Por: Julian Quintana
El pasado viernes se volvió a registrar un atentado terrorista, esta vez en contra de la Alcaldía de Corinto (Cauca), donde resultaron heridos varios civiles, ese mismo día en el municipio fue secuestrado un investigador del CTI. Según las pesquisas preliminares de las autoridades, los responsables serían las llamadas disidencias de las FARC.
Estos graves hechos, los enfrentamientos en la frontera y el fortalecimiento del grupo al margen de la ley, nos hacen recordar la dura y tenebrosa época, cuando esta guerrilla perpetró los peores crímenes de la historia de nuestro país. Es ahí cuando muchos nos preguntamos ¿de qué sirvió el acuerdo de paz? Además de otorgar impunidad, curules en el congreso a delincuentes y vía libre al narcotráfico.
La guerrilla por más de 50 años, ha justificado sus atroces actos, amparándose en su condición de revolucionarios, bajo la teoría fracasada de la lucha de clases del manifiesto comunista de Carlos Marx y procurando generar el enfrentamiento entre pobres y ricos. Pero la realidad de estos guerrilleros es que jamás han sido el ejército del pueblo, por el contrario, los más afectados con su actuar criminal son los campesinos, a quienes por décadas han reclutado forzosamente, para integrar sus filas y defender el negocio del narcotráfico, su único objetivo ha sido enriquecerse ilícitamente.
Es inocultable que la impunidad en temas de justicia siempre ha arrojado los peores resultados, vemos como ex miembros de grupos guerrilleros aparecieron inexplicablemente con grandes fortunas. Entre tantos casos vale la pena señalar el del Gobernador Carlos Caicedo, quien de la noche a la mañana resultó con una extravagante riqueza, actualmente la fiscalía tiene incautados parte de sus bienes, que hoy son objeto de la acción de extinción de dominio, por delitos de corrupción. Lo paradójico de la extrema izquierda!
Yo espero que a los Colombianos no se nos olvide, que los miembros del M-19, FARC, ELN, como también los que hoy componen los partidos políticos y aquellos que hoy son alcaldes, senadores, gobernadores que se derivaron de estos, son o han sido terroristas al servicio del narcotráfico, criminales responsables de graves delitos de lesa humanidad. Lo de Robín Hood no es más que una utopía.
Lo más sorprendente es que algunos Colombianos, han graduado a estos bandidos como héroes. Como fue el caso del asesino y ex guerrillero del M-19 Carlos Pizarro Leongómez, quién como dirigente de esta organización criminal, le arrebató la vida a miles de inocentes. Y hoy es citado por muchos como un referente. Es inaudito tanta insolencia!
Por supuesto, el gran problema de nuestra justicia, es que se les ha dado un estatus político de beligerantes a grupos terroristas, ignorando con ello los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia. Los mismos que castigan severamente estas conductas delictivas ajenas a los delitos políticos.
De los casos que mayor desconcierto generan es el de Gustavo Petro, quien sin haber pagado por sus crímenes, se presenta como impoluto y se victimiza ante las investigaciones de las autoridades. El mismo que en múltiples veces idealizó a gobiernos que violan derechos humanos, hoy cuenta increíblemente con gran popularidad entre los colombianos. Algo estamos haciendo mal como país.
Es tenebroso volver a esas oscuras épocas, lo que nos invita a hacer una reflexión profunda sobre los acuerdos de paz del M-19 y las FARC. Frente a tantas indulgencias estos grupos delincuenciales salen más fortalecidos, ocultándose en nuevas organizaciones criminales y ganando más espacios políticos y militares.
El acuerdo con las FARC se firmó precisamente cuando estaban debilitadas, gracias al plan Colombia diseñado por el ex presidente Andrés Pastrana y la política de seguridad democrática del ex presidente Álvaro Uribe, pero Juan Manuel Santos les brindó los primeros auxilios a las FARC y hoy somos testigos del fortalecimiento de esta banda criminal.
El panorama no es nada alentador, el proceso de paz sirvió para que nuevamente las FARC se fortalecieran militarmente, mientras que Santos prácticamente desmanteló y desmotivó el Ejército Colombiano, lo que les permitió, no solo afianzar su presencia en los territorios que ya dominaban, sino que además ahora están ocupando a sangre y fuego las zonas que dejó el Estado después de la firma de la paz.
Que no se equivoquen los que sostiene que la violencia volvió porque no se implementó el acuerdo de Santos y las FARC. No, la delincuencia nunca se acabó, sus estructuras criminales siguen intactas, el recrudecimiento de los delitos se deriva es del fracaso del mal llamado pacto de paz.
Lo cierto es que, el acuerdo de paz de Juan Manuel Santos nació muerto, la mala elaboración y la debilidad de sus puntos a favor de la FARC no ha contribuido a la verdadera paz. Las disidencias de la guerrilla han demostrado que vienen con toda su artillería, así mismo les debemos responder como Estado, sin titubeos. Y es urgente que nuevamente las fuerzas militares sean fortalecidas para luchar en contra de estas mafias, está en peligro la democracia.
