Por: Jorge Cárdenas
Lo que viene sucediendo en Colombia con la rama judicial desde hace varios años es absolutamente inaudito. Se supone que las leyes son para cumplirlas, que deben ser claras para cualquier ciudadano y que para facilitar la aplicación de justicia se divide en diferentes cortes para juzgar a determinada persona dependiendo de si es un ciudadano común o el presidente de la república.
Pero ese hecho no debería eximir a nadie de ningún crimen ni debería existir una diferencia sustancial si la aplicación la ejercen la Corte Suprema, la JEP o un juzgado municipal.
La oposición al gobierno -o más puntualmente al Uribismo- está empeñada en que quien debe juzgar al expresidente Uribe tienen que ser la corte suprema (aún tras haber renunciado al senado) porque si pasa a la fiscalía, defienden ellos, corre el riesgo de salir impune de sus “delitos”.
Lo que yo me pregunto es ¿Por qué asumen que el veredicto de la corte suprema va a ser diferente al de la justicia ordinaria?
¿Con su posición no están infiriendo que la fiscalía es corrupta y que dejará libre a alguien aún siendo culpable?.
¿Por qué apoyaron las decisiones de la misma corte suprema y de la JEP en torno al caso Santrich, se empeñaron en defender su inocencia pese a la contundente evidencia en su contra, presionaron para que lo posesionaran como senador y cuando huyó ninguno le exigió que regresara a responder por sus delitos?.
¿No será que temen que se destapen las verdades que esas cortes les han ayudado a esconder?.
Es que no se trata de Álvaro Uribe; aunque eso ya fue lo que colmó la paciencia de quienes confiamos en su inocencia y el bien que le ha prestado al país; sino de todos los colombianos. Porque si la justicia es selectiva, es hora de que deje de serlo.
Ya es justo que ese lema de que la justicia es “para los de ruana” se acabe y pasemos a tener una que sea aplicable a todos de manera justa y transparente. Que no haya nadie que se considere por encima de la ley o que haya crímenes que para ellos no apliquen.
También es tiempo de que se acabe la guachafita de que en cada década armen acuerdos de “paz” que no son más que pactos de impunidad para grupos armados ilegales que camuflan su accionar en supuestas rebeliones reivindicativas de derechos que ellos jamás cumplen ni hacen cumplir.
Desde la guerra de los mil días, terminada en 1902, no ha habido una guerra civil en nuestro país, no hay un conflicto armado entre facciones de colombianos.
Lo que ha habido son insurrecciones que han querido imponer su ley en diferentes regiones, que aprovechan la falta de presencia del estado en algunas partes de nuestro territorio para ganarse a sangre y fuego la zona e imponerse como un gobierno paralelo pero que no les da a los habitantes ningún bienestar real. No hay escuelas, hospitales, carreteras ni nada por el estilo construidos por cualquiera de los grupos armados que dicen luchar por el pueblo.
Lo máximo que garantizan son la seguridad, pero es una seguridad condicionada a sus intereses. Amenazan a ladrones o consumidores de drogas, pero permiten la extorsión y el narcotráfico porque son parte de su negocio.
En la actual pandemia amedrentan a las poblaciones advirtiendo que si hacen reuniones y fiestas serán “neutralizados” y se sienten con el poder y la libertad para asesinar a quienes lo hacen, como ya ocurrió en Nariño.
La historia se repite cada vez de la misma manera. Hay un grupo armado que, alimentado por el dinero del narcotráfico, delinque en una o varias zonas del país, reclutan gente de todas las edades, amedrentan para que las poblaciones los apoyen, cometen toda clase de barbaries, adoptan una postura política (de izquierda o derecha) que les permite “justificar” su accionar y, tras varios años, algún gobierno les propone un acuerdo que les permita reincorporarse a la vida civil. Si, como en el caso de las FARC o el M19, llevan el tiempo suficiente se les propone, además, participación política que les de la posibilidad de acceder a cargos públicos borrando con una firma la larga lista de crímenes cometidos.
Algunos aceptan el trato (sobre todo los más veteranos o los hastiados) y otros, quienes solo conocen la vida del crimen, se incorporan a otro grupo insurgente o se reagrupan con otros como ellos que no están dispuestos a perder su lucrativa y delictiva vida para continuar con la misma historia una y otra vez.
