Por: Mayor General (RP) William René Salamanca
“Se dice que nadie conoce una nación de verdad hasta que ha estado dentro de sus cárceles”.
Esta máxima del expresidente sudafricano Nelson Mandela, quien permaneció 27 años en prisión, se aplica con preocupante certeza a la cruda realidad que se vive detrás de las rejas de la mayoría de las 132 cárceles del país, una pequeña Colombia en la que se encuentran confinados 97.280 hombres y mujeres condenados o sindicados de cometer diversos delitos.
Masacres; tráfico de armas, explosivos y drogas; corrupción, extorsión, hambre, insalubridad, mínimo acceso a la administración de justicia, discriminación, pandemias, desesperanza y otros tantos males que aquejan la cotidianidad nacional también afligen a los privados de la libertad, cuyo día se conmemoró el pasado viernes, en remembranza a lo ocurrido por allá en el año 1218, cuando la Virgen de las Mercedes se le apareció a San Pedro Nolasco y le pidió socorrer a los cautivos que eran forzados a marcharse a lugares recónditos.
Ese mismo auxilio es el que claman 73.208 condenados (68.454 hombres y 4754 mujeres) y, en especial, 23.316 sindicados (21.206 hombres y 2110 mujeres), más 756 aún sin clasificar, todos víctimas de una incoherente política criminal y carcelaria que no garantiza su resocialización y que, por el contrario, en muchas oportunidades los empuja a reincidir en el mundo del delito. Eso sin contar las 67.821 personas en detención o prisión domiciliaria, más las 5349 con dispositivo electrónico.
Estos bandazos fueron los que, en 1998, llevaron a la Corte Constitucional a declarar una nueva emergencia carcelaria, al señalar que los establecimientos penitenciarios se encontraban en una situación de crisis estructural que violentaba de manera grosera el orden constitucional y desconocía la dignidad humana. “En otras palabras, el Sistema Penitenciario y Carcelario actual es incompatible con un Estado Social y Democrático de Derecho”, sentenció el alto tribunal en su decisión conocida como “estado de cosas inconstitucional”, la cual ratificó en 2013 y 2015.
Precisamente, en 2013, la Universidad de los Andes creó el Grupo de Prisiones, con el propósito de actuar en favor del respeto de los derechos humanos y del acceso a la justicia de la población reclusa, a través de la asesoría y representación jurídica, el litigio de alto impacto, la capacitación en defensa y ejercicio de los derechos ciudadanos, y la asesoría legislativa y en política pública. Y tres años más tarde, su Facultad de Medicina, en alianza con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, efectuó un estudio que reveló que las cárceles colombianas son “una fábrica de enfermos”.
Y en 2015 fue la propia ONU la que decidió dictar las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y la Administración Penitenciaria, más conocidas como las ‘Reglas Nelson Mandela’. Son 122 normas que, en términos generales, otorgan gran importancia a la protección de las garantías básicas de las personas privadas de libertad, por ser uno de los grupos más vulnerables y en riesgo de sufrir abusos y malos tratos.
Pero, en Colombia, poco se ha avanzado en la solución de estos problemas estructurales. La propia Contraloría General de la República acaba de solicitarle a la Corte Constitucional que mantenga ese “estado de cosas inconstitucional”, ante la permanencia de la crisis humanitaria en todos los penales del país. “La pandemia desnudó varias de las fallas estructurales que tiene el Sistema Penitenciario y Carcelario y, en general, el sistema de justicia. Aún no se logra consolidar una política criminal coherente y eficaz para reducir el encarcelamiento y garantizar la progresividad penal del sistema”, señala la auditoría del ente fiscalizador.
Lo preocupante, al analizar las cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), es la cantidad de jóvenes recluidos en las cárceles y el nivel de escolaridad de los detenidos.
Más de 12.000 oscilan entre los 18 y 24 años; otros 20.000, entre los 25 y 29, y 17.000 más, entre los 30 y 34 años. Eso significa que más de la mitad de la población privada de la libertad no supera los 35 años. De ahí que es un imperativo recuperar esta juventud al conjunto de la sociedad, no solo para cumplir con el mandato de un Estado Social de Derecho, sino para reincorporarla al aparato productivo del país.
Otra revelación poco alentadora lo constituye el hecho de que el 95 por ciento de la totalidad de personas con medida intramural no supera el bachillerato básico; es decir, unos 90.000 detenidos, de los cuales 32.000 tan solo cursaron entre primero y quinto de primaria.
Pero, a pesar de las complejidades del problema, es importante reconocer la destacada labor del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, en la búsqueda de soluciones efectivas a décadas de crisis carcelaria.
Uno de los logros más importantes es haber reducido del 54 al 18 por ciento la superpoblación carcelaria; lo que significa que hacen falta 14.954 cupos para acabar con el hacinamiento.
Tampoco le tembló la voz para denunciar la mala alimentación de los detenidos, representada en reducción de proteínas y porciones diarias, y hasta el suministro de comidas en estado de descomposición. También ha liderado exitosas brigadas jurídicas y de salud y fortalecido la precaria infraestructura carcelaria.
Lo propio hay que reconocerle al director de Inpec, mayor general Mariano Botero Coy, quien viene cumpliendo una destacada labor para materializar las órdenes de la Corte Constitucional.
También es importante valorar el aporte de la Fundación Acción Interna, por su misión de ayudar a mejorar la calidad de vida de la población carcelaria, pospenada y en condición de vulnerabilidad, creando oportunidades de reconciliación y resocialización, a través del desarrollo de sus capacidades y la generación de proyectos productivos sostenibles social y económicamente.
Esta institución es liderada por Johana Bahamón, destacada en 2020 por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas, el mismo año en que se convirtió en ‘Mujer Cafam’. Ya en 2014, había sido nominada entre los 30 mejores líderes de Colombia.
Pero hay que hacer mucho más para superar esta eterna crisis carcelaria y, por eso, debe ocupar un capítulo especial en los programas de gobierno de la campaña presidencial que está en marcha.
En nuestro criterio, es fundamental la creación de una nueva política criminal basada en las ‘Reglas Nelson Mandela’, que propenda, entre otros, por prevenir el delito, no inundar las cárceles de sindicados; reformar a profundidad el Inpec; construir las cárceles necesarias, con estándares tecnológicos internacionales; sacar las prisiones de la mitad de las ciudades y, en especial, tratar con dignidad a los detenidos y fortalecer los programas de resocialización y crear los que sean necesarios, porque, como bien lo dijo Mandela: “No se debe juzgar a una nación por cómo trata a sus ciudadanos más destacados, sino a los más desfavorecidos”.
