Por: Duván Idarraga
Después de casi tres meses, por fin, el gobierno del Presidente De la Espriella presentó el proyecto de ley de rescate 477 del 2026, con el cual busca subsanar la perversa crisis fiscal heredada. Imposible no mencionar que el gobierno Petro es el único responsable de dicha crisis; dejó una situación fiscal desastrosa, ni siquiera vista en pandemia, con un déficit que supera el 9% del PIB (Producto Interno Bruto) para el 2026; adicionalmente, dejó una deuda total del sector público que supera el 60% del PIB, la cual ese gobierno incrementó en más del 54% en sus 4 años, lo peor, a tasas extremadamente altas y a plazos muy cortos que incrementaron, aun mas, el déficit. También debemos recordar que el Congreso aprobó un presupuesto de $634,9 billones para el año 2027, de los cuales solo $320 billones están financiados (hacen falta recursos por $314.9 billones). Estas circunstancias son insostenibles en el corto plazo y, para solucionarlo de manera definitiva y permanente, requieren medidas extremas; por ello la relevancia de la ley de ajuste propuesta, sobre la cual nadie duda de su necesidad.
Creo importante destacar, que de esos $634,9 billones del presupuesto del 2027, casi $155 billones corresponden a pago de servicio de la deuda (amortizaciones e intereses). Si bien el gobierno de Abelardo ha realizado reemplazos de deuda (algunos montos que vencían en 2026 y 2027, se reemplazaron a plazos posteriores al 2030), por casi $30 billones, en 2026 habría que pagar casi $125 billones por servicio la deuda (un 20% del presupuesto general).
Tampoco resalto que, ante la gravedad de la situación fiscal del país, el gobierno de Abelardo demoró mucho en presentar este proyecto de ley de rescate; se perdió tiempo muy importante que ha ocasionado, como expuesto en columnas anteriores, que la tasa de interés que ha venido pagando el gobierno por nuevos empréstitos haya subido nuevamente y esté bordeando el 12.94% en TES (en agosto, con el nuevo gobierno, bajaron cerca al 12%). También en la reciente colocación en dólares (octubre 28) por US$5.200 millones, a tasa de 7.49% (según el equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogota, bordearían un 15% en pesos). De haberse presentado la ley de ajuste fiscal, oportunamente, de seguro estas tasas habrían sido menores. El nivel de riesgo país, pasó de 181 puntos en agosto, a 232 puntos en octubre. Finalmente, como dice la popular, más vale tarde que nunca. Vemos, de manera general, que contempla esta ley:
En materia de ahorro de gastos contempla, entre otras propuestas, que la nómina pública baje al 20% para el 2028; que los contratos u órdenes de prestación de servicios (OPS) se reduzcan a la mitad en el 2027. Una observación: Durante el gobierno Petro se crearon casi 800,000 OPS, según la ley propuesta, se reducirían 400.000; ¿y las otras 400.000? Adicionalmente, el gobierno pide facultades extraordinarias por seis meses para reducir el Estado; llamativo qué, desde septiembre, el Centro Democrático radicó un proyecto de ley para ello, pero el gobierno no lo impulsó; se perdieron dos meses de una ley muy necesaria para adelgazar eficiente y efectivamente el estado y cumplir con la promesa de campaña de una reducción del 40%. También el CD propuso una reducción de dos puntos porcentuales en los gastos del presupuesto del 2027, algo que tampoco aceptó el gobierno.
En materia de impuestos, llama la atención que varios productos de la canasta familiar básica pasarían al 19% de IVA (entre ellos: café, azúcar, aceite, pastas, chocolate); igualmente, se contempla que las pólizas de medicina prepagada tengan igual el 19% de IVA, aspectos que afectan considerablemente a los colombianos, de manera especial a la clase media que ante las deficiencias del sistema de salud recurre a este tipo de coberturas. También se afecta la clase media cuando se elimina el descuento del impuesto de renta por personas a cargo. Por otro lado, propone subir del 5 al 19% el IVA para carros eléctricos e híbridos, desestimulando por completo la compra de los mismos. El internet de estratos 1, 2 y 3, pierde el beneficio de exoneración del IVA. También propone que más personas paguen impuesto de renta, se empezarían desde $5 a $5.5 millones al mes, cuando hoy el tope es de $9 millones. Como beneficio, la tarifa de impuesto a la renta baja del 35% al 33% en 2027 y a 31% en 2028. Se prorroga la sobretasa al sector financiero hasta el 2030. Otro beneficio, se crea el RUGE, mecanismo de estabilidad jurídica que garantiza renta del 20%, dividendos al 8% y depreciación acelerada para grandes inversiones nuevas, durante 16 años. El impuesto al patrimonio sube de 72.000 a 95.500 UVT, este impuesto desaparecería en el año 2031. En términos de costos laborales para los empresarios, se elimina la exoneración de parafiscales y salud que hoy cubre hasta 10 salarios mínimos, quedando solo hasta dos salarios mínimos; es decir, volverían a pagar SENA y ICBF y salud por casi toda la nómina, afectando Los costos laborales de los empresarios que ya se habían disparado con la reforma laboral del 2025 y adicionalmente, con la entrada en vigencia de la disminución de la jornada laboral en el 2026.
