Por: Paloma Valencia
Tras la pandemia, muchos gobiernos del mundo tienen una crisis fiscal. Colombia en el 2021 alcanzó un déficit fiscal histórico de 95 billones de pesos. Esa deuda que aún no es posible solventar con el crecimiento económico, y los contribuyentes tampoco podrían ser asfixiados en esta fase de recuperación.
Tras el enorme esfuerzo que ha hecho el presidente Duque para avanzar en la recuperación económica del país, sorprende la creación de 1.200 cargos en la Procuraduría. Los gastos salariales se convierten en gastos inflexibles porque después de creados es difícil deshacerlos. Los excesos burocráticos del país pese a la ineficiencia, están protegidos con estabilidades que los hacen inamovibles.
El sector público es fundamental, sin él no existiría el Estado. Sin embargo, más burocracia no significa más Estado. Más Estado se construye con más resultados, más bienes públicos: más infraestructura, más educación, más salud, más inversión social… La austeridad debe entenderse en ese contexto. Gastar lo menos posible en personal eficiente y eficaz para dar soluciones a los problemas reales de los colombianos.
Lo ideal sería un aparato estatal poco costoso y altamente eficiente; de manera que los recursos públicos no se vayan en burocracia sino que produzcan los bienes públicos que se requieren para que la sociedad avance. La riqueza la crea el sector productivo que nos genera empleos, crecimiento económico y al mismo tiempo paga impuestos. Ese sector productivo requiere seguridad, vías, justicia… y además el Estado tiene que atender la pobreza y nivelar la cancha para construir más equidad en las oportunidades y condiciones de vida digna para todos.
Colombia cuenta con más de 1,3 millones de servidores públicos. El 25% son docentes y 31% son de la fuerza pública. En 2021 más de 35 billones se destinaron al pago de salarios. El Departamento Nacional de Planeación gasta 37 mil millones de pesos en salarios, el Ministerio de Salud, quien tomó más relevancia durante la pandemia, 66 mil millones. En cambio, la Procuraduría nos vale solo en salarios 665 mil millones y la Contraloría 726 mil millones. Son cifras astronómicas.
La creación de 1.200 cargos para la Procuraduría para el 2022 se suma a un incremento innecesario de funcionarios públicos en los últimos 10 años. En el caso de la Procuraduría se pasó de 3.416 cargos en el 2010 a 4.355 en el 2021, la Contraloría de 4.057 a 6.829 cargos, la Defensoría de 1.043 a 2.638, y las Cortes de 24 mil a 33 mil cargos. Los empleos estatales de orden territorial tuvieron un aumento del 17% (de 222 mil a 261 mil). Existen cerca de 244 mil contratos de prestación de servicios. El 71% de ellos son del nivel territorial. El 40% de los empleados públicos tiene más de 50 años, y menos del 5% son menores de 30 años.
Colombia tiene que repensar su sistema burocrático. Menos burocracia y más Estado. Para eso necesitamos una burocracia más flexible, eficaz y competente. Necesitamos poder medir su desempeño, trasladar funciones y tareas, y adaptarla a las necesidades cambiantes. Sobre todo eliminar aquello que cuesta mucho y cuyo impacto no es tan valioso.
Por eso voté no a la ley y hoy tengo que insistir en rechazar más crecimientos burocráticos.
Paloma Valencia