A lo mejor los más jóvenes piensan que lo sucedido con los acuerdos de La Habana es inédito, pero no lo es. El mismo cuento con diferentes actores sucedió con el EPL, M19, Quintín Lame y las AUC.
Sin embargo, la tan anhelada paz no llega porque siempre hay conflictos armados y actores de esos conflictos deseosos de representar el mejor papel en una obra teatral sin final a la vista.
No puede haber, en ninguna circunstancia, un país dentro de otro país. No puede haber derechos y no deberes para determinadas poblaciones. No puede haber zonas vedadas para las fuerzas del orden público porque esa es la base para que se permeen y lleguen los males que hemos padecido durante tantas décadas.
Por supuesto que creo en los derechos de los indígenas y demás minorías, pero no puede ser que sean exclusivos para ellos y que no haya la posibilidad de verificar que en sus comunidades no se cometan crímenes.
No es coincidencia lo que sucede en el sur del país. No es coincidencia que las zonas de mayor violencia sean las que son productoras de coca o corredores por los que sale y entran armas y dólares del comercio ilegal.
La minería, sustento de tantas familias en muchos territorios, también fue absorbida por grupos ilegales que la ejercen sin el menor cuidado del medio ambiente, que no pagan un solo impuesto y que oprimen a las comunidades con su violencia desmedida.
No puede haber cortes que persigan a unos y les regalen impunidad a otros.
No puede haber fiscales que miren a la derecha y otros a la izquierda.
Es increíble escuchar a jueces que durante un interrogatorio dirigen a los comparecientes como si fueran sus abogados defensores y nada pase.
Nuestro país tiene un aparato judicial enorme y sin embargo inoperante.
No es comprensible que, en zonas tan conflictivas como Tumaco, Nariño, solo haya un juzgado y que esta semana hayan liberado a mas del 70% de los involucrados en crímenes como secuestro, extorsión y asesinato, por vencimiento de términos. Dentro de ese grupo estarían los asesinos de los periodistas ecuatorianos. El colmo absoluto.
Es muy peligroso que, a un senador, sea quien sea, le pasen información que haría parte de la reserva sumarial de algún proceso. Y mucho peor que a quien le pasen esa información sea un periodista para que al día siguiente haya noticias en primera plana que direccionen a la opinión publica sobre la culpabilidad de alguien que no ha podido defenderse.
Es aberrante que tengan más derechos los terroristas que las fuerzas militares y de policía.
Ver como muchas ONG tienen la lupa puesta sobre el accionar de los representantes del orden público, pero no haya ninguna que le ayude a soldados y policías que, por razones del conflicto armado, ven enredada su libertad.
Resulta irrisorio que quienes han hecho parte del mayor cartel del narcotráfico del mundo, las FARC y sus representantes en el senado desde antes de los espurios acuerdos del gobierno anterior, estén haciendo campaña para la legalización de los cultivos de droga, se opongan a las fumigaciones con glifosato, rechacen la participación de tropas extranjeras para ayudar a mitigar la propagación de cultivos ilícitos, y nadie concluya su clara relación con los carteles narcotraficantes.
Los delincuentes cambian los nombres de los delitos y les son perdonados.
Ya no es el reclutamiento forzado de menores sino un “error político”. Ya no hablamos de pedófilos sino de “amor hacia los niños”, un movimiento que está cogiendo fuerza a nivel mundial para que la sociedad acepte que hay personas que puedan acceder carnalmente a menores sin que haya consecuencias. Según eso Garavito y Uribe Noguera serán directores de ICBF en unos cuantos años.
Se exige, aprovechando la cuarentena, que se mantengan cerradas las iglesias y centros religiosos pero que se reabran las casas de lenocinio.
Se prohíbe hacer referencia a la Virgen de Chiquinquirá, patrona de los colombianos, pero se exalta la imagen del Che Guevara, Mao y Stalin, claros y reconocidos asesinos de masas.
Como se dan cuenta la reforma a la justicia no es necesaria para salvar de la cárcel a un individuo en particular. Es una necesidad primordial si queremos que algún día Colombia sea un lugar donde se pueda vivir en paz, que sea un país equitativo y donde la base del progreso sea el trabajo honrado.
