Una especie de carrusel de abogados y de tráfico de influencias de toma fuerza en Barú donde los nativos se quedan con las propiedades que adquieren los turistas.
El Expediente conoció distintos denuncias que dejan en evidencia un hecho que es notorio en las plazas de Barú: a la policía local y al alcalde Carlos Mieles les quedó grande organizar el uso de las playas y hasta garantizar la seguridad de las personas que adquieren predios en esa exclusiva zona de Cartagena.
Aunque la Policía ha logrado frenar los cobros para el ingreso a las playas luego de las denuncias en los medios de comunicación, no ha hecho lo propio con otro problema de mayor magnitud.
En Barú, específicamente en el sector de Playa Bobo, existe todo un modus operandi para apropiarse de manera ilegítima de terrenos tanto de los particulares como de la nación.
Esa situación que le viene ocurriendo de manera reiterada a distintas personas del interior del país que adquirieron predios en esa exclusiva zona de descanso se ve reflejada en un solo caso. El pleito entre la firma Inversiones Almec y C&A, y los abogados Luis Guillermo Mora Ramírez e Irina Gómez Guzmán quienes, según las denuncias del propietario legitimo del predio radicadas en la Dimar, Cardique, Parques Naturales y en la Procuraduría, se habrían apropiado a punta de un presunto tráfico de influencias de casi tres mil metros de una playa que nos les corresponde. Se sabe que estos mismos abogados asesoran a otros nativos para que ocupen predios y luego puedan alegar su titularidad.
Es de anotar que la Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, citó para el 12 de agosto audiencia pública por la denuncia de ocupación indebida del bien de uso público. Aunque en derecho se sabe que los abogados denunciados y sus clientes se apoderaron de terrenos tanto de la firma Inversiones Almec y C&A y de terrenos de la nación lo cierto es que preocupa la influencia de importantes condenados por parapolítica que estarían apoyando este nuevo negocio. Segunda entrega.