Es Claro que con la ley de rescate propuesta se incumple una de las promesas del gobierno De la Espriella de no generar más impuestos; se modifican tarifas de IVA, se plantea aumentar productos gravados, incluyendo varios de la canasta familiar; se plantea aumentar contribuyentes al impuesto a la renta. Si bien tiene cosas positivas como la reducción de la tasa impositiva para las empresas en el 2027 y en el 2028, así como el tema de las medidas de estabilidad jurídica para traer inversión, suben de manera general los impuestos. Sin duda, se vuelve a afectar a la clase media, que en las recientes reformas tributarias ha sido excesivamente golpeada.
Por otro lado, no es cierto, como expresa el Ministro de Hacienda, que el 70% del proyecto está encaminado en reducir egresos y 30% a generar ingresos. De acuerdo a análisis de Juan Daniel Oviedo, doctor en economía, “solo uno (1) de cada cuatro (4) pesos sale de recortar gasto y dos (2) de cada tres (3) de impuestos y contribuciones”. Es, sin lugar a dudas, mucho más el peso que tiene la parte impositiva que es la de ahorro del estado. Simultáneamente, es inconcebible que después del impacto negativo que ha tenido en la creación de empleo formal, no solo la reforma laboral del 2025, sino la reducción de la jornada de trabajo el 2026, la ley contemple más gastos para las empresas que generan entre empleo formal. No veo extrema coherencia en ello.
Hay que mencionar, que el gobierno no ha planteado una solución efectiva a los altos costos de servicio de deuda que se viene pagando, fruto del excesivo endeudamiento y las altísimas tasas de interés pactadas por el gobierno Petro. Sin este aspecto, no se podrán materializar ahorros reales y eficaces en los egresos del presupuesto; como mencione antes, el servicio de la deuda equivale, prácticamente, al 20% del mismo en 2027. Se requieren, con urgencia, acciones concretas del gobierno para renegociar la deuda y disminuir significativamente este concepto de egreso y reducir drásticamente la presión fiscal por el lado de los egresos.
En materia de reducción del Estado se ha quedado demasiado corto; hace mucho debió anunciarse qué ministerios, consejerías, fondos internos, embajadas y otras entidades van a eliminar. Absurdo, como investigó Caracol, que, en el borrador de otra ley, anuncien que van a fusionar Deporte y Cultura, así cómo Educación y Ciencia (se suprimen solo 2); pero van a crear dos más: Ministerio de la Presidencia y Ministerio de Desarrollo social. ¿En serio, de ese tenor será la reducción? ¿Así, o más absurdo? Eso está a años luz de la promesa de campaña de una reducción del 40% del Estado. El gobierno debería, si realmente tiene la intención de reducir el Estado, aprovechar la circunstancia y buscar un gran acuerdo nacional con otras ramas del poder público y plantear una reducción importante de entidades como la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría, el Congreso; todas tienen nóminas y gastos excesivamente grandes. Por lo pronto, que inicie, cuanto antes, con las entidades del ejecutivo.
Desde mi punto de vista más que una ley de rescate, tiene todas las connotaciones de una reforma tributaria; el hecho de que la mayor parte del peso del resultado final esté fundamentado, no en el ahorro del Estado, sino en mayores ingresos por impuestos, así lo define. La palabra la tiene ahora el Congreso, esperemos prime la sensatez y se logre lo que más beneficie a los colombianos. Igualmente, que el gobierno y sus influencers, entiendan y respete la autonomía del legislativo.
Nota 1: La Junta Directiva del Banco de la República, en su sesión del 30 de octubre, decidió mantener la tasa de interés en el 12.25%. Con el ajuste realizado en la reunión anterior, consideran que pueden impactar en la reducción de la inflación.
Nota 2: Al momento que se anuncia esta ley de rescate y se pide a los colombianos entender la difícil situación y apretarse aún más el cinturón, se conoce que en RTVC hicieron un evento que costó más de mil millones de pesos para el relanzamiento de la entidad. Algo similar y con costos parecidos, se hizo en Ecopetrol para presentar al nuevo presidente. Igualmente, el ministerio del Interior firmó contrato para eventos entre octubre y diciembre por $24.000 millones. En medio de la enorme crisis fiscal del país, estas acciones son contradictorias y denotan falta de conciencia por parte de funcionarios del gobierno. Tampoco se ve ni la extrema coherencia, ni aquello que los recursos del erario son sagrados.
Nota 3: La deuda bruta del Gobierno Nacional Central ha subido en agosto y septiembre. Paso del 60.1% del PIB en julio, al 60.6% en agosto y al 61.4% en septiembre. Recordemos que, en octubre, se tomó deuda nueva por US$5.200 millones. También recordemos que se sigue pagando mas caro, tanto en pesos como en dólares. Pésimo panorama.