Por: Fredy Garzón – El Denunciante
El 6 de marzo del año 2020 se confirmó el primer caso de Covid-19 en Colombia, una mujer de 19 años de edad procedente de Milán-Italia dio positivo a este temible y desconocido virus que nos cambió la vida.
El presidente de Colombia Iván Duque para el primer semestre de ese mismo año, en el programa Prevención y Acción, anunciaba que el 49% de las muertes por Coronavirus correspondían a Adultos Mayores, esto por ser el grupo etario más vulnerable al virus; confirmada esta letalidad por la comunidad científica y médica mundial.
En Bucaramanga cuando comenzamos a sentir el temor del contagio y de ver a nuestros seres queridos emprender el viaje a la eternidad por el aterrador virus que hoy todavía nos tiene atrapados; sucedió un hecho inexplicable y más terrorífico que la misma potencial amenaza del Covid-19; una persecución a los Adultos Mayores de Bucaramanga, la población más afectada por la pandemia.
Para el mes de mayo del año 2020, el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas Rey, en ese entonces con la que era su secretaria de Desarrollo Social Natalia Durán Valbuena, sostuvieron que el Asilo San Rafael, uno de los Centros de Bienestar del Adulto Mayor más importantes de la ciudad con más de 75 años de labor social; realizaban un “supuesto cobro al municipio de personas fallecidas” a través de un Convenio suscrito entre el Asilo y la Alcaldía de Bucaramanga para la atención de Adultos Mayores de escasos recursos.
Uno de los alfiles del momento del alcalde Cárdenas Rey, el concejal del partido verde Carlos Parra; por diversos medios de comunicación y por sus poderosas redes sociales, filtró información de la alcaldía y manifestó que existía un verdadero “Cartel de Cédulas” que operaba al interior del Asilo para desfalcar al Estado.
Durán Valbuena, exsecretaria de Desarrollo Social interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por estos supuestos hechos; hoy, 16 meses después del daño ocasionado al Asilo San Rafael y a su exdirectora Ludy Zapata Niño; la Fiscalía 8 de Administración Pública de Bucaramanga concluye que el Asilo nunca cobro auxilios de personas muertas.
Zapata Niño, tuvo que renunciar a su cargo de Directora del Asilo por la presión mediática y ataques sistemáticos orquestados desde la Alcaldía de Bucaramanga y que realizaron en compañía de sus partidos de gobierno, en especial el partido verde.
La persecución a los Adultos Mayores de Bucaramanga quedó al descubierto con esta “Jugadita” del alcalde Cárdenas, de su exsecretaria Durán y del concejal Parra su fugaz alfil.
Todo esto fue una represión contra los Centros de Bienestar del Adulto Mayor de Bucaramanga los cuales en medio de la pandemia, cuando nuestros Abuelitos llenaban las UCI y fallecían, tuvieron que protestar porque la alcaldía quiso quitarle los recursos de la Estampilla Pro Anciano, con los que históricamente la administración municipal les ha ayudado; como lo manifestó Ludy Zapata exdirectora del Asilo San Rafael y su abogado defensor Daniel Caicedo de la Fundación Defensa de Inocentes.
Perfilaron al Asilo San Rafael para justificar un recorte de recursos públicos; a hoy ninguno de los que causaron este daño que afectó a todos los Centros de Bienestar del Adulto Mayor han dado la cara para al menos intentar resarcir en algo el perjuicio ocasionado con la falsa denuncia.
Las afirmaciones temerarias de los servidores públicos que llamaron “Delincuentes” al “Asilo San Rafael” y a su exdirectora; pueden incurrir en faltas disciplinarias y posibles conductas penales por esta persecución a nuestros Adultos Mayores.