Por: Eduardo Mackenzie
El pasado 30 de agosto fue radicado en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que pretende “reformar a la Policía Nacional”. Los autores de tal iniciativa militan en una pequeña franja de opinión: la extrema izquierda. La congresista Aída Avella dirige ese grupo en el que aparecen figuras como el concejal bogotano Diego Cancino y los congresistas Inti Asprilla, Ángela María Robledo, Wilson Arias, Katherine Miranda, Juan Carlos Losada y Fabián Díaz.
Hace menos de un año, tres congresistas comunistas y verdes presentaron, sin lograrlo, su respectivo proyecto para debilitar a la Policía.
La idea de convertir la Policía Nacional en un cascarón vacío, incapaz de luchar contra la inseguridad rampante en el país, es la mayor obsesión de esos virtuosos comandos. Ellos tratan de evaporar las atribuciones que le permiten a la Policía Nacional encarar los desafíos propios de un país que vive bajo las masivas embestidas de estructuras armadas subversivas ligadas al tráfico nacional e internacional de drogas.
Los ponentes dicen que su iniciativa es candorosa. Que su objetivo es angelical: hacer que la Policía Nacional sea “la policía de la paz”. En realidad, lo que quieren es encontrar un atajo para dar vida a uno de los puntos más peligrosos del funesto acuerdo de paz Farc/Santos: apagar la Policía Nacional y sacarla del ministerio de Defensa y ponerla bajo la batuta del ministerio del Interior.
Ese objetivo había sido dictado por la politizada CIDH, en su cínico ataque contra el gobierno de Iván Duque de julio pasado.
Un cambio en ese sentido busca desestabilizar la Policía Nacional pues pondrá su dirección central a merced de los caprichos de la política y del gobierno de turno. Para evitar ese peligro, el legislador colombiano adscribió en buena hora la Policía Nacional al ministerio de Defensa.
Las fuerzas militares y la Policía Nacional se complementan en el trabajo antisubversivo y requieren gran estabilidad y respaldo institucional para cumplir sus tareas. El primer gran paso de la extrema izquierda para desorganizar ese dispositivo es cambiar la actual posición institucional de la Policía Nacional.
Esa maniobra, que dice ser respaldada por 40 grupúsculos radicales, crea una situación grotesca. Los mismos que impulsan y apoyan sin falta los llamados “paros cívicos”, cada vez más violentos y depredadores, como los que sufrió Colombia en 2020 y en lo que va corrido de 2021, son los mismos que quieren evaporar la Policía y debilitar en general a la fuerza pública.
Son los mismos que empujaron este año a los “protestantes” que en 50 días mataron a 27 personas, entre ellos dos bebés. Esas almas floridas que dicen “proteger los derechos humanos”, son los mismos que aplaudieron los incendios de juzgados, hoteles y estaciones de policía en 25 ciudades, los que callan ante el hecho de que los “manifestantes” hirieron a más de 2.000 personas, entre ellos a 1 253 policías (con armas de fuego, explosivos, cuchillos y piedras). Son los que se niegan a reconocer que los vándalos destruyeron, sólo en Bogotá, 675 bienes de la policía (536 vehículos, 138 cuarteles y 1 dispensario médico).
Los mismos que aplaudieron los perniciosos bloqueos de calles y autopistas que lograron arruinar centenares de empresas.
Gustavo Petro, quien apoya las violentas asonadas y pide que éstas sean “por tiempo indefinido”, le pide al socialista Bernie Sanders que intrigue ante Biden para que la ayuda militar y policial de Estados Unidos a Colombia sea cortada, lo que facilitaría los golpes expansionistas de Cuba, Moscú y Pekín contra Colombia.
¿Qué autoridad moral tiene esa trinca de apátridas para pedir la “reforma” de la Policía? Ninguna. La fuerza pública es, para ellos, un obstáculo. La Policía Nacional y el Esmad fueron los brazos gracias a los cuales, a pesar de la ineptitud del gobierno en esos días infernales, el país venció a los violentos y desbarató, por un momento, pagando un alto precio, los objetivos narco-revolucionarios.
La propaganda de Avella/Petro oculta tales hechos. Uno de sus auxiliares, Cancino, dijo: “Buscamos fortalecer la transparencia institucional, que la policía sea cercana a la gente y sus comunidades, que garantice la vida e integridad de las personas”. Magnífico. ¿Pero cómo pueden lanzar eso al mismo tiempo que dicen: “Pedimos que se desmonte el Esmad”. El Esmad fue el que protegió a millones de civiles atacados y amenazados en las ciudades, barrios y veredas durante los motines de 2020 y 2021 por las llamadas “primeras líneas” adiestradas y pagadas por obscuros agentes.
¿Cómo la Policía Nacional podría “transformar el conflicto de manera no violenta” si el agresor es violento? Para ellos la respuesta es: cediendo ante el terror y la mentira. Esa ideología subyacente, que se disfraza de buenas intenciones, explica el auge de la criminalidad urbana y la escandalosa actuación de ciertos jueces que no sancionan los delitos cometidos por los energúmenos de las “primeras líneas”.
El otro punto clave de plan extremista es resumido así: “La justicia militar no tendrá fuero (sic) en casos en los que las conductas de los uniformados amenacen o vulneren los derechos humanos”. La frase de los eminentes congresistas es doblemente indigesta. La justicia militar no es la que “tiene” un fuero. El fuero militar es un derecho, es el derecho que tiene todo militar y/o policía a ser juzgado por la jurisdicción militar o de policía por las infracciones propias de su condición. Lo que buscan Petro y Avella es derogar a las patadas el artículo 221 de la Constitución Nacional que consagra ese derecho. Este artículo habla de “delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo”.
En junio pasado, Iván Duque presentó su proyecto de ley para “cambiar la imagen” y “reestructurar” a la Policía Nacional. Así agradeció a esa institución por haber salvado al país de la estrategia de demolición de 50 días.
Esperemos que los legisladores más alertas no pierdan el rumbo entre las imposturas de unos y la abdicación de otros.
