes personajes:
Ernesto Samper Pizano, Humberto De La Calle Lombana, Miguel Rodríguez Orejuela, Gilberto Rodríguez Orejuela, el Cartel de Cali, Gustavo De Greiff, Horacio Serpa Uribe, Juan Fernando Cristo, Fernando Botero Zea, Cesar Villegas (El Bandi), Santiago Medina Serna, El Loco Giraldo, el coronel de la policía nacional Germán Osorio y Elizabeth Montoya de Sarria (Monita Retrechera), Alfonso Valdivieso Sarmiento, entre otros.
Por sorprendente que parezca, algunos de los protagonistas de ese escándalo político del pasado, se han reencauchado y aparecen vinculados al nuevo escándalo del presente, bien de manera directa, indirecta o en el contexto político.
Veamos por ejemplo algunas coincidencias:
El hoy senador Humberto de la Calle Lombana, activo miembro y participante de los diálogos de paz de La Habana y el proceso de paz con las FARC, fue el vicepresidente de Ernesto Samper Pizano, lo acompañó durante la campaña y renunció a su cargo como consecuencia del escándalo.
José Antonio Ocampo Gaviria, ministro de hacienda en los gobiernos de Samper y Petro.
Cecilia López Montaño quien fue ministra de medio ambiente, ministra de agricultura y directora nacional de planeación del gobierno Samper, es hoy ministra de agricultura del gobierno Petro.
Álvaro Leyva Duran, hoy ministro de relaciones exteriores de Petro también fue protagonista del gobierno Samper. En su momento intervino en la adhesión de Colombia a los protocolos de la Convención de Ginebra, trabajaba en otro fallido proceso de paz con las FARC y fue (como casi siempre) pieza clave en la liberación de 60 militares secuestrados por las FARC en la toma guerrillera a la base militar de “Las Delicias” (putumayo), apoyando las labores del consejero presidencial para la paz José Noé Ríos, Leyva fue el responsable de la zona de despeje para las FARC en 1997, antes de la zona de distensión del gobierno de Andrés Pastrana.
Por absurdo que parezca, esa zona geográfica del país cobró importancia con los recientes acontecimientos protagonizados por una presunta “guardia campesina” que desencadenaron en el homicidio de un miembro de la policía nacional, el secuestro de 78 de sus compañeros y varios civiles. Existen registros videográficos no solo de la complicidad del gobierno en cabeza del ministro del interior que en abierto favorecimiento de los delincuentes sugirió variar la narrativa para mitigar el impacto de la gravedad de los hechos ante la opinión pública. Igualmente, obra evidencia de los compromisos adquiridos por la delegación del gobierno de Petro accediendo a las exigencias de las criminales relacionadas con inversiones en infraestructura y obras públicas.
Leyva fue el promotor de la incorporación del derecho internacional humanitario a Colombia antes de la Constitución de 1991. De la instrumentalización y manipulación del Derecho Humanitario se han dado a la tarea de construir narrativas que les permite a algunos ministros del gobierno Petro, concertarse con secuestradores para llamar a los secuestros retenciones, cercos humanitarios o referirse a esa actividad criminal con otros eufemismos.
Leyva intermedió en su momento en la liberación de Don Álvaro Gómez Hurtado, quien fuera secuestrado en 1988, por el M-19 Grupo Guerrillero al que perteneció Gustavo Petro Urrego.
El protagonismo de Leyva en el gobierno Samper superó lo anterior cuando decidió aliarse con Juan Manuel Santos para sacar del poder a Samper, con lo cual no sólo facilitó los diálogos con la guerrilla, sino también con los paramilitares para dicho proceso. Es celebre la reunión lograda por Leyva facilitando conversaciones entre Carlos Castaño y Juan Manuel Santos, como celebre resultó que llegaran al encuentro en un helicóptero de Víctor Carranza, reconocido Zar de las Esmeraldas. Curiosamente fue Carranza quien realizara un millonario préstamo a una familia propietaria de un importante periódico de circulación nacional.
Iván Velásquez, ministro de defensa de Petro, fue director regional de Fiscalías de Medellín para el último año del gobierno Samper (1997- 1998) y magistrado auxiliar de la sala penal de la corte suprema de justicia.
Este juicioso jurista, de reconocido sesgo ideológico, terminó escribiendo desde los estrados una historia alternativa de la vida republicana de Colombia. La memoria me permite invocar el desmedido afán y protagonismo investigativo de hechos, unos delictivos, otros no, dentro de los que se destacan los relacionados con el denominado caso del parqueadero Pradilla de Medellín, en donde se dice fue encontrada la contabilidad de las autodefensas de Colombia.
