Por: José Félix Lafaurie Rivera
“El mensaje que el presidente mandó es que no vendría mientras la vía permanezca cerrada, pero los que estamos movilizados hemos planteado que no se puede despejar la vía hasta que el presidente venga”. Si esto no es un chantaje violento al Gobierno, entonces ¿qué es? Y como si fuera poco el caos generado en el suroccidente del país, el arrogante líder de la minga amplía su amenaza: “Frente a lo dicho por el Presidente, que no viene, se fortalece la minga a nivel nacional (…) para que todas las regiones se levanten…”.
Por supuesto que, para el presidente, está condición extorsiva no constituye dilema alguno, como se lo dijo sin titubeos a los mingueros y al país, a pesar de las presiones de sectores de izquierda y de quienes acompañan la peregrina posición de que, en aras de la normalidad, de evitar la violencia a cualquier costo, el Estado de Derecho y las instituciones deben ceder ante los extorsionistas.
Es la antesala de la anarquía, pero es, de hecho, la posición que estuvo sobre la mesa de negociaciones con las Farc, y la que hoy se atraviesa para no cambiarle una coma a la JEP, un sistema de justicia diseñado para la impunidad. Para quienes así piensan, acabar con el bloqueo y sus desastrosas consecuencias, bien vale que Duque entregue la dignidad presidencial, la autoridad del Gobierno y la gobernabilidad hacia delante. Qué más quisieran, sino “arrodillar” al presidente Duque ante estas “organizaciones sociales”, desde siempre permeadas ideológicamente y utilizadas políticamente por la izquierda.
No en vano invitaron a sus aliados naturales de la oposición. Por allá apareció el impune senador Catatumbo, reuniendo indígenas y acompañado por chalecos azules de la ONU; y el representante Pachón, el de las Dignidades, experto en extorsionar con paros violentos, como el de 2013; y el senador López del Polo y sus compadres, Bolívar y el infaltable Petro, quien lanzó otra de sus propuestas populistas tipo aguacate: “simple: compre las tierras del Norte del Cauca para que el pueblo caucano se pueda alimentar”, lo cual, traducido a realidades económicas, quiere decir: acabe con la industria cañera y tale los bosques de pinos; así el departamento quebrará y alcanzaremos la equidad igualando por debajo: todos pobres.
A ese populismo de galería súmenle, para comenzar, las exigencias desmedidas, ¡más de 49.000 hectáreas y 3,6 billones!, y las de añadidura: no al fracking, no a las objeciones, consultas previas sin limitación, derecho a la protesta sin limitación, negociación con los elenos y hasta las relaciones con Venezuela. Si todo esto no es politizar la minga, entonces ¿qué es?
Los líderes insisten en que la protesta no es extorsiva ni politizada y tampoco violenta. Uno de ellos afirmó que “no hemos generado violencia contra servidores públicos, ni realizado ningún otro tipo de hecho vandálico, solamente la reclamación de los derechos”.
Entonces qué son las papas bomba, la obstrucción de las vías, los encapuchados y el asesinato de un soldado. La explosión que cobró otra vida no fue precisamente un accidente doméstico. Ni qué decir del caos en Popayán y Pasto, como resultado del sabotaje en las carreteras. No estamos frente a los indígenas del imaginario, los que no usan armas sino bastones; estamos ante un colectivo ideologizado, apoyado por la oposición y con gran poder extorsivo por su capacidad de generar caos.
Es obligación del Gobierno respetar los derechos de los indígenas caucanos, pero también los de 45 millones de colombianos. Apoyar a Iván Duque en este trance es apoyar el Estado de Derecho y la democracia.
@jflafaurie
