Por: Lina Maria Peña
En días pasados se conoció que la Alcaldesa de filiación izquierdista estaba por entregar el jugoso contrato del Plan de Alimentación Escolar. En medio del proceso licitatorio se empezó a rumorar que el ganador de contrato sería un cuestionado empresario de este tipo de programas estatales y posteriormente se confirmó lo que era un rumor.
La Alcaldía de Santa Marta entregó a los señores Roger Bermudez y Eugenio «Geño» Cuello, en representación de la UT Nutrimos 2020, el contrato para dar alineación escolar a los niños y niñas de las distintas instituciones educativas de la ciudad.
El escándalo sobre esta adjudicación no se hizo esperar, toda vez que dentro del proceso de presentación de la documentación por parte de los oferentes a la licitación pública, se exigía a éstos la presentación de máximo tres contratos respecto de los cuales su objeto fuese la entrega de alimentos y para ello el empresario Cuello, puso de presente dos contratos ejecutados en el departamento de Arauca.
EL Contrato ejecutado por la UT Alimentación escolar 2017 en Arauca fue objeto de fuertes cuestionamientos por parte de la propia contraloría general de Arauca lo tilda de haberse presentado un presunto detrimento patrimonial por mas de 385 millones de pesos.
Se encontró que ni siquiera el operador del PAE presentaba los informes de ejecución contractual y pasado 6 meses después de haberse terminado el mismo existía el acta de liquidación del contrato.
*»Sindicato de educadores guarda silencio»*
El nombre de Eugenio Cuello no era desconocido para el sector del sindicalismo educativo en Santa Marta, no obstante a ello dentro del comité evaluador de los oferentes se encontraba el expresidente de Edumag y actual Secretario de educación Antonio Peralta Silvera. Lo que se puede recabar es que el comité evaluador no se tomó el tiempo para hacer una investigación exhaustiva de los contratos presentados por la UT Nutrimos 2020, pues, las irregularidades fueron ratificadas en auditorías por parte de los organismos de control.
Pero dentro del proceso investigativo acerca del Cuello, nos tuvimos que trasladar hasta la ciudad de Cartagena en donde de acuerdo con las investigaciones realizadas por la superintendencia de industria y comercio, existe un aparato corrupto con el ánimo de consolidar procesos licitatorios amañados que les resulten favorables.
En la resolución No 42653 del junio de 2018 de la Superintendencia de industria y comercio, se expone que el señor Eugenio Cuello González, tomó de manera irregular el nombre de la joven Jeniffer Avila para generar documentos que le permitieran presentarla como representante legal de de la fundación Fundesol, sin que la misma tuviese conocimiento de las acciones que hiciera el señor Cuello para ganarse un contrato en el departamento de Bolívar.
Según el documento, la investigación no solo arrojó como resultado la presunta mala utilización del nombre de la señora Jennifer Avila, sino que además se comprobó que otra fundación de nombre «Multiactiva emprendiendo» también era de propiedad de «Geño» Cuello. La conclusión de la superintendencia tomó fuerza cuando en el proceso de revisión de los oferentes pudieron identificar que las certificaciones de los contadores, revisores, representantes legales e incluso proveedores de transporte y bodegage tenían absoluta coincidencia y la dirección que aportaron como domicilio eran los mismos.
La superintendencia terminó sancionando a la señora Jennifer Avila, con una multa de más de 3 millones de pesos, a pesar que su acción fue bajo la dirección de Eugenio Cuello quien se habría aprovechado de su condición vulnerable para participar un acto de restricción de libre competencia.
Ahora, la Alcaldía de Santa Marta tiene como operador a una empresa que queda cuestionada y en medio de una segura investigación por parte de los entes de control. En una anterior investigación el jefe político y actual gobernador del Magdalena fue objeto de un proceso de embargo por parte de contraloría general de la nación y ahora su hija política quien funge como Alcaldesa entrega el millonario contrato del PAE a un empresario cuestionado por hacer mala prácticas comerciales y participar de contratos plagados de irregularidades y detrimento patrimonial.
