Por Rafael Nieto Loaiza
El contexto: por un lado, por mucho que repitan que firmamos «la paz”, no hay tal cosa. Y no, no es porque este gobierno no haya implementado el acuerdo con las Farc. Sí lo ha hecho, incluso en aquello en que no debería, pero ese es tema para otra reflexión. Lo cierto es que vivimos aún en pleno conflicto armado. Es un hecho constatable, no una especulación. Seis conflictos simultáneos, que corren en paralelo: el del Eln contra el Epl en el Catatumbo y los del Estado frente el Eln, el Epl, los grupos ilegales como el Clan del Golfo y similares, las “disidencias” de las Farc y el más reciente contra las “reincidencias”, encabezadas ni más ni menos que por el jefe negociador en La Habana.
Por el otro, el narcotráfico más fuerte que en cualquier momento en el pasado. Aunque el 2019 los narcocultivos disminuyeron un 9%, la producción de cocaína aumentó un 1.5% y alcanzó la mayor cantidad de nuestra historia. Eso significa que, primero, los narcocultivadores se han tecnificado y necesitan menos terreno para producir la misma cantidad de coca y, segundo, que los grupos armados vinculados al narco, entre ellos los que participan en el conflicto armado, han tenido más ingresos que nunca antes. Como el narcotráfico es, sigue siendo, la gasolina de la guerra, el conflicto está vivo y, otra vez, aumentando en intensidad.
No sobra resaltar que el aumento del narcotráfico se ha producido en buena parte por la conducta de Santos mientras negociaba (primero suspendió los bombardeos, después la fumigación aérea en las zonas de frontera y finalmente en todo el país) y en el acuerdo mismo con las Farc, por el conjunto de incentivos perversos al narcotráfico que quedaron pactados y que, por lo mismo, hace dificilísimo luchar contra ese flagelo. Al mismo tiempo que decían buscar “la paz”, cedían a las Farc todas sus pretensiones y, como consecuencia, incentivaban la violencia. Son demasiados los amarres, las limitaciones que se impusieron a la acción del Estado contra el narcotráfico en ese acuerdo. Hoy recogemos lo que sembraron. Si el país no es capaz de escaparse de la confrontación ciega y sorda entre defensores y críticos del pacto, y aborda a profundidad esta tragedia, seguiremos girando en círculos, hundiéndonos cada día más y, me temo, al final podría tragarnos el remolino del narco.
En medio de esa tragedia, los cultivos de coca vienen concentrándose desde 2015 en seis zonas del país con todas las características de enclaves productivos. En cinco de ellas hay fuerte presencia de poblaciones indígenas: el Catatumbo; el suroccidente de Nariño; la provincia de El Naya; Argelia y El Tambo en el Cauca; y el Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Asís en el Putumayo. En estas áreas hay comunidades que se oponen a la presencia de grupos armados ilegales y sufren su violencia y otras que lastimosamente incluso se aliaron con ellos.
Esa influencia del narcotráfico y de los grupos armados ilegales, explica en parte las acciones contra el Estado de ciertas poblaciones indígenas. Eso y la política, que en la mayoría de los casos está ligada a una izquierda que alienta tanto las vías de hecho como el enfrentamiento con el Gobierno.
No es gratuito que sea en esos departamentos del sur occidente del país, con fuerte presencia de guerrillas y narcocultivos, donde la izquierda recalcitrante viene ganado las elecciones.
Hay que decirlo con claridad. El problema no es de presupuesto. Paro tras paro, bloqueo tras bloqueo de la Panamericana, van más de 40 desde 1986, los indígenas se han ido quedando con más y más ingresos de nuestros impuestos. Del paro de 2017 se fueron con el 1% del SGP, más de lo destinado a la alimentación escolar. En el Plan Plurianual de Inversiones del presupuesto nacional para este cuatrienio hay 10 billones de pesos para las poblaciones indígenas. De la minga del año pasado, las organizaciones indígenas que participaron obtuvieron $823.148 millones adicionales del Gobierno.
Tampoco es asunto de tierras. En el 2018, los indígenas controlaban el 27.6% del total de la tierra rural, más de 31.6 millones de hectáreas. Las poblaciones indígenas son, de lejos, los grandes terratenientes en Colombia. Y siguen acaparando. Del paro del 2019 se llevaron $90.000 millones para compras de tierras. Aún así, o tal vez precisamente porque aprendieron que sus delitos y las violaciones de los derechos de los demás quedan impunes y que, en cambio, las vías de hecho siempre les son premiadas, son cada vez más frecuentes las invasiones de fincas en el Cauca y en el sur del Valle protagonizadas por estas comunidades. Ahora quieren quedarse con el cerro del Morro, en Popayán, donde se encontraba la estatua de Belalcázar que derribaron ante la azarada quietud de las autoridades que, parece, no entienden su importancia estratégica.
Tan lucrativo es hoy hacer parte de las poblaciones indígenas que cada vez más colombianos se “reconocen” como tales. La población indígena pasó de 1.392.230 personas, en el 2005, a 1.905.617, en el 2018. Del 3.4% al 4.4% de todos los colombianos, un milagroso crecimiento del 36.8% en apenas 13 años. Los poblaciones indígenas se multiplican por arte de magia y ya no son 93 sino 115. Es buen negocio. A ver si de esta minga salen unos cuantos más.
