Por: Mayor General (RP) William René Salamanca Ramírez
“Motivo por el que me enterré: fui atracado y herido con arma blanca, recibiendo 14 puñaladas, dejando mi mano izquierda inválida. No tengo ningún auxilio solidario. No tengo vivienda propia y digna. Mis hijos no me pueden ayudar porque no tienen empleo”.
La cartelera mediante la cual don Luis Miguel López, un humilde y desesperado abuelo de 74 años, explicó por qué decidió enterrarse hasta el cuello en el patio donde habita, al sur de Bogotá, refleja el drama de 21 millones de compatriotas que viven en preocupantes condiciones de pobreza y claman por reformas estructurales que les permitan satisfacer al menos parte de sus necesidades básicas cotidianas.
Casi a la par con la protesta de don Luis Miguel, que copó incluso titulares de la prensa internacional, la Contraloría General de la República denunció que a estas alturas del año escolar todavía más de medio millón de niños, de Buenaventura, Neiva, Magdalena y Sucre, aún no reciben la primera ración de comida por retrasos en la implementación del polémico Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Simultáneamente, el mismo ente de control revelaba que en la última década se han gastado más de 11,4 billones de pesos para efectuar obras tendientes a mitigar los desastres del invierno en zonas olvidadas, como el Canal del Dique, La Mojana, Gramalote, Jarillón de Cali y Río Fonce, pero “ninguno de estos proyectos se ha concluido y se han presentado atrasos e incumplimientos reiterados”.
Esta tragedia nacional quedó en evidencia una vez más el pasado martes en los barrios La Trinidad y Villa Cabal, en Santa Rosa de Cabal (Risaralda), donde más de 300 humildes habitantes quedaron viviendo literalmente en la calle tras un gigantesco deslizamiento de tierra que taponó el río San Eugenio.
De manera concomitante, se conocía que solo gracias a una denuncia periodística y la generosidad de la Fundación Recupera tu Silla, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana más de 1.800 niños indígenas de la comunidad wayuú, del municipio de Uribia (La Guajira), dejaban de estudiar en el suelo para sentarse en un pupitre y por primera vez tenían acceso a útiles básicos.
En esa misma comunidad es repetitiva la muerte de niños por física hambre, lo mismo que ocurre con pequeños de Vichada y Guaviare.
El propio Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió esta semana en su informe “Lugares y espacios. Entornos y bienestar infantil” que entre los 39 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia es el país donde se pierden más años de vida sana de niños debido a la falta de instalaciones de agua salubre, saneamiento y lavado de manos.
Otro de los factores sobre los que llamó la atención Unicef está relacionado con el aire tóxico que están respirando nuestros niños, al señalar que Colombia y México presentan la mayor afectación por cada mil niños menores de 15 años.
Tan dramática es la situación de miseria en Colombia que incluso esta semana, durante uno de los debates electorales, dos antagónicos candidatos presidenciales que puntean las encuestas coincidieron en señalar que el país no puede seguir viviendo con esos niveles de pobreza.
Por eso, mi primer voto en unas elecciones presidenciales será por una mejor vida para don Luis Miguel y los millones de compatriotas condenados a vivir en el olvido, sin agua, luz, servicios sanitarios y, lo peor, con hambre.
Su compleja realidad debe ser la columna vertebral del programa de gobierno del nuevo Presidente de la República, y por eso cada uno de los 39 millones de colombianos habilitados para votar tenemos la obligación moral de ayudar a elegir la mejor opción para contribuir a sacarlos de esa condición.
Sin duda alguna, impedir que cada año los corruptos se sigan robando más de 50 billones de pesos del erario sería un buen comienzo, ya que son el equivalente a tres reformas tributarias.
Para ello, es importante tener en cuenta la propuesta efectuada esta semana por la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), que incluye ocho iniciativas, entre ellas modificar la nominación y elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral; aumentar la financiación pública directa e indirecta de las campañas políticas del 30 al 70 por ciento; adelantar una reforma integral de los organismos de control, para mejorar su eficacia y garantizar la autonomía e independencia frente a intereses políticos y económicos, y hacer un efectivo seguimiento a los flujos de recursos ilícitos y al lavado de activos.
Adicionalmente, el centro de estudios advierte que es necesario enfrentar con mayor decisión la corrupción en la contratación estatal, reformar el servicio civil y el empleo público, auspiciar unas relaciones más independientes entre el Ejecutivo y el Congreso y fortalecer la capacidad de la comunidad para efectuar controles sobre la contratación, con esquemas de protección al denunciante y mayor acceso a información.
En nuestro criterio, es claro que mientras no se combata a fondo el flagelo de la corrupción no habrá plata que alcance y estaremos condenados a soportar constantes reformas tributarias, que lo único que hacen es engrosar los bolsillos de los delincuentes de cuello blanco y obstaculizar el desarrollo socioeconómico y la consolidación de un Estado Social de Derecho.
Por eso, nuestro llamado es a votar en esta primera vuelta presidencial y, eventualmente, en la segunda, programada para el próximo 19 de junio, por el candidato que más se comprometa con estrategias concretas en combatir la corrupción, para sacar de la miseria a don Luis Miguel y a otros 21 millones de colombianos.
