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Ni el Tolima se salvó de Funtics

por El Expediente
agosto 21, 2021
en Opinión
Tiempo de leer:2 mins read
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Ni el Tolima se salvó de Funtics
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Por: Milton Restrepo Ruiz

Ante la polémica generada en el país con la empresa Funtics o ahora Novotic a quien se le asignó un billonario contrato para ejecución de un proyecto de conectividad en gran parte del territorio nacional.

En el Tolima se vivió una situación similar con recursos para conectividad, tema que denuncié entre el 2016 y 2017, ya que en esta vigencia se había contratado la instalación de internet a 415 instituciones educativas para el departamento.

Dicho proyecto, fue ejecutado por la empresa barranquillera, que fue contratada para el desarrollo del mismo, por esto, radiqué un derecho de petición en el 2016 a la Gobernación del Tolima por la presunta reactivación del contrato ante evidentes incumplimientos debido a que tan solo 242 sedes contaron con el servicio pero con serias irregularidades en su funcionamiento.

La inversión fue superior a los $2.103 millones, los cuales se encargó de manejar la Secretaría de Educación y fue supervisado por la Dirección de TIC del Tolima de la Secretaría de Planeación que para la época lideró Olga Lucia Alfonso Lanini, como encargada de dicha dependencia. Actualmente es la directora de Cortolima, que ha sido recientemente catalogada la peor CAR (Corporación Autónoma Regional) del país de acuerdo al Ministerio de Ambiente.

Como presidente de la Asamblea del Tolima en el 2016, cité y lleve a cabo un debate de control político donde se logró evidenciar la mala prestación del servicio de Funtics, que no cumplió la totalidad de las instituciones en conectar y en las que se logró instalar el internet contaba con pésima deficiencias, incluso el entonces secretario de Educación, Jairo Cardona, reconoció el incumplimiento del contratista.

Espero que con la situación que actualmente vive el país, se reabra el caso y los directamente implicados como la directora de Cortolima y demás funcionarios asuman responsabilidad por este presunto detrimento patrimonial a los recursos de los tolimenses.

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