Por primera vez en la historia del periodismo colombiano, un servidor público elegido por mandato popular ejerce acoso judicial en contra de los medios de comunicación que le son críticos o que no comparten sus acciones públicas que desarrolla como ejecutivo Distrital.
Se trata de algo nunca visto y parece una secuela de los países que intimidan la libertad de expresión a través de la instrumentalización de la justicia con la finalidad de callar cualquier voz crítica, estos hechos solo son conocidos en países con dictadores abordo, valga decir Venezuela, Cuba, Corea del Norte, incluso México, donde las mafias enquistadas en las administraciones públicas asesinan a los periodistas que le son incomodos.
La situación actual del periodismo samario enmarca a dos protagonistas que provienen en teoría de vertientes alternativas y “democráticas” como son el exguerrillero de la Corriente de Renovación Socialista y exalcalde por el Liberalismo Carlos Caicedo y su Sucesor el actual Alcalde Rafael Alejandro Martínez Ochoa, este último es quien mantiene al día todas las acciones de conveniencia para los intereses electorales de Caicedo. Pues bien, estos dos ilustres políticos están rompiendo los principios y valores democráticos de la sociedad actual, en razón que no aceptan la oposición de ninguna índole, pero lo que es peor aún es que son los gestores de una avalancha de acciones de tutelas y denuncias penales en contra de alrededor de 8 periodistas pertenecientes a las emisoras Radio Magdalena, Radio Rodadero y el portal de noticia Elarticulo.co
A la fecha se contabilizan al menos 17 acciones judiciales conformadas por acciones de tutela y denuncias penales, todas con el argumento de la afectación a la honra y al buen nombre, pues según estos “ilustres” demócratas, cada que se habla sobre lo que se comenta en la calle sobre los actos de corrupción que rodean muchas de los contratos suscritos por las dos administraciones se basan en meras hipótesis y por esa razón no es dable que nadie en Santa Marta se especule por denominador de la cosa pública, la Corrupción. Todo esto contrasta con la información publicada por la ONG transparencia por Colombia e incluso la Misión de Observación Electoral, quienes ubicaron a la ciudad de Santa Marta en el segundo lugar del Ranking Nacional como una de las que más representa grado de corrupción por distintos hechos.
Solo basta con señalar que tanto Carlos Caicedo como Rafael Martínez, ya tienen imputaciones de cargos por hechos de corrupción, pero el caso más preocupante es el de Caicedo quien tiene a cuesta alrededor de 48 procesos penales en la Fiscalía General de la Nación, incluyendo el delito de homicidio.
De los procesos penales que actualmente afrontan estos “demócratas” muchos de ellos han sido producto de las denuncias públicas y de las investigaciones que han hecho por ejemplo la periodista Lina María Peña Peña y Juan Alberto Padilla en conjunto con el Director de Radio Magdalena Cipriano López Janica, es por esta razón que desde la Alcaldía de Santa Marta se ha desatado una persecución judicial en contra de aquellos comunicadores que se han atrevido a denunciar y a emitir de manera descarnada su opinión frente a la situación de corrupción que a diario es expuestas por decenas de líderes cívicos y comunales.
Los señores Rafael Martínez Ochoa y Carlos Caicedo, ni siquiera han atendido los postulados establecidos para los periodistas en la Organización de los Estados Americanos y tampoco la protección amparada bajo la Corte Interamericana de Derechos humanos; pero quizás los más preocupante es que a pesar que la Corte Constitucional ha reiterado que quien es elegido o se somete a la función pública, sus derechos se le ven reducidos frente a cualquier ciudadano del común dado la calidad que ostenta, así las cosas eso los lleva a ser más tolerantes con la crítica rancia o de mal gusto, en razón a que nadie los obligó a someterse al escenario público.
La propia FLIP, ha sido vehemente frente a los llamados depredadores de la prensa que a través de la instrumentalización de la justicia, quieren encontrar el mecanismo perfecto para callar los criterios del periodismo incómodo.
Este caso que calificamos de histórico por lo que representa para el periodismo actual frente al acoso judicial, pudimos acceder a una entrevista entregada por el Director de la FLIP, Pedro Vaca, quien fue enfático en señalar que este tipo de conducta de parte de un mandatario son absolutamente contrarias a los estándares internacionales de libertad de expresión, pues su función como mandatario no es andar de juzgado en juzgado entutelando a periodistas, sino por el contrario se debe dedicar a gobernar y lo invito a salir a los micrófonos a responder con la voz publica que tiene para contradecir lo que quiera.
Para reseñar de manera suscinta, la Directora de Elarticulo.co y colaboradora de Elexpediente.co, Lina María Peña Peña a través de los pronunciamientos que ha hecho el Alcalde Rafael Martínez Ochoa, ha puesto en riesgo la seguridad personal y familiar de la periodista, debido a que los seguidores, contratistas y hasta funcionarios de la Alcaldía, emplean todo tipo de frases desobligantes en su contra desatando una estrategia de desestabilización laboral y emocional de una mujer que cumple con su labor, aun cuando para algunos no les sea de su agrado.
En la misma directriz de la FLIP, el procurador Fernando Carrillo Flórez, en dialogo con los periodistas envueltos en este escándalo de acoso judicial, dijo claramente que prefería un periodismo desbordado que un periodismo amordazado, con lo que entregó un respaldo al oficio que desempeña el grupo periodístico que no es del agrado de la administración de Santa Marta.
Preocupa también el comportamiento de algunos jueces de tutela, que conociendo la postura sobre los tema de libertad de prensa y el compromiso que tiene el gobierno colombiano con la comunidad internacional, no esté protegiendo esta función de censor social que ejerce el periodismo, dado que con los fallos instrumentalizados por los mandatarios, lo que se está violentando son los principios de las democracias.
Ante todos estos hechos, este medio de comunicación conoció que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha manifestado que está analizando el envío de una misión especial para garantizar el derecho a la libertad de prensa, libertad de expresión y opinión que tienen los periodistas de Santa Marta.
