Por: Miller Soto
Ante la embestida de oprobios a la que ha sido sometido el expresidente Uribe, quienes creemos en él, en su honorabilidad y en su demostrado respeto a la institucionalidad, no podemos limitarnos a defenderlo –desde la comodidad de nuestros hogares– en las redes sociales. Si somos testigos de lo que percibimos como una vil patraña de sus malquerientes, que no pudiendo derrotarlo en la arena política y electoral se valen de cualquier instrumento para intentar acabarlo, es legítimo y preciso adelantar acciones, siempre en el marco de la legalidad, dirigidas a fortalecer su defensa y a exponer cualquier situación que sirva para demostrar su inocencia.
Este asunto de la manipulación de testigos ha pasado de claro a oscuro, pues aunque en principio era impensable que semejante absurdo se convirtiera en un proceso penal, llegaron al extremo de privar de la libertad a un inocente mediante nada más y nada menos que una medida de aseguramiento cuyo objeto era darle una estocada que le impidiera defenderse en libertad para exhibirlo al mundo como el culpable que no es; incluso hoy, que pese a su renuncia al Senado sigue privado de la libertad a pesar de que su caso ya no es competencia de la Corte, configurándose así una especie de limbo procesal que de ninguna manera justifica la continuidad de una medida que debió abordarse inmediatamente después del traslado a la Fiscalía.
La cosa es que este es solo uno de los muchos resultados que con premeditación, constancia, perversión y sevicia, han buscado quienes –impotentes ante una grandeza que no pueden superar– se organizan para abalazanrse contra su figura, su familia, su entorno, su partido, su uribismo y todo cuanto representa, o porque intentan llenar los espacios que en franca lid son incapaces de ocupar, o porque simplemente no le perdonan que haya alcanzado el lugar en la historia que ellos jamás alcanzarán. De ahí que se esfuercen tanto y tan seguido para elaborar dinámicas a partir de ficciones o exageraciones con el potencial de generar efectos que lo perjudiquen. De hecho, si nos propusiéramos ahondar en cada una de ellas, emplearíamos cientos de columnas en temas como las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato del abogado Jesús María Valle, la muerte de Pedro Juan Moreno, las nunca probadas reuniones con paramilitares, el escándalo del hacker Sepúlveda, la ñeñepolítica, la rebuscada triangulación de los recursos del partido, la serie matarife, los paros pre-pandemia, la caricaturización sistemática del gobierno Duque y líderes uribistas, la criminalización perenne del uribismo, la proclamación de la ilegitimidad del presidente, la satanización de los tuiteros uribistas, la atribución de responsabilidad al gobierno por las masacres, la instrumentalización de los efectos del virus y toda esa sarta de fábulas, mitos y leyendas que constituyen la narrativa esquizofrénica aupada por el odio.
Hoy, gracias a que el expediente fue publicado por Vicky Dávila y la revista Semana sin fragmentarlo, hemos podido establecer que el expresidente ha sido presa de una espeluznante trama cuyo último episodio descubre una finca comprada en el arco de dos años, por parte de la esposa del testigo Monsalve (50% en 2016) y la madre del mismo testigo (50% en 2018), en fechas cercanas a sus declaraciones contra Uribe, y a un precio quince veces menor que su valor real. Una curiosidad con tantas coincidencias que resulta increíble que la Sala de Instrucción de la Corte haya pasado por alto, sobre todo luego de que una periodista acuciosa como Salud Hernández hiciera su trabajo, conductas claramente descritas en el Código Penal bajo las denominaciones ‘enriquecimiento ilícito’ y ‘lavado de activos’.
Quienes creemos en la honorabilidad de Álvaro Uribe Vélez, quienes coincidimos con su noción de Estado y quienes tememos las nefastas consecuencias de la eventual llegada al poder de la izquierda extrema, no debemos conformarnos con memes, cadenas de whatsapp o el uso de twitter como muro de lamentos. Debemos ir más allá. Analizar, profundizar, razonar, exponer, controvertir y –si se da el caso– acudir a mecanismos, acciones e instrumentos políticos y jurídicos que robustezcan nuestra posición e impidan que estos pícaros alcancen la gloria que no merecen y que buscan conquistar a punta de montajes.
Miller Soto
