Por: Eduardo Mackenzie
Enrique Santiago Romero, 59 años, secretario general del minúsculo Partido Comunista de España, es conocido por defender cínicamente las dictaduras comunistas responsables de 100 millones de muertos y por respaldar igualmente la organización narco-terrorista FARC.
Ese personaje fue negociador y orientador de los jefes de las FARC desde 2012 y durante las reuniones en La Habana que confirmaron la capitulación del gobierno de JM Santos ante las FARC. Ese pacto de impunidad entre Santos y Timochenko fue rechazado por los colombianos en el referendo de 2016. Desde entonces ese pacto no ha logrado el consenso que sus autores esperaban.
Santiago es el inventor de la JEP y el creador de faribolas asombrosas como aquella de que el narcotráfico de las FARC no debe ser visto como un crimen, sino como una “forma de financiación de una lucha política”. Tampoco las masacres, asesinatos de militares, policías y civiles, sus miles de secuestros, desapariciones, y tantas otras atrocidades, cometidas durante más de cinco décadas, no serían actos ilegales pues, según el abogado español, “en una guerra es lícito matar”. La defensa de las FARC hecha por Santiago descansa obviamente sobre una aberración: pedir que los crímenes de guerra y los de lesa humanidad puedan ser amnistiables. Eso llevó a la derrota política del combo de Santos en 2016.
Adepto de la idea delirante de derogar la ley española de amnistía de la Transición, y partidario de la violencia, sobre todo contra los “enemigos de clase”, Enrique Santiago escandalizó cuando declaró, en 2019, que él es un leninista “a mucha honra” y que si en España se dieran “las mismas condiciones” que existían en la Rusia de Lenin, “indudablemente (él) iría al Palacio de la Zarzuela y haría lo mismo que Lenin le hizo al Zar”, es decir asesinar al rey Felipe VI y a toda su familia, como hicieron en 1918 los bolcheviques con Nicolás II, su esposa y sus cinco hijos, entre 13 y 22 años: asesinarlos a tiros y bayonetazos e incinerar y desaparecer sus cuerpos.
Esa es la ficha que Gustavo Petro acaba de naturalizar como colombiano, en una ceremonia a puerta cerrada en Madrid, presidida por el ministro Álvaro Leyva. Ese acto de agradecimiento a Santiago por sus andanzas con las FARC, lo que incluyó la defensa de alias Iván Márquez quien firmó el acuerdo de La Habana para después regresar al monte a seguir matando y traficando junto con alias Santrich. Enrique Santiago saludó el viraje de esos dos individuos pues, según él, “los americanos” y el fiscal colombiano Humberto Martínez Neira, los habían “entrampado” para acusarlos de tráfico de drogas y deportarlos a Estados Unidos. E insistió: “Recomiendo escuchar a Márquez” porque él ha dicho “no vamos a atacar a nadie”. (1)
Santiago tiene pues un problema con la realidad. Estima, por ejemplo, que ningún tribunal en el mundo ha confirmado que las FARC trafiquen con drogas. Para él, las FARC se financian con limosnas y todos los narco-FARC encarcelados en Estados Unidos son víctimas de venganzas “del imperialismo” y de la “oligarquía agraria” colombiana.
Inútil decir que Santiago declaró su amor a dictadores como Fidel Castro, Hugo Chávez y Evo Morales. De Nicolás Maduro dice que es un gran estadista. Santiago es también cabecilla del Grupo de Puebla, plataforma dedicada a imponer por la fuerza y el fraude electoral el castrismo en el continente y proteger el futuro de individuos como Maduro, Morales, Ortega, Cristina Kirchner y Baltasar Garzón.
Las malas lenguas dicen que el presidente Petro ordenó esa naturalización para poner al imaginativo Santiago al frente del equipo de abogados que el mandatario está constituyendo para hacerle frente a las acusaciones que se acumulan contra él en la Cámara de Representantes y en los estrados judiciales, donde la oposición tramita ya denuncias contra él, contra algunos jefes del partido Colombia Humana y contra el hijo del jefe de Estado, Nicolas Petro, quien confesó haber recibido (y sustraído) cuantiosas sumas de dinero ilegal durante la pasada campaña electoral de su padre, de 2021 y 2022.
Santiago podría ser utilizado también en la caza de brujas que prepara Gustavo Petro contra los jefes de la oposición colombiana, como la senadora María Fernanda Cabal, así como contra la revista Semanay otros medios libres y contra Martínez Neira y el actual Fiscal Francisco Barbosa, algunos de ellos ya amenazados de muerte.
Otra posibilidad es que ninguna de esas razones sea cierta. En ese caso, la tal naturalización tendría otro objetivo: buscar que el político español (ahora colombiano) invente las condiciones más ventajosas para el ELN y para los carteles narco con los cuales Gustavo Petro quiere llegar a un acuerdo de “paz total”, lo que implicaría una dramática inversión de la relación de fuerzas históricas entre la subversión narco-comunista y el Estado colombiano. En esa hipótesis, Enrique Santiago estaría llamado a presentar ante la opinión pública ese diabólico plan bajo los ropajes más sugestivos y paralizantes.
Lo que sí parece indudable es que, en un caso u otro, la naturalización del jefe comunista español obedece a necesidades urgentes del agónico gobierno de Gustavo Petro, asediado cada vez más por su propia lógica destructiva y dictatorial, por la insolvencia de sus ministros y por la bronca masiva de la ciudadanía.
Enrique Santiago dice que Colombia es “el país más leguleyo del mundo”. Ya verá él de qué son capaces esos “leguleyos”. Si Santiago se mete a ayudarle a Petro, a desarrollar sus apetitos brutales, a sublimar el mal, a buscar el triunfo de los agresores sobre las víctimas, a desbaratar lo que hemos construido para devolvernos a un pasado de violencia tribal, frente a eso todos seremos “leguleyos” en lucha por la democracia y el pacto social civilizador.
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