Por: María del Rosario Guerra
Han pasado 492 días desde que el Archipiélago de San Andrés y Providencia fue escenario de una de las peores emergencias naturales: el paso del huracán Iota. La fuerza de los vientos y la furia del mar arrasaron con todo a su paso causando la destrucción del 98% de la infraestructura de la isla de Providencia, dejando cuatro víctimas fatales y más de seis mil pobladores damnificados. Una pesadilla que duele recordar, pero que jamás olvidaremos.
La respuesta a esta tragedia fue inmediata. El presidente Iván Duque no vaciló en activar todos los mecanismos a su alcance, y de su equipo de gobierno, para atender la emergencia y abrir la puerta al proceso de reconstrucción, que pese a las dificultades hoy tiene un avance del 90% en San Andrés y 85% para el caso de Providencia. Este es sin duda uno de los mayores retos técnicos y sociales que ha enfrentado el país.
Este gobierno se puso la camiseta y con trabajo coordinado, esfuerzo y compromiso hoy dan un parte de cumplimiento a los habitantes de la Isla, a los colombianos, a los raizales e incluso a los incrédulos que con mentiras y críticas destructivas pretendieron empañar el proceso de reconstrucción y recuperación del Archipiélago, a través de una inversión prevista de $1.2 billones en el Plan de Acción Específico para la reconstrucción de la isla. De las más recientes entregas, se destacan 13 obras de infraestructura (todas entregadas), como la sede de la alcaldía; el Puente de los Enamorados (conecta a Providencia con Santa Catalina); la Capitanía de Puerto; los colegios Junín Preescolar Claro y Bomboná (sede Boyacá); las canchas multifuncionales San Felipe, La Montaña y Santa Catalina; y el Hospital Spa, entre otras, que significaron una inversión superior a $42 mil millones.
A esto se suman los avances en las obras del aeropuerto El Embrujo, que ahora pasará a llamarse Divina Providencia y el nuevo hospital de segundo nivel. De otro lado, de las 1.845 casas afectadas por Iota, 1.410 han sido reparadas y otras construidas de cero, estas últimas con todas las normas de sismorresistencia y cubiertas con anclajes de seguridad. El trabajo avanza contrarreloj para cumplir la meta y finalizar la reconstrucción total de las tres islas antes del 7 de agosto.
En materia de reactivación económica también hay avances. Para este fin, el Ministerio de Comercio ha destinado $42.455 millones de $64.865 millones previstos por la UNGRD, entre incentivos y subsidios para apoyar a los comerciantes locales afectados por la emergencia, beneficiando a 113 prestadores de servicios turísticos, y que se extenderá a los meses de mayo y junio de 2022. A esto se suma la reconstrucción de 114 posadas turísticas y la recuperación de 216 negocios.
Bancóldex también entregó créditos subsidiados por $1.062 millones, a través de su línea Providencia Adelante, de los cuales, $621.7 millones llegaron a microempresas y $441 millones a pequeños empresarios. Para el caso de San Andrés, los créditos subsidiados superan los $40.600 millones.
Pero este no es el único tema por el que San Andrés fue protagonista esta semana. La Corte Internacional de La Haya falló una de las demandas del litigio de Nicaragua contra Colombia, por las supuestas “violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe”. Es importante aclarar que esta decisión no se refiere a temas de soberanía ni delimitación marítima, solo a los derechos que le asisten a cada país en el Mar Caribe, así como la revisión de si sus decisiones se ajustan o no al Derecho Internacional.
En esa línea es importante decir que el fallo ratifica la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los Cayos; reconoce el respeto que ha tenido nuestro país por los convenios y tratados internacionales, y reitera que la Armada Nacional puede continuar navegando libremente para ejercer labores de vigilancia e interdicción dentro de las millas establecidas. Adicionalmente, la Corte reconoce los derechos de pesca de los raizales, quienes podrán navegar sin restricción para llegar a los bancos de pesca en aguas colombianas sin que Nicaragua impida su libre tránsito, un derecho histórico y ancestral que debe respetarse.
Así mismo, la Corte rechazó la pretensión de Nicaragua de que Colombia fuera condenada a pagar una indemnización por el supuesto de no respetar las zonas marítimas de Nicaragua, así como por los “daños causados por la explotación de recursos vivos” de la zona económica exclusiva de ese país por parte de embarcaciones pesqueras. Sin duda la defensa de Colombia fue coherente, argumentativa y rigurosa, por eso todo mi reconocimiento a la gestión del Gobierno Nacional y al equipo jurídico para defender el mar territorial de Colombia.
Como colombianos debemos estar unidos para defender cada milímetro del mar territorial y para que la labor de seguridad y lucha contra el narcotráfico no se vea truncada.
Nota: Lo que está pasando con Piedad Córdoba y las acusaciones en su contra, todas gravísimas, exigen no sólo una rápida respuesta de la Fiscalía y demás entidades competentes, sino que el candidato del Pacto Histórico, que la incluyó en la lista al Senado sabiendo de sus graves enredos jurídicos, responda. Debe renunciar y asumir también responsabilidad. No todo vale para conseguir votos y ganar.