El otrora magistrado auxiliar de la sala penal de la corte suprema de justicia desplegó su intelecto y su sesgo para conexar los aludidos hechos con el acontecer político de la vida nacional, protagonizado por personajes vinculados a su antagonista ideológico. Su desbordada mística y peculiar entrega le permitió arrogarse la paternidad del proceso denominado “parapolítica”.
Irónicamente los capítulos más importantes de dicha “parapolítica” estuvieron amparados de absoluta legalidad, pues a diferencia de lo que hoy ocurre con el comisionado de paz, el hermano del presidente y al parecer otros miembros de su familia, las conversaciones y contactos adelantados y sostenidos por las víctimas de sus decisiones, contaban con autorización gubernamental soportada legalmente. Ellos fueron verdaderos gestores de paz.
La afanosa búsqueda de información que comprometiera a reconocidos personajes de la vida pública y política nacional, especialmente al presidente Álvaro Uribe Vélez, le llevaron a una especie de tour penitenciario por las cárceles de Estados Unidos, acompañado en ocasiones de cuestionados defensores de derechos humanos como Iván Cepeda Castro y Piedad Esneda Córdoba Ruiz, evidenciando así la escaza imparcialidad de sus investigaciones, pues según ha quedado en evidencia, a los candidatos a ser testigos se les ofrecieron algunas prebendas.
Para la historia quedará la infamia cometida desde los estrados en contra de personas como Luis Alfredo Ramos Botero, quien de no ser por la mano poco invisible del magistrado Velázquez, hubiera llegado a ser presidente de Colombia. Más allá de los dichos sobre los etílicos encuentros con algunos testigos, lo cierto es que Velásquez cambió, y en mi opinión para mal, la historia de Colombia.
Algo similar ocurrió en Guatemala, en donde argumentando nuevamente la defensa de los derechos humanos, tomó cuestionadas decisiones que a la postre generaron su expulsión y la de su asistente, de esa nación.
Refugiado ya en Colombia es reencauchado por Petro como ministro de defensa y haciendo gala de su reconocido antimilitarismo y antipolicialidad, ha venido implementando cambios en la Doctrina viciándola y contaminándola con su sesgo.
Ha sido este personaje el único ministro de defensa en la historia republicana de la nación que le ha amarrado las manos a los hombres y mujeres al servicio de nuestras fuerzas militares y valerosa policía nacional. Gracias a Velásquez y parafraseando a un reconocido periodista, en el proceso de paz de Petro lo único desmovilizado han sido nuestras fuerzas armadas.
Levanto mi voz desde esta columna para unirme a los millones de colombianos que consideramos que maniatar nuestras fuerzas fortalece la criminalidad y que mal puede, quien ostente la dignidad de ministro de la república de Colombia, referirse tan despectivamente a nuestros militares y policías al punto de considerar que su asesinato y tortura no pasan de ser “un simple incidente”.
También pasará a la historia por ser el verdugo y enterrador de una de las mejores policías del mundo.
Velásquez, ya como ministro tampoco resulta ajeno a presuntos actos de corrupción porque hoy se le endilgan a quien fuera su asistente en Guatemala y secretaria general del ministerio de defensa, actos non sanctos en la contratación de una firma rusa para el mantenimiento de los helicópteros MI conocidos en el argot militar como “papayas” o “papayas rusas”. Todo un papayazo.
La política prodrogas, la sistemática y permanente omisión de las autoridades militares y de policía, orquestadas desde el alto gobierno, son una afrenta a la dignidad nacional del otrora fiscal regional de Medellín. Lamentablemente su propósito siniestro de acabar con esa institucionalidad se está materializando día tras día.
Hablando de Medellín y las “casualidades”, la hija del Edecán del presidente Samper, el coronel de la Policía Nacional, Germán Osorio Sepúlveda, la señora Diana Osorio, es la esposa del reconocido Petrista y cuestionado alcalde de Medellín Daniel Quintero. El coronel Osorio estuvo relacionado con Jesús Amado Sarria (Chucho Sarria) y su esposa Elizabeth Montoya de Sarria, conocida gracias a las grabaciones del proceso 8000, como “la monita retrechera”. El coronel Osorio fue procesado por Enriquecimiento Ilícito y “la monita retrechera” fue asesinada, al igual que el conductor de Horacio Serpa y Don Álvaro Gómez Hurtado, entre otros.
Otros ministros del gobierno Petro como Germán Umaña Mendoza, de Comercio Exterior y Patricia Ariza, recientemente desvinculada de la cartera de cultura, militaron activamente en la UP, el partido nacido de la alianza entre el brazo político de las FARC y el Partido Comunista Colombiano. Aquí la coincidencia es política y como muchas cosas en Colombia, hija de la fatalidad.
