Por: Joan Sebastián Moreno
La única reforma que debería hacerse a una institución centenaria es la de velar por la integridad y la calidad de trato que deben tener los Policías que en su misión constitucional buscan defender vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, de nosotros que nos encargamos de pagarlos. ¿Por qué deberíamos rechazar una reforma como la que la oposición planea?, he aquí las razones:
1. La Policía debe ser desmilitarizada y depender exclusivamente de Ministerios como los del Interior o Justicia.
Si bien, el artículo 218 de la Constitución Política otorga la condición civil a nuestro cuerpo de policía, debe recalcarse que ese carácter debe armonizarse con la situación sui generis por la que atraviesa un país como el nuestro. Está es una posición absurda que pretende equiparar a Colombia con la situación de orden público de un país desarrollado como Estados Unidos, o Alemania.
Recuérdese que Colombia ha sido azotada por un conflicto que se ha enquistado por mas de 50 años, lo que ha obligado a que la Fuerza Pública ( FF.MM y de Policía), tuviera que prepararse para una guerra de baja intensidad. En ese orden de ideas, La Policía Nacional, para proteger el orden público en sitios recónditos como en Mitú o en el Guaviare, tuvo que defenderse de la guerrilla con armamento pesado.
Debe hacérsele claridad a la gente que no conoce la guerra, que un Policía no puede defenderse con un bolillo de una ataque de un fusil, en gran parte utilizado por las guerrillas para tomarse las cabeceras municipales del pueblo más escondido de Colombia. Y esta realidad no ha cambiado mucho que digamos.
2. Debe dárseles un tratamiento civil.
Otorgarle esa categoría sin condicionamientos a la Policía Nacional, le obligaría al Estado a garantizarle a un Policía como mínimo, el pago de un salario que involucre, recargos, horas extras, el pago por trabajo festivo y dominical. Eso sin contar con la posibilidad de que el pago de sus prestaciones sociales sean más generosas de lo que perciben actualmente. En esa vía, es dable afirmar que deberían darles la posibilidad de sindicalizarse, de ser una fuerza deliberante, y permitírseles el sufragio, así, como está destinado para cualquier servidor público. Ya no podrían desplegar acciones de orden militar, no estarían cobijados por delitos relacionados con infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y con ello, debería entenderse que su intervención en la convivencia ciudadana solo estaría reglada por los dictados del código de policía.
3. Crear una veeduría que vigile los procesos disciplinarios de la Policía
Las veedurías ya existen, creadas por la ley 850 de 2003, se define como un mecanismo democrático que le permite a cualquier ciudadano ejercer vigilancia sobre cualquier institución pública. Es una falacia que los opositores manifiesten que se garantiza impunidad y falta de control en sede policial. Múltiples policías lectores concordaran, en que la Policía Nacional tiene como consigna depurar constantemente a su personal, a veces con claras infracciones del debido proceso, cuando se lo hace valiéndose de la aplicación del retiro discrecional para mejorar el servicio, o cuando se aplica indiscriminadamente lo que se conoce como el temido articulo 27 de la ley 1015 de 2006, y que valga decirlo aquí, desmoraliza a cualquier policía saber, que puede ser sacado sin la posibilidad de defenderse, o que dicho articulo 27, ni siquiera admita un recurso de reposición o apelación.
4. Capacitación en materia de Derechos Humanos
Tanto para el nivel ejecutivo, como para oficiales, la capacitación en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario es obligatoria, y se da plenamente en los cursos de formación policial, es decir, existe y se trata de aplicar, no solo en la escuela, sino también en las formaciones diarias del policial que entra a primer, segundo o tercer turno. La propuesta es ingenua y un poco paradójica. Es como si se propusiera que los congresistas deberían hacer un curso de formación en practicas de anticorrupción para que no roben. Aun cuando se hiciera, es muy probable que no funcione.
¿Qué es lo que en verdad se necesita?
• Mejorar las condiciones salariales y prestacionales de los miembros de la Fuerza Pública.
• Disminuir la excesiva carga laboral de todos los miembros del nivel ejecutivo.
• Evitar la aplicación sin sentido de los artículos 27 de la ley 1015 de 2006.
• Fortalecer la estructura de la Justicia Penal Militar.
• Suprimir las brechas que se dan entre nivel ejecutivo y el oficialato.
Posdata: Nobleza obliga, si usted como alcaldesa se siente más cómoda como ciudadana indignada que como primera autoridad de policía, debe renunciar, porque esta paradoja termina por concluir, que usted es más hábil gritando que gobernando.