En 1985 (año de la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 de Petro) el entonces concejal de Bogotá Ernesto Samper Pizano hizo alianzas políticas, específicamente en el Departamento del Atlántico, con Juan Arteta, jefe local del Partido Comunista y con la regional de la UP. Esas alianzas de Samper se extendieron a Armando Benedetti Jimeno, padre de Armando Benedetti Villaneda, actual Embajador de Colombia ante Venezuela en el gobierno de Petro.
Armando Benedetti Jimeno se desempeñó como ministro de Comunicaciones de Ernesto Samper Pizano y padeció el maremágnum del proceso 8000. Desde la Cartera de Comunicaciones del gobierno Samper surgió otro gran escándalo conocido como el MITI-MITI, generado como consecuencia de la filtración de conversaciones interceptadas a los ministros de Comunicaciones (Saulo Arboleda) y de Minas (Rodrigo Villamizar), para favorecer a los amigos del presidente en la adjudicación de 81 emisoras de radio, algunas de ellas en Cali, vinculadas al Periodista Mario Alfonso Escobar, conocido como Mao y cercano al Cartel Cali.
Las chuzadas no solo generaron el proceso 8000, sino que constituyeron una poderosa herramienta de defensa para la permanencia de Samper en el poder. Se dedicaron a chuzar a diestra y siniestra, al punto que, desde el DAS se trató de chuzar a otro importante protagonista de esa historia, el señor Milles Frechette. Ese evento no solo generó la salida del director del DAS, Marco Tulio Gutiérrez Morant, sino que desencadenó la agudización de la crisis entre los gobiernos de Colombia y USA que para la época le había retirado la visa al presidente Samper y descertificado a nuestro país en la lucha contra el narcotráfico.
Aún me pregunto qué hubiera pasado si el avión presidencial de Ernesto Samper al aterrizar en los Estados Unidos, con el alijo de droga encontrado en su interior poco antes de partir para la intervención de Samper ante las Naciones Unidas, en donde, al igual que Petro, llegó a promover la legalización de las drogas. En honor a la verdad creo que ese era un entrampamiento.
Regresando a Samper y la UP, ya en el plano de la fatalidad, acabamos conmemorar 30 años del homicidio de José Antequera, militante de la UP y Secretario Nacional del Partido Comunista Colombiano. Fue candidato presidencial por la UP. El 3 de marzo de 1989 Antequera fue ultimado y en dichos hechos resultó gravemente herido, al parecer de manera circunstancial Ernesto Samper Pizano.
En el contexto de la fatalidad se presentó el asesinato del eminente Profesor, Defensor de Derechos Humanos y Activista Político Don Eduardo Umaña Mendoza, hermano del Ministro de Comercio de Petro, vinculado ideológicamente con la izquierda y relacionado con muchas organizaciones de Derechos Humanos, dentro de las cuales se encuentra la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, ONG de DDHH a la que se encontraban vinculados Juan Fernando Petro (Hermano de Gustavo Petro) y (Danilo Rueda Comisionado de Paz del gobierno de Petro), quienes argumentando labores humanitarias para la promoción y protección de los Derechos Humanos y la búsqueda de la paz, visitaron a un sinnúmero de personas privadas de libertad por vínculos con organizaciones criminales, corrupción y otros solicitados en extradición, gestión que ha sido identificada como “El Pacto de la Picota”
El Hijo del cuestionado Ernesto Samper Pizano, Miguel Samper Strouss, militante del Partido Liberal hasta 2021 y ahora miembro del Partido Alianza Verde, fue impresentablemente designado como viceministro de Justicia y del Derecho en el Gobierno de Juan Manuel Santos entre 2010 y 2014.
Por lo antes descrito, poco sorprendería que, al afortunado Diputado a la Asamblea del Atlántico, miembro del Pacto Histórico, asiduo visitante de los despachos ministeriales, beneficiario de cupos y primogénito presidencial, termine en algunos años reencauchado rigiendo alguna cartera ministerial del gobierno de cualquier amigo o enemigo de su padre, gracias a la amnesia de los Colombianos y nuestra política dinámica.
Es claro que la responsabilidad penal y los atributos éticos y morales de las personas son intransferibles y el delito de sangre no existe, pues estas son circunstancias personalísimas, al igual que las tarjetas de crédito, aclarando que se ha venido demostrando en este “incidente” que algunas cosas de la vida son gratis y que para todo lo demás están… las bolsas llenas de dinero.
Definitivamente el que no conoce la historia está condenado a repetirla.
